Igual que ocurrió los meses previos a la reforma energética, el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno insisten en que el sistema público de salud, particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), no está en vías de privatización. A estas alturas de la era neoliberal es preciso recordar que privatizar no es lo mismo que vender activos; por ejemplo, hospitales, y que la privatización puede avanzar por varias rutas. Una es la subcontratación o subrogación de servicios con prestadores privados y ambas instituciones tienen la facultad legal de hacerlo, lo mismo que las secretarías de salud federal y estatales.
En su más reciente informe al Congreso, el IMSS explica el proceso de cambio estructural en la subrogación de servicios, e indica que se están diseñando las bases para la contratación de diversos servicios integrales bajo un esquema plurianual de diálisis, hemodiálisis, laboratorio y cirugías de mínima invasión, entre otros. Recordemos que los laboratorios del IMSS están subrogados desde 2008 y 22.4 por ciento del total de los casos de hemodiálisis ya están subrogados, pero se pretende profundizar este proceso. Es más, hace dos o tres meses el IMSS publicó en el Diario Oficial de la Federación las bases de una licitación internacional de más de 7 millones de sesiones de hemodiálisis. El instituto también ensaya el arrendamiento de vehículos administrativos y de ambulancias, y la contratación de cuatro hospitales para el periodo 2015-2018 bajo el esquema de Asociación Público-Privada que es un negocio redondo para los privados y carísimo para el sector público.
Otro caso de interés es la prueba piloto para la atención integral de 15 mil diabéticos contratada por el IMSS con la empresa IMS Health, que cuenta con la capacidad para realizar los cálculos similares a los usados por las aseguradoras para determinar primas diversificadas y serán la base para la inclusión de personas de bajo riesgo y la exclusión de las de alto riesgo. El IMSS puede alegar que esta prueba piloto permitiría determinar el monto justo de pago por la subrogación de los servicios integrales de diabéticos. Sin embargo, también posibilita subrogar los derechohabientes de bajo riesgo y mantener el tratamiento de los de alto riesgo y mayor costo en los servicios del IMSS, una innovadora forma de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Abre además la posibilidad de permitir el acceso de IMS Health a los expedientes electrónicos del IMSS, que es una mina de oro potencial para las aseguradoras y prestadores privados.
El gran peligro de subrogar servicios se ilustra con la experiencia del gobierno norteamericano que tiene el sistema de salud más caro del mundo pero que su calidad no se equipara al que tienen otros países desarrollados que mantienen su sistema público. Los servicios públicos de salud son un ámbito apetecible para la iniciativa privada, ya que el presupuesto federal es del orden de 515 mil millones de pesos o 2.8 por ciento del PIB. Hasta ahora la movilización ha frenado el proceso privatizador, pero las intenciones siguen en pie.
