■ Tribunal Colegiado determinó, tras años de litigio, que el pago era ilegal: Cordero Escamilla
■ Avanza proceso administrativo contra empresas que incumplieron con entrega de obras, dijo
Roberto Cordero Escamilla, coordinador jurídico del ayuntamiento de Zacatecas, informó que la administración deberá resarcir 3 millones 792 mil pesos por un cobro ilegal que se hizo a la empresa telefónica Telmex por uso de suelo y por colocar publicidad en la capital. Explicó que después de casi cinco años de litigio el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito determinó que el pago era ilegal, ya que la empresa realiza sus pagos de impuestos.
Detalló que ese importe de dinero representa una garantía que previamente se había depositado por parte de la empresa telefónica desde el año 2009, siendo alcalde el entonces panista y ahora diputado locales por el Partido Verde, Cuauhtémoc Calderón Galván, derivado de un crédito fiscal que se le impuso a la telefónica por uso de suelo y pago de propaganda y publicidad.
Durante la gestión de Calderón, a través de la Tesorería municipal le requirió a Telmex el pago de 15.7 millones de pesos por derechos e impuestos por colocar infraestructura en la vía pública y por colocar propaganda en casetas de teléfono.
“El tribunal consideró inconstitucional la Ley de Ingresos del municipio del ejercicio 2007-2008, bajo el argumento de que dicho contribuyente está obligado a pagar impuesto con valor agregado, y no podía darse un segundo cobro porque formaban parte de las participaciones que al municipio se le entera”, dijo Cordero.
Agregó que el importe de 12 millones de pesos que se habían puesto a disposición de la Federación, ya fueron entregados a Telmex haciéndose dos pagos, uno inicial de 7 millones y posteriormente otro de 5 millones.
Respecto al caso del bar La Chopería, que ocupaba el local H-3 en el Mercado González Ortega, dijo que ante la preocupación del alcalde por buscar acuerdos, se recibieron indicaciones para negociar con sus propietarios y recuperar el local de una forma ágil y en un plazo máximo de 5 días para que el municipio pueda hacer uso de los bienes que le corresponden.
El local será usado para su vocación turística y comercial, y a la fecha no se han recibido propuestas para ocuparlo; se revisarán las condiciones favorables para el desarrollo económico en esa zona y lo analizarán los departamentos de Desarrollo y Tesorería, y será avalado por los integrantes del cabildo.
Sobre las demandas a empresas constructoras que han incumplido con acuerdos en distintas obras en la capital como la avenida Insurgentes y Mártires de Chicago, actualmente se lleva un proceso administrativo, y después de revisar las bitácoras de obra se determinará si se rescinden o no los contratos, y con ello se podrá dar un requerimiento formal. Si las empresas se niegan a pagar la fianza, se procedería a la denuncia judicial, aseveró el abogado del municipio.
