Durante décadas, los docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se han asociado en colectivos, grupos y expresiones que se rigen por determinados preceptos políticos e ideológicos y cuyo objetivo primordial ha sido, en su gran mayoría, controlar la administración y el ejercicio de los miles de millones de pesos que recibe la institución año tras año.
En cada proceso electoral estos grupos generan alianzas entre sí o se separan según la coyuntura política y la correlación de fuerzas al interior de la institución, pero, a pesar de las diferencias que pueda haber cada cuatro años, existe un pacto implícito de impunidad en toda la comunidad docente y en la estructura burocrática que nunca se ha roto siquiera en los momentos más álgidos.
Bajo el manto de la autonomía, la universidad siempre ha protegido de manera sistemática a funcionarios y profesores que han incurrido en toda forma de violencia contra las mujeres y también en situaciones de corrupción.
Entre el 2014 y el 2016, se documentó que el rector en turno, Armando Silva Chairez, además de los directivos de las unidades académicas de Ingeniería y de Contaduría y Administración, Luis Solís y Edmundo Guerrero Sifuentes, gestionaron y firmaron convenios fraudulentos con el gobierno federal que derivaron en el desvío (extraoficialmente) de más de 500 millones de pesos a empresas fantasma, esquema al que se le denominó “La Estafa Maestra”.
Cuando este ilícito fue revelado, en el año de 2017, la Rectoría que encabezaba Antonio Guzmán Fernández se limitó a remover de su cargo a Guerrero Sifuentes, quien en ese momento fungía como secretario administrativo de la universidad, pero se negó a llevar a cabo una investigación interna y, en consecuencia, a aplicar alguna sanción.
La narrativa de la administración central se centró en esperar a que el gobierno federal investigara el caso y que, de resultar culpable algún universitario, se le aplicase la ley. Pasaron los años y, aunque le han apostado al olvido, ese episodio bochornoso en la historia de la universidad ha quedado en el imaginario colectivo. Evidentemente a nadie se le ha sancionado aún con toda la evidencia y documentación periodística que hay sobre el caso a nivel local y nacional.
El caso de Rubén Ibarra Reyes no es la excepción y ha sido obvia la intención de protegerlo aun cuando existe una sentencia judicial en la que admitió su responsabilidad por abuso sexual agravado en contra de una menor.
Llama la atención que, a diferencia de aquel caso de “La Estafa Maestra” en el que los personajes implicados fueron protegidos con el argumento de que formalmente no se les había fincado responsabilidad ni vinculado a proceso, ahora el discurso trata de minimizar la resolución judicial y pretende posicionar la idea de que hay un acoso desmedido que obedece a una especie de venganza de fracciones políticas luego de perder el proceso electoral.
También se minimiza la movilización de estudiantes que exigen la rescisión laboral del ahora exrector y aunque hay grupos de docentes que expresan su apoyo, en su gran mayoría guardan silencio o lo defienden a ultranza. En el Consejo Universitario, mientras tanto, ha sido evidente (e incluso burdo) el interés por protegerlo y apostarle nuevamente al olvido; la UAZ tiene implantado en su médula un pacto de impunidad.
En este escenario, para muchos profesores es inadmisible que los estudiantes desarrollen una capacidad organizativa independiente; después de todo, están acostumbrados a utilizarlos como porros (caso de la Unidad Académica de Derecho) o como grupos que legitiman sus decisiones (como la Fuerza Universitaria Autónoma). Tal vez por ello se convencen a sí mismos de que los jóvenes en paro son títeres incapaces de moverse por sí mismos y cuyos hilos son manejados por quienes perdieron el reciente proceso electoral.
Los estudiantes que en estos momentos se movilizan podrán ser pocos, pero no se puede poner en duda su legitimidad porque la exigencia de espacios seguros es genuina y el caso de Rubén Ibarra Reyes solo es la gota que derramó el vaso.
Estas dos situaciones son emblemáticas por su relevancia mediática, pero hay numerosos casos en donde predominan estas prácticas. No hace mucho se reunieron evidencias de que un docente había colocado cámaras de video en los sanitarios de mujeres en la Unidad Académica de Ciencias Nucleares y, en lugar de sancionarle, la universidad prefirió tramitar su jubilación.
La UAZ se encuentra en un momento decisivo en el que es posible romper con ese pacto de impunidad que se esconde bajo la narrativa del “derecho humano a la educación” o la de “defender la universidad desde la academia”.
Rescindir a Rubén Ibarra Reyes podría significar el inicio de una nueva cultura política al interior de la UAZ, una en la que no sea solapada la violencia contra las mujeres, una en la que sí funcionen los protocolos y procedimientos de sanción y una en la que se garantice la seguridad para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes universitarios.
