Con el objetivo de regular uno de los avances tecnológicos más disruptivos de nuestra era, en conjunto con diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios presentamos en la Cámara de Diputados, iniciativa de reformas a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y a la Ley Federal de Derechos de Autor, en materia de Inteligencia Artificial, la cual busca llenar el vacío jurídico existente en México respecto al uso y desarrollo de esta tecnología.
La presente iniciativa define la Inteligencia Artificial (IA) como el conjunto de tecnologías y sistemas informáticos diseñados para operar con niveles variables de autonomía, qué a partir de datos recibidos, permiten que las máquinas realicen tareas que normalmente requerirían de inteligencia humana, incluyendo el aprendizaje automático, el razonamiento, la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones, la solución de problemas y la comprensión y producción de lenguaje.
Hoy en día, la inteligencia artificial está penetrando de manera progresiva en múltiples ámbitos de la vida social y en sectores fundamentales, como los de la salud, educación, ciencias, industria, finanzas, medio ambiente y los servicios gubernamentales. Sin embargo, México aún no cuenta con un marco legal integral que garantice una regulación responsable y ética, lo que representa un riesgo para la soberanía tecnológica, la igualdad y para los derechos fundamentales como la privacidad, la no discriminación e incluso para la dignidad de las personas. Los algoritmos pueden reproducir y ampliar sesgos sociales, o ser utilizados para manipular la opinión pública mediante contenidos falsos o engañosos.
La presente iniciativa responde al Plan México para la ciencia, la tecnología y la innovación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien contempla una inversión pública progresiva destinada a la inteligencia artificial para la creación del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene como objetivo reunir a especialistas de diversas disciplinas científicas para trabajar de manera coordinada en proyectos estratégicos con impacto en el desarrollo nacional, entre ellas las áreas de sismología, meteorología (huracanes, sequía), medicina (diagnósticos y tratamientos personalizados), medio ambiente (monitoreo del cambio climático y propuestas sostenibles de prevención, mitigación y adaptación) y otras con potencial de aplicación de inteligencia artificial.
Sin duda, la inteligencia artificial ofrece bondades en todas las áreas del conocimiento, grandes oportunidades para el desarrollo del país y para la atención de mejor manera de los grandes problemas nacionales y regionales; sin embargo, también representa grandes riesgos si no se cuenta con un marco legal robusto que regule el uso de la IA.
La propuesta legislativa establece un enfoque preventivo y ético que coloca a las personas en el centro del desarrollo tecnológico. Entre los elementos más destacados de esta iniciativa se encuentran:
• Sistema de semáforo de riesgos: clasifica los sistemas de inteligencia artificial en cuatro niveles (mínimo, limitado, alto y prohibido), para aplicar una regulación proporcional y adecuada a cada caso.
•Prohibiciones expresas: se prohíbe el uso de sistemas de IA para vigilancia masiva, manipulación subliminal o puntuación social coercitiva, garantizando la dignidad y libertad de las y los mexicanos.
•Registro Nacional de Sistemas de IA (RENSIA): se crea un registro público que garantizará la trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas de los sistemas de inteligencia artificial que operen en el país.
•Consejo Nacional de Inteligencia Artificial: órgano consultivo, técnico, independiente y multisectorial encargado de asesorar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas en materia de IA. Estará integrado por representantes de la sociedad civil, academia, iniciativa privada y pueblos indígenas.
Además, la iniciativa plantea un enfoque regulatorio equilibrado, que reconoce tanto los beneficios potenciales como los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. Se adopta un modelo basado en los derechos humanos, la dignidad, la no discriminación y la autonomía de las personas, con principios generales, complementado con la facultad de emitir lineamientos sectoriales específicos de manera periódica, lo que brinda flexibilidad y capacidad de adaptación ante la evolución constante de la tecnología, sin obstaculizar la innovación.
Este enfoque se alinea con las mejores prácticas internacionales, particularmente con los marcos desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), adaptados a nuestra realidad mexicana y a los principios constitucionales que rigen a nuestro país. Así se garantiza un desarrollo tecnológico ético, soberano e inclusivo. “No se puede permitir que el desarrollo de la inteligencia artificial avance sin reglas claras ni mecanismos de vigilancia”. “Un enfoque no regulatorio solo favorece la concentración del poder en grandes corporaciones, muchas de ellas extranjeras, que priorizan el beneficio económico sobre el bienestar social”.
Desde el Congreso de la Unión se seguirá priorizando la dignidad humana, la soberanía tecnológica y un desarrollo justo para todas y todos. Vamos por una inteligencia artificial que abra oportunidades, pero con reglas claras que garanticen justicia, equidad y responsabilidad.
- Diputado Federal por Zacatecas
