Tres candidaturas a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) debatieron ayer por la noche sobre como las magistraturas pueden prevenir abusos judiciales y si el derecho puede reproducir injusticias sociales, entre otros temas.
En el foro debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), participaron Amparo Jáuregui Durán (08), actual titular de la Defensoría Pública del estado; Christian Manuel Hiriartt Altamirano (07), abogado litigante y capacitador en litigación oral; y Adrián Rodríguez Rodríguez (09), juez que ha resuelto casos de alto impacto como el asesinato del juez Roberto Elías Martínez y la desaparición de Perla Brillet Mendoza.
A la pregunta de si el derecho puede reproducir injusticias sociales, Christian Hiriartt (07) sostuvo que sí, pues “no siempre lo justo es legal, y no todo lo legal termina siendo justo”. Planteó que su objetivo como magistrado sería armonizar legalidad y justicia, uniendo criterios para evitar que el cumplimiento de la norma implique una afectación social.
Adrián Rodríguez (09), quien señaló haber recibido amenazas junto con su familia debido a su labor jurisdiccional, respondió que el derecho no debe generar injusticias si se aplica con mecanismos interpretativos adecuados.
Recordó que jueces y magistrados están obligados a ir más allá de la literalidad de la norma cuando esta genera impactos diferenciados, y mencionó como ejemplo la aplicación de la perspectiva de género y el principio de ponderación, afirmando que “la función del juez es construir un puente para equilibrar desigualdades estructurales”.
Mientras que Amparo Jáuregui (08) coincidió en que el derecho puede aplicarse legalmente, pero con efectos injustos cuando no se actualizan las normas ni se aplican con sensibilidad social.
Afirmó que “la reforma del Poder Judicial no solo exige capacidad técnica o conocimiento de la norma, sino también un deber moral e ideal de cómo aplicarla”, y puso como ejemplo el sistema de pensiones, que puede cumplir con la ley, pero resultar injusto para las personas jubiladas.
En el eje de derecho penal, se les preguntó qué papel debe jugar una sala penal en la prevención de abusos judiciales y en la consolidación de un sistema garantista. Amparo Jáuregui (08) respondió que la sala debe ir al fondo del asunto, más allá de tecnicismos procesales, y vigilar excesos o limitaciones desde la segunda instancia. Recalcó que el derecho penal debe proteger tanto a víctimas como a personas imputadas.
Christian Hiriartt (07) planteó que se deben generar criterios que promuevan buenas prácticas y exhaustividad en la investigación, para evitar abusos. “Las buenas prácticas previenen que las cosas se hagan mal”, subrayó.
Por su parte, Adrián Rodríguez (09) distinguió que una sala de apelación no puede revisar todo el caso salvo que esté comprometido un derecho humano. “No es la regla general, pero hay una excepción: cuando la sala detecta vulneración a derechos, debe intervenir, aunque el apelante no lo haya reclamado”.
Sobre la discrecionalidad judicial, Rodríguez (09) afirmó que el juez debe ceñirse a la ley, salvo cuando estén en juego derechos humanos. Jáuregui (08) destacó que la oralidad y publicidad del proceso previenen decisiones arbitrarias.
Hiriartt (07) señaló que, si una parte percibe un uso excesivo de la discrecionalidad judicial, puede promover un amparo, ya que el sistema está diseñado para corregir ese tipo de situaciones.
