«Como consecuencia de esta supuesta guerra se produce una “militarización” de toda la sociedad, el hombre y sus derechos quedan postergados y, por consiguiente, el derecho penal que de ello surge tiene como máximo bien jurídico – prácticamente único- la “seguridad nacional” – o alucinación- no lo considera un bien jurídico, sino el único bien jurídico, al que se sacrifican los restantes. Así surgen estatutos de emergencia, tribunales especiales, penas aplicadas por autoridades administrativas, leyes que violan la legalidad, la culpabilidad, la humanidad,…esta “ideología”… lleva a considerar como suerte de “traidor a la patria de segundo grado” a cualquier criminalizado”.
Es parte del texto escrito hace más de 40 años por el penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, al abordar el tema “El derecho penal de seguridad nacional en su obra Manual de Derecho Penal.
“El delincuente común es el enemigo interno, del mismo modo que el soldado extranjero es el enemigo exterior en la guerra…”advierte el ilustre penalista, en tiempos que coinciden con la declaratoria de “La guerra contra las drogas” del gobierno de los Estados Unidos.
Dados los recientes acontecimientos ocurridos en el municipio de Calera, donde fueron prácticamente secuestrados y desaparecidos 7 personas entre adolescentes y jóvenes, luego encontrados muertos en terrenos del municipio de Jerez y donde los testimonios de testigos conducen a encontrar la responsabilidad en elementos del Ejército Mexicano; la cita de Zaffaroni es necesaria para analizar el contexto de la militarización en nuestro país.
En 1977 el entonces presidente Nixon declaró su “guerra” a las drogas involucrando a toda América Latina y desde luego a México. En 1986 el presidente Reagan retoma el tema como política prioritaria de los Estados Unidos, asumiendo la teoría penal de la seguridad nacional como filosofía y método.
El combate a las drogas pasa, de ser un asunto de seguridad pública y por ello competencia de policías, a un asunto de seguridad nacional, que lo convierte, por ese hecho, en competencia del ejército y la armada. Cuando menos así se impone a México, que no en los Estados Unidos, creándose el Comando de América del Norte (NORTHCOM), llamado también Cumbre de las Américas y el Acuerdo para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte (ASPAN). Es en la Escuela de las Américas del Comando Norte, donde se capacita a un grupo de militares mexicanos que formarían la organización delictiva zetas.
En fin, preparada la desestabilización en nuestro país, la situación al parecer incontrolable lleva a Felipe Calderón a la integración de más de diez mil militares a los cuerpos policiacos primero y finalmente a sacar de sus cuarteles al ejército y a la marina con los resultados que hoy se padecen. Hablar de militares es hablar de una formación ideológica acorde con la teoría de la Seguridad Nacional, donde el delincuente o supuesto delincuente tiene el trato de enemigo en guerra extranjera, al cual es necesario abatir: Eliminar.
Infinidad de sucesos de ajusticiamiento en los que se ven involucrados elementos del Ejército y Marina en todo el país, hacen urgente el regreso de los militares a los cuarteles, pero también la depuración de los cuerpos policiacos y la creación de una policía de investigación que, de la mano de la policía científica (peritos) y bajo el mando del ministerio público integren las investigaciones que lleven a la detención de los delincuentes (bien probado que lo son) y a su consignación a los tribunales judiciales.
“Mandan a la Cárcel Militar al Coronel Martín Pérez Reséndiz”, informan los medios el 21 de julio pasado. Al militar se le atribuye participación en la desaparición y ejecución de las 7 personas en Calera. Este caso, el de Ayotzinapa, el de Tlatlaya. El de Ostula, el de Tanhuato e inclusive el que hace años ocurrió en Villa de Cos, Zacatecas, y muchos otros a lo largo y ancho del país, llevan a considerar en este artículo el tema del fuero militar y la corriente que plantea desde hace muchos años la supresión de ese sistema al ser instrumento de enjuiciamiento discrecional.
Ya el general Francisco J. Múgica en los debates del Constituyente de Querétaro, así como los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón en el Programa del Partido Liberal Mexicano, pugnaron por esa restricción para que subsistiera en nuestro país únicamente la jurisdicción civil para todos los mexicanos independientemente de profesión u oficio.
El cambio de estrategia en el combate a las drogas y a la delincuencia organizada es más que necesario, debe ser política prioritaria de estado: El retorno de los militares a los cuarteles, la depuración de cuerpos policiacos, la creación de policías de investigación científica, la despenalización de las drogas (ya realidad en varios estados de la Unión Americana) y el urgente debate sobre el fuero militar, serían el principio del fin de la crisis de inseguridad y violencia.
25 de julio 2015■
