Tras reunirse con diputados integrantes de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda del Congreso del Estado, alcaldes y representantes de Sombrerete, Saín Alto y Chalchihuites denunciaron que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pretende imponer convenios de pago “impagables”, con montos y plazos que exceden por mucho la capacidad financiera de los municipios.
Los ediles pidieron la intervención del Poder Legislativo para instalar mesas de trabajo urgentes con el IMSS y la Secretaría de Finanzas, a fin de renegociar las condiciones y evitar lo que calificaron como un inminente colapso operativo.
El presidente municipal de Sombrerete, Ramiro Hinojoza Aguayo, expuso que a su municipio se le exige un pago inicial de 14 millones de pesos sólo para iniciar negociaciones con el IMSS, además de mensualidades de 2.5 millones, condiciones que tachó de inviables.
Además, denunció que durante la administración anterior el IMSS sustrajo de forma irregular 15 millones de pesos de cuentas embargadas, sin que hasta la fecha se reconozca ese monto como parte del adeudo. A ello se suman más de 10 millones en descuentos “El recurso del que sustrajeron de manera ilegal dicen que es de otra administración, y la deuda sí la quieren cargar toda a la actual administración”, reprochó.
Un representante de Saín Alto detalló que la deuda con el IMSS asciende a cerca de 20 millones de pesos, y que mensualmente se descuentan 1.48 millones de sus participaciones federales, lo que ha puesto en riesgo el pago de nómina y la ejecución de obra pública.
Denunciaron que el instituto está exigiendo el pago de adeudos desde 2010, a pesar de que legalmente sólo pueden cobrarse los últimos cinco años. Además, cuestionaron que el IMSS no haya reclamado esos montos a las administraciones anteriores, lo que consideran una omisión grave.
Sobre el caso de Chalchihuites, Hinojoza Aguayo mencionó que el representante jurídico promovió un amparo que derivó en una resolución judicial que prohíbe al IMSS embargar cuentas municipales.
Sin embargo, advirtió que aún podrían embargarse bienes o vehículos. “Van sobre lo que pueden”, expresó, tras reiterar que el instituto mantiene una política de hostigamiento financiero que calificó como “actos de terrorismo institucional” contra los gobiernos municipales.
