Voceras y voceros del Movimiento Estudiantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) repudiaron lo que identifican como una sistemática protección por parte de la burocracia universitaria el exrector Rubén de Jesús Ibarra Reyes y exigieron la presentación pública de la documentación legal que confirme su destitución definitiva, sin posibilidad de recontratación ni reingreso a las instalaciones universitarias.
En conferencia de prensa a la entrada del Campus 2, las y los estudiantes reiteraron que el Consejo Universitario debe volver a la legalidad, sesionando de manera pública, presencial y abierta.
Advirtieron que la crisis de legalidad en la Universidad es estructural y no comenzó con esta administración, y denunciaron que el sitio oficial del Consejo Universitario lleva más de un año sin actualizar las actas.
Reivindicaron su derecho a manifestarse por las injusticias, y acusaron que se han recibido agresiones físicas y amenazas, las cuales ya han sido denunciadas a las autoridades.
Explicaron que el llamado del Movimiento es a la conciencia y a la solidaridad frente a una estructura que ha optado por proteger a un agresor que, “lejos de pedir disculpas públicas, se excusa, sin que se asuma la responsabilidad de las acciones por las que existe condena firme por parte del Poder Judicial del estado de Zacatecas”.
Convocaron a una asamblea estudiantil el sábado al mediodía en la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería I, y subrayaron que sus demandas “no son difíciles de desahogar, solo requieren voluntad política”. A las autoridades las emplazaron a instalar una mesa de trabajo y negociación el próximo lunes, también al mediodía, en las casetas del Campus 2.
En su pronunciamiento, denunciaron además “el silencio cómplice y criminal” del rector electo Ángel Román Gutiérrez, quien, señalaron, desde que se conoció la sentencia contra Ibarra Reyes debió haber “condenado enérgicamente al criminal” y “quitarle toda forma de protección”.
Cuestionaron también a docentes y académicas que, pese a haberse pronunciado en otros momentos contra la violencia de género, hoy guardan silencio o incluso otorgan “protección moral” al exrector.
Reiteraron que no levantarán el paro hasta que se publique la rescisión laboral de Rubén Ibarra, así como su expulsión del Sistema Nacional de Investigadores (SNII) y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
Dentro pliego petitorio al que describieron como no negociable, exigieron además la publicación del protocolo contra el acoso y hostigamiento en la UAZ, la no represalia contra estudiantes movilizados y una evaluación de la integridad y trayectoria del equipo designado por el rector electo.
Advirtieron que se han documentado represalias, amenazas de cerrar plataformas, bajar calificaciones o incluso hacer repetir el semestre a quienes participan en el paro, con el objetivo de despolitizar tanto a los paristas como a quienes se sumen al movimiento.
“No podemos permitir que se siga pensando que estamos en contra de terminar el semestre”, señalaron. Aclararon que su movilización busca dignificar a la UAZ, rompiendo con las estructuras opacas, de encubrimiento, compadrazgo e ilegalidad.
Llamaron a respetar al Movimiento a docentes como Román Tarango, Edmundo García Rueda y Guadalupe Magallanes de Preparatoria 2; a la directora electa de Psicología, Jaira Lizeth Barragán García; y a Jorge Alejandro Vázquez Valdez y Víctor Hugo Robledo, de la misma unidad, quienes han estado citando a estudiantes para revisión o entrega de trabajos.
Agradecieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su acompañamiento constante, y dirigieron un llamado a la Fiscalía General del Estado para que haga pública la sentencia contra Ibarra Reyes.
“Buscamos que (…) cuando te pregunten dónde estudiaste o dónde estudias, no agaches la cabeza y digas: ‘en la UAZ, donde tuvimos un rector violador’, sino que tengas la cabeza en alto y digas: ‘en la UAZ, donde los alumnos luchan’”, enfatizaron, haciendo un llamado a toda la comunidad universitaria a unirse a este movimiento.
