La ministra Loretta Ortiz Ahlf asistió como sinodal al examen de Maestría en Derecho Familiar de Arturo Nahle García la tarde de este viernes en el Auditorio del Palacio de Justicia, expresando en una entrevista con medios, que el país se encuentra ante la «gran democratización del poder judicial», destacando las oportunidades que brinda la elección de personas juzgadoras para acercar la justicia a los ciudadanos y la inclusión de nuevas generaciones al sistema judicial.
«Esta reforma pone un rostro nuevo, cercano, que va a traer justicia para todos», declaró.
Loretta Ortiz defendió la capacidad de la ciudadanía para participar activamente en el proceso de democratización del Poder Judicial, desestimando las críticas sobre una supuesta falta de preparación para tomar decisiones informadas. «No me agradan estos comentarios de que la ciudadanía no está capacitada o preparada para tomar la mejor decisión para el país. La gente sí está preparada, está ocupada y va a saber cómo votar,« afirmó.
Ejemplificó el interés ciudadano en las elecciones judiciales señalando que la sesión en la que se abordaron las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial, la Suprema Corte tuvo más audiencia que las elecciones en Estados Unidos.
Por su parte, después de obtener su grado, Nahle García reiteró su escepticismo ante la reforma constitucional al Poder Judicial, comparando este proceso con un partido de fútbol donde «no se tiene confianza en el árbitro ni en las reglas.»
El ex magistrado descartó participar como candidato en las elecciones de personas juzgadoras, y enfatizó que solo acudiría a votar si tiene conocimiento de que «un buen juez para magistrado o una buena secretaria de acuerdos para juez» están postulados, pero no votaría por candidatos desconocidos.
«Yo creo que, para ser juez, hay que haber sido proyectista, hay que haber sido secretario de acuerdos… No cualquiera puede llevar a cabo una audiencia y dictar una sentencia”, enfatizó Nahle García. En contraste, Ortiz Ahlf aseguró que el sistema judicial se está cediendo “a manos capacitadas, con nuevas generaciones que pueden aportar mucho.»
Cuestionamientos de Arturo Nahle
La tesis, titulada «Análisis comparativo de los procedimientos no contenciosos en materia familiar: Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas y Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares», fue comentada, además de por la ministra Ortiz Ahlf, por el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes, y por Armando Hernández Cruz, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
Hernández Cruz destacó la relevancia del análisis comparativo en la implementación del nuevo código, mientras que Ibarra Reyes subrayó la necesidad de publicar el trabajo como herramienta académica para estudiantes de derecho y operadores jurídicos.
El trabajo de Nahle, reconocido con «mención especial», busca ser una herramienta académica para entender las diferencias entre los procedimientos contemplados en el Código de Procedimientos Civiles de Zacatecas y el nuevo Código Nacional.
Durante la defensa de la tesis, el sustentante destacó que la implementación de oralidad y juicios en línea exige adecuar las salas de audiencia, adquirir herramientas tecnológicas, y garantizar la preparación de jueces y abogados.
Nahle analizó procedimientos específicos, como las diligencias de consignación de alimentos, las declaraciones de ausencia y presunción de muerte, y los juicios de adopción.
Señaló que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares introduce avances en las diligencias de consignación de alimentos, con mecanismos más ágiles para garantizar derechos de manera expedita. Sin embargo, en las declaraciones de ausencia y presunción de muerte, advirtió que la ampliación de plazos y nuevos requisitos podrían burocratizar los trámites.
Respecto a los juicios de adopción, el jurista considera en su tesis que las disposiciones del código aportan mayor claridad y transparencia, especialmente en adopciones internacionales, pero encuentra que la ampliación de algunos plazos podría retrasar la integración definitiva de los menores a un entorno familiar.
