El jurista Ángel Dávila Escareño, en representación del Supremo Concejo Nacional Indígena (SCNI), interpuso recursos de inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir la nulidad del proceso extraordinario de elección de cargos judiciales.
El Concejo acusa al gobernador David Monreal Ávila y a la senadora Verónica Díaz Robles de ejecutar una operación electoral fraudulenta con uso de recursos públicos y de programas sociales a través de “Servidores de la Nación”, para inducir el voto a favor de candidatos afines a Morena.
La denuncia señala la distribución masiva de “acordeones” (marcados con los números de boleta de determinados aspirantes) en zonas urbanas y rurales del país, incluso durante la veda electoral. Dichos acordeones coincidieron exactamente con los resultados obtenidos por las candidaturas ganadoras, lo que para el SCNI constituye prueba de coacción del voto, compra de voluntades y uso faccioso del aparato estatal.
Estos actos se realizaron con el respaldo de funcionarios federales y estatales, senadores y diputados de Morena, en algunos casos utilizando vehículos oficiales, sostiene la denuncia. También se señala que en muchas casillas no se permitió la observación del cómputo, ni se anularon las boletas sobrantes como exige la ley.
Además, se describe a la jornada electoral como opaca al no colocarse mantas con resultados en las casillas, se hace referencia a manipulación de votos mediante las boletas no inutilizadas y el inflamiento de los mismos en los cómputos. En Zacatecas, adscrito al Circuito Judicial 23, se acusa a los candidatos con boletas 10 y 11 (hombres), y 04, 05 y 06 (mujeres), como beneficiarios del fraude.
También se solicita que el senador Saúl Monreal Ávila sea llamado a testificar, ya que —según el recurso— declaró públicamente que Verónica Díaz “operó” la elección a través de los servidores de la nación y la calificó como “inepta y corrupta”.
El SCNI respalda a aspirantes que considera idóneos y que no contaron con respaldo oficialista, entre ellos: el propio Ángel Dávila Escareño (boleta rosa 09), catedrático de la UNAM, experto en derechos humanos y autor de varios libros; Ediltrudis Alonso Barrón (boleta amarilla 01), jueza laboral en funciones; María del Carmen Bernal Lastiri (boleta rosa 01), y Mara Irommy Muñoz Galván (boleta amarilla 04), candidata a jueza de distrito en materia penal.
Según el Concejo, todos ellos fueron colocados en desventaja frente a perfiles menos preparados, favorecidos mediante prácticas ilegales y clientelares.
De más de 3 mil aspirantes judiciales, sólo seis se identificaron como indígenas —señala la impugnación—, lo que el SCNI califica como discriminación. Acusan además que el INE violó el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada, al no incluir mecanismos que garantizaran la participación de comunidades originarias bajo sus propios sistemas normativos. Por ello, exigen que se anule el uso del término “indígena” en candidaturas impuestas sin aval de los pueblos.
El recurso también cuestiona la actuación del propio Concejo General del INE, indicando que cinco consejeros (Arturo Castillo, Jaime Rivera, Martín Faz, Claudia Zavala y Dania Ravel) se negaron a declarar válida la elección, mientras otros seis (Guadalupe Taddei, Carmen Humphrey, Norma Cruz, Rita Bell López, Uuc-kib Espadas y Jorge Montaño) sí lo hicieron, lo que para el SCNI representa una “validación de la impunidad” y una “farsa electoral”.
Asimismo, se solicita una fiscalización exhaustiva de los recursos utilizados en la impresión y distribución de acordeones, así como la revisión de las boletas nulas y sobrantes. El SCNI exige que se reponga el proceso bajo condiciones de legalidad, equidad y participación real de los pueblos originarios.
