Voceros del Movimiento Estudiantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) repudiaron lo que identifican como una sistemática protección por parte de la burocracia universitaria al exrector Rubén de Jesús Ibarra Reyes y exigen la presentación pública de la documentación legal que confirme su destitución definitiva, sin posibilidad de recontratación ni reingreso a las instalaciones universitarias.
En conferencia de prensa a la entrada del Campus 2, las y los estudiantes reiteraron que el Consejo Universitario debe volver a la legalidad, sesionando de manera pública, presencial y abierta.
Reivindicaron su derecho a manifestarse por las injusticias, y acusaron que se han recibido agresiones físicas y amenazas, las cuales ya han sido denunciadas a las autoridades.
Explicaron que el llamado del Movimiento es a la conciencia y a la solidaridad frente a una estructura que ha optado por proteger a un agresor que, “lejos de pedir disculpas públicas, se excusa, sin que se asuma la responsabilidad de las acciones por las que existe condena firme por parte del Poder Judicial del estado de Zacatecas”.
Convocaron a una asamblea estudiantil general el sábado al mediodía en la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería I, y subrayaron que sus demandas “no son difíciles de desahogar”. A las autoridades las emplazaron a instalar una mesa de negociación el próximo lunes, también al mediodía.
En su pronunciamiento, denunciaron además “el silencio cómplice y criminal” del rector electo Ángel Román Gutiérrez, quien, señalaron, desde que se conoció la sentencia contra Ibarra Reyes debió haber “condenado enérgicamente al criminal” y “quitarle toda forma de protección”.
Cuestionaron también a docentes y académicas que, pese a haberse pronunciado en otros momentos contra la violencia de género, hoy guardan silencio o incluso otorgan “protección moral” al exrector.
Dentro pliego petitorio al que calificaron como no negociable, exigieron además de la destitución legal y pública de Rubén Ibarra, su expulsión del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y del Prodep, la publicación del protocolo contra el acoso y hostigamiento en la UAZ, la no represalia contra estudiantes movilizados y una evaluación de la integridad y trayectoria del equipo designado por el rector electo.
Dentro del orden del día, señalaron a docentes como Román Tarango y Guadalupe Magallanes de Preparatoria 2; a la directora electa de Psicología, Jaira Lizeth Barragán García y Víctor Hugo Robledo, de la misma Unidad, por actuar sin respeto al movimiento estudiantil, citando a estudiantes para revisión o entrega de trabajos.
Han convocado a clases virtuales, amenazado con cerrar plataformas, bajar calificaciones o incluso hacer repetir el semestre a quienes participan en el paro, detallaron.
Agradecieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su acompañamiento constante, e hicieron un llamado a los medios de comunicación a no revictimizar a las denunciantes ni difundir narrativas que normalicen la violencia.
“No podemos permitir que se siga pensando que estamos en contra de terminar el semestre”, señalaron. Aclararon que su movilización busca dignificar a la UAZ, rompiendo con las estructuras opacas, de encubrimiento, compadrazgo e ilegalidad.
“Buscamos que, (…) te pregunten dónde estudiaste o dónde estudias, no agaches la cabeza y digas: ‘en la UAZ, donde tuvimos un rector violador’, sino que tengas la cabeza en alto y digas: ‘en la UAZ, donde los alumnos luchan’”, enfatizaron, haciendo un llamado a toda la comunidad universitaria a unirse a este movimiento.
