Ayer se llevó a cabo el foro “Ciudadanía y Democracia”, organizado por la asociación Ciudadanía Participativa. El evento sirvió como un espacio de análisis en torno a la elección del Poder Judicial y los derechos de los ciudadanos, con el propósito de que las y los candidatos pudieran acercarse a la ciudadanía, dar a conocer sus posturas y responder dudas relacionadas con sus candidaturas.
En su mensaje de bienvenida al foro, Rodolfo García Zamora subrayó la importancia de informar sobre los candidatos al Poder Judicial Federal y enmarcó este esfuerzo en la experiencia latinoamericana. Señaló que, en México, desde la llegada de Morena al poder, la Suprema Corte ha frenado reformas clave en sectores estratégicos, lo que ha generado tensiones con el Ejecutivo.
Posteriormente, reconoció que en Zacatecas el Poder Judicial ha sido una herramienta de defensa ciudadana, logrando frenar obras impuestas de manera ilegal por el gobierno estatal.
Así, inicialmente, Juan Díaz Rocha, secretario de un tribunal colegiado, señaló que cuenta con más de 22 años de experiencia en juzgados de distrito, tribunales colegiados y órganos de apelación.
Destacó su formación con dos maestrías y un doctorado, y subrayó la importancia de elegir a personas con experiencia real en impartición de justicia, no perfiles improvisados, ya que están en juego los derechos humanos.
Rodolfo García Camacho, juez de distrito, relató que lleva 23 años en el ámbito jurídico, 13 de ellos en el Poder Judicial Federal. Ha trabajado como litigante, abogado del IMSS y funcionario judicial en distintas ciudades. Ingresó por concurso nacional y ha dictado resoluciones relevantes para garantizar medicamentos, pensiones y educación. Aclaró que, aunque no puede opinar sobre casos en curso, ya existen suspensiones contra el segundo piso por falta de legalidad.
Por su parte, Jesús Alonso Ibarra Alanís, también del Poder Judicial Federal, con 13 años de experiencia, habló sobre su paso por juzgados familiares y su actual labor en Zacatecas. Propuso resolver con mayor sensibilidad, evitando tecnicismos que obstaculicen la justicia. Compartió que participó en el análisis jurídico que derivó en la suspensión del segundo piso, al considerar que se vulneran derechos culturales y no se cumplían requisitos legales.
Ma. del Carmen López Fabian, jueza de distrito con 28 años de experiencia en el Poder Judicial Federal, relató haber escalado todos los cargos hasta convertirse en jueza por concurso de oposición, en el que obtuvo el segundo lugar nacional entre casi 2,000 aspirantes. Posee tres maestrías y diversas especialidades y diplomados en derecho y metodologías judiciales. Defendió la importancia de tener juzgadores con formación sólida y práctica, y explicó que su función es proteger derechos humanos con diversas perspectivas (género, niñez, pueblos originarios, etc.). Aclaró que no puede pronunciarse sobre el caso del segundo piso por respeto al principio de imparcialidad.
Posteriormente Jorge Eduardo Marín Valadez zacatecano y aspirante a juez penal federal quien tiene nueve años de experiencia en el Poder Judicial, destacó su formación en derecho penal y su paso por juzgados en distintas partes del país. Propuso aplicar inteligencia artificial para hacer más eficientes los procesos, usar lenguaje claro para explicar las resoluciones judiciales y garantizar el respeto a derechos laborales dentro del Poder Judicial. También se abstuvo de opinar sobre el segundo piso, subrayando la necesidad de preservar la imparcialidad.
Mara Muñoz Galván, defensora de derechos humanos con 25 años de experiencia, recordó su trabajo en la creación de instituciones y leyes para atender la violencia contra las mujeres. Ha ocupado cargos públicos clave en Zacatecas y cuenta con maestrías en política social y sociología. Señaló la importancia de la integridad en la función judicial, en especial en los juzgados penales federales, por el impacto de sus decisiones en la paz social. Defendió el acceso amplio al juicio de amparo y pidió escuchar a la ciudadanía en la toma de decisiones.
Enseguida, Luis Arturo Rodríguez, abogado zacatecano y aspirante a juez de distrito, compartió su experiencia en el Poder Judicial y su visión de un juzgado empático y eficiente. Propuso combatir el nepotismo, el abuso laboral y fomentar una cultura de respeto a los horarios y a la carrera judicial. Llamó a dignificar el trabajo del personal judicial. Sobre el segundo piso, se expresó como ciudadano y dijo no estar de acuerdo con la obra, señalando que hay necesidades más urgentes en salud, educación y seguridad.
Finalmente, Blanca Teresa Rodríguez González, presentó una exposición técnica y estructurada, destacando sus 17 años de experiencia laboral, su paso por la Escuela Federal de Formación Judicial y su conocimiento integral del derecho del trabajo desde todos los frentes. Su propuesta se centra en el cumplimiento estricto de la ley, la independencia judicial y la garantía de procesos laborales ágiles y justos.
Por su parte, Bárbara Valeria Rosas Sifuentes ofreció un discurso más cercano y emotivo, resaltando su trayectoria desde niveles operativos en el Poder Judicial, su formación en instituciones públicas y su compromiso con la justicia social. Propone llevar la justicia a las comunidades, orientando directamente a personas sin recursos. Mientras Blanca Rodríguez apuesta por la institucionalidad, Bárbara Rosas busca una justicia accesible y humana. Ambas coinciden en la defensa de los derechos laborales y en la importancia de un perfil judicial independiente.
En esta sección de preguntas los asistentes abordaron posturas divididas: algunos expresaron su desacuerdo o reservas, al considerar que dicho modelo podría poner en riesgo la preparación técnica y la imparcialidad del Poder Judicial. También se discutió la diferencia entre aplicar la ley de forma estricta y ejercer la justicia con empatía e interpretación conforme a los derechos humanos, ilustrada a través de un caso de discriminación laboral.
Asimismo, se expresó preocupación por la posible captura política del proceso judicial, ya que partidos podrían imponer candidatos mediante estructuras clientelares. Los aspirantes a jueces resaltaron su trayectoria, compromiso con una justicia cercana y transparente, y defendieron la carrera judicial como vía legítima de acceso al poder.
Finalmente, se hizo un llamado a la participación ciudadana activa para cuidar el proceso electoral y evitar que otros decidan por ellos, ante un sistema que, aunque imperfecto, requiere transformaciones cuidadosas y no soluciones improvisadas.
