En sesión de la Comisión Permanente de la LXV Legislatura, la diputada Isadora Santibáñez Ríos expresó su apoyo al magisterio y a los manifestantes en Zacatecas, criticando la falta de resultados en las mesas de trabajo, además de denunciar la falta de cumplimiento con el pago de becas a los hijos de los trabajadores de la educación. Hizo un llamado a la Fiscalía para investigar faltas administrativas. Por su parte, el diputado Jesús Padilla Estrada reflexionó sobre el conflicto educativo, destacando su preocupación como padre de familia y proponiendo que el diálogo entre el sindicato y el rector se lleve a cabo en la Secretaría General de Gobierno o el Congreso del Estado para resolver los problemas de deuda y salarios de los maestros.
Santibáñez Ríos señaló que los ciudadanos exigen un gobierno que resuelva sus problemas y no los minimice. Destacó que el grupo parlamentario del PRI, PAN y PRD envía un mensaje claro de respaldo a los trabajadores de la educación y a quienes se oponen al proyecto del segundo piso, haciendo un llamado a las autoridades estatales para que escuchen a los zacatecanos. Criticó la falta de mesas de trabajo con resultados reales y la falta de involucramiento del gobernador en estas discusiones.
La diputada enfatizó que la legislatura ya aprobó una partida presupuestaria de 10 millones de pesos para el programa de becas para los hijos de los trabajadores de la educación, y subrayó que el Ejecutivo estatal es el responsable de ejecutar estos recursos. Rechazó que se culpe al Poder Legislativo, recordando que su trabajo ya fue realizado correctamente. Además, indicó que los trabajadores de la educación ya realizaron gestiones en las dependencias correspondientes para que se ejerciera el recurso de manera oportuna.
Santibáñez denunció la falta de sensibilidad por parte del Gobierno del Estado, especialmente del gobernador y de los funcionarios responsables, para cumplir con el pago de las becas. Ante esta situación, solicitó a la Fiscalía que investigue posibles faltas administrativas o delitos, como el desvío de recursos. Concluyó haciendo un llamado a que se respete a los maestros y su trabajo, y a que el gobierno cumpla con su responsabilidad de gestionar los recursos públicos adecuadamente.
Finalmente, Jesús Padilla Estrada reflexionó sobre el conflicto educativo en Zacatecas, destacando que el tema de los maestros del SNTE es uno de los más complejos. Aplaudió la disposición del gobierno estatal para entablar mesas de diálogo, pero subrayó la necesidad de que el tema se resuelva con rapidez.
En su intervención, expresó que, como tercer afectado por la situación, al tener una hija en la Universidad Autónoma de Zacatecas, considera crucial que se logre un acuerdo entre las partes involucradas. Reveló que estuvo en comunicación con la secretaria general del sindicato de maestros, quien mostró disposición para sentarse con el rector y resolver la situación, algo que aplaudió. Además, propuso que la mesa de diálogo se lleve a cabo en la Secretaría General de Gobierno, pero también sugirió que, si esto no fuera posible, el Congreso del Estado podría ser un espacio adecuado para el diálogo, siempre respetando la autonomía de la universidad.
Enfatizó que el problema de la deuda y el salario de los maestros debe ser atendido por el rector, señalando que la sociedad y los diputados también tienen un interés legítimo en el bienestar de la universidad y sus trabajadores. Finalmente, hizo un llamado a que el rector acepte el diálogo, sin importar cuántas reuniones sean necesarias.
También en los asuntos generales de la sesión permanente, Ana María Romo Fonseca, destacó la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, ante la creciente violencia que enfrentan en México. Recordó que la Constitución y los tratados internacionales reconocen la libertad de expresión como un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado. Sin embargo, lamentó que, a pesar de la creación del Mecanismo de Protección en 2012, este no ha sido suficiente para garantizar la seguridad de quienes ejercen estos oficios.
En este sentido, hizo un llamado a reformar y fortalecer el mecanismo, sugiriendo nuevas medidas como la creación de protocolos más eficientes, una evaluación más rigurosa de los riesgos, y el establecimiento de un programa integral de apoyo psicológico para los afectados y sus familias. Además, instó a eliminar cualquier vinculación del mecanismo con la Fiscalía Especializada para los delitos contra la libertad de expresión, a fin de garantizar una atención más ágil y efectiva.
Propuso iniciar un estudio legislativo sobre la seguridad social de los periodistas y la creación de un sistema de protección más adecuado a las circunstancias locales, que incluya tanto la seguridad física como la atención médica y social para los profesionales del periodismo.
