■ El magistrado está a favor de descongestionar los centros penitenciarios que tienen problemas de sobrepoblación
■ Opina que el presidente AMLO posiblemente mande al Congreso una iniciativa de Ley de Amnistía
Si bien el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (Trijez), Arturo Nahle García, dijo estar a favor de descongestionar los centros penitenciarios que tienen problemas de sobrepoblación, “pero a mí me parecería incorrecto que se vaya a liberar presos sin que hayan reparado el daño”, afirmó.
Esto tras la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que muestra su intención de firmar un decreto para liberar a los presos que no hayan cometido delitos graves y que se encuentren detenidos por más de 10 años sin haber sido sentenciados, a personas de más de 75 años, personas de más de 65 años que padecen enfermedades crónicas, así como a quienes se compruebe que sufrieron tortura bajo el protocolo de Estambul.
Con base en lo anterior, Nahle enfatizó en que “va a ser importante garantizar la reparación del daño a las víctimas” de llevarse a cabo las pretensiones del presidente; “habrá que ver cuál es la herramienta que va a utilizar para que se garantice la reparación del daño a las víctimas”, afirmó.
Sin embargo, consideró algunos puntos por los que, previo al decreto que adelantó López Obrador, no se puede emitir una opinión concreta ante la iniciativa y por la que, al momento, no podría cumplirse.
El magistrado presidente explicó que hay varias formas de que los presos obtengan su libertad: la primera es a través de que “se les conceda un beneficio de liberación o se les sustituya la pena” conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal; ésta “efectivamente establece que los presos que ya tienen una edad avanzada, que ya tienen problemas de senilidad o que tengan alguna enfermedad muy, muy grave, se les puede sustituir la pena de cárcel con otra sanción, tal vez un arraigo domiciliario, etcétera”.
Sin embargo, “quien tiene la facultad de sustituir estas penas o de conceder beneficios pre-liberacionales es una facultad que tienen los poderes judiciales”, es decir, que no es un atributo que le corresponde al presidente de la República.
En el caso de la amnistía, decreto que refiere al olvido de alguna pena, es “una facultad del Congreso, tampoco es del Poder Ejecutivo”; y en el caso específico de quienes aún no han recibido sanción, los únicos actores que pueden desistir de perseguir el delito serían los Ministerios Públicos, precisó Nahle.
Entonces, “la única facultad que tiene el Poder Ejecutivo para liberar presos es el indulto”, pero esta acción también tiene sus limitantes de acuerdo con la propia Constitución, la cual “establece el principal requisito para el indulto; y el requisito para indultar a alguien es que alguien esté sentenciado”, por lo que el presidente no podría indultar a todo el universo señalado.
A modo de conclusión, el magistrado presidente reiteró que para fijar una opinión sobre la intención del presidente “hay que esperar a conocer el decreto que anunció para ver cómo le va, porque a lo mejor lo que va a hacer es mandar al Congreso una iniciativa de Ley de Amnistía”, consideró.
