Más importante que el mandato de la ley es la orden de la tradición y la costumbre al ejercer el poder. Se ha podido atestiguar cómo la norma jurídica cede ante los usos del poder. “Se acata, pero no se cumple” era la expresión coloquial para reconocer la competencia de la autoridad que emitía la norma, pero que no era posible cumplirla. El reto de que el debe ser de las leyes y el ser de las conductas humanas sigue y goza de grandes oportunidades de mejora en los más distintos rubros de la vida pública.
En el caso del universo de información presidencial en México ha concurrido una mezcla de confusión, desconocimiento y corrupción. En efecto, de entrada se ha pensado históricamente que las cartas recibidas o escritas por el/la president@ de la República, los regalos recibidos por mandatarios extranjeros de cualquier precio y cualquier otra información con independencia de su forma y naturaleza forman parte de la persona que ocupa la Presidencia de la República, razón por la cual –salvo contadas excepciones– estos datos, por llamarlos de alguna forma, al cambiar el titular del Ejecutivo Federal corren la suerte de quien ocupó ese cargo público.
El sentido lógico-racional es que las cartas y todo objeto recibido o enviado (en este último caso, la lista desglosada de los envíos) tienen razón de ser en la medida en que la persona es gobernante. En consecuencia, si la persona deja de gobernar, los datos deben permanecer como patrimonio de la sociedad en un lugar establecido al efecto, dotado de las condiciones adecuadas de temperatura y las mejores formas de identificación. Hay varias razones que animan semejante tarea más allá de su propiedad pública: a) Generar un universo de documentos y acciones plasmadas en objetos que entran y salen y que permiten un acercamiento de primera mano al personal estilo de gobernar de quien ha ocupado la presidencia; b) conocer por qué sí o por qué no se tomaron determinadas decisiones de interés público, con los documentos acreditativos que minimizarían la especulación y la aproximación en el análisis, pudiendo tener a la mano borradores, cartas que se hicieron pero no se enviaron y aquellas recibidas; c) regalos u obsequios otorgados o recibidos que muestran las valoraciones de los gobernantes con los que el país ha tenido relación y sus preferencias actitudinales para efectos de la construcción sociológica de la historia. En buena parte de los países del Primer Mundo hay disposiciones legales acompañadas por una cultura de la rendición de cuentas que permiten que las cosas pasen; y esta minúscula, pero importantísima decisión, podría hacer diferencia.
En nuestro entorno cercano, Brasil desde el siglo pasado ha dado avances en esta ruta. En efecto, el punto de partida es la Ley número 8.394 de 30/12/1991 reglamentada por el decreto número 4.344 del 26 de agosto (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8394.htm) que establece el deber del presidente de la República de preservar, brindar acceso y organizar lo que la ley dispone como “acervos documentales privados de los presidentes de la República”. La normativa incluye el deber del presidente de mantener el acervo denominado privado de interés público producido antes, durante y después del periodo presidencial. Para hacer funcional la ley, se crea la Comisión de Memoria Presidencial compuesta por el archivo general de Brasil y dependencias públicas de educación y cultura.
Estas disposiciones legales no se crearon por generación espontánea sino por la voluntad del expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, quien a principios del siglo XXI inauguró en San Pablo el Instituto Fernando Henrique Cardoso, el cual contiene todo un sistemático e increíble –para la cultura política mexicana tradicional– acervo que contiene 50 mil unidades de información del periodo prepresidencial de Cardoso (documentos a su paso como secretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores y senador) y, por supuesto, los documentos que pasaron por su oficina personal durante su gestión presidencial.
Hay 300 mil registros de texto con actas de deliberaciones, discursos no pronunciados, apuntes personales del presidente Cardoso, reportes de los secretarios y asesores del gobierno, entre otras cosas. Hay más de 200 mil documentos audiovisuales, 2 mil 600 documentos tridimensionales –entre los que se incluyen condecoraciones, llaves de la ciudad, cuadros y regalos de distintos mandatarios extranjeros– y 14 mil registros de libros varios.
En Brasil se ha optado por darles el nombre de “documentos privados de interés público”, en virtud de que, si bien se trata de bienes adquiridos en ejercicio de una función pública, la cual es absorbida por los recursos del pueblo, también lo es que la impronta personal de cada persona que ocupa la Presidencia le brinda un mayor o menor dinamismo al cargo. Tuve la oportunidad de ser invitado por el Instituto para conocer y consultar diversos datos en sus acervos que, a primera vista, hubiera pensado que era imposible que se replicaran en México.
Las declaraciones de inexistencia a solicitudes de información, sin razón para ello, por parte de la Presidencia de la República en México apuntan en sentido contrario a la evaluación histórica de un gobierno que ha sido –o lo está siendo, para ser más preciso– un cambio de régimen. El presidente Andrés Manuel López Obrador debería revisar los grandes avances que se han hecho en esta materia y promover por vía legal una mejor comprensión histórica de su gobierno y de los subsiguientes, dando herramientas inéditas para los interesados (que se entiende deberían ser una parte sustantiva de la población), donde se permitan responder las naturales interrogantes que el comportamiento del gobernante genera en la opinión pública. Nunca es tarde para hacer algo distinto al círculo vicioso de la opacidad y de la aproximación que tanto ha impedido que México conozca su pasado. Y no está de sobra recordar, como afirmaba el conde de Santayana, “quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo”. ■
