Este próximo 1 de agosto se convoca a un ejercicio inédito en la incipiente democracia mexicana: la consulta popular que acercaría a juicio a los expresidentes.
A casi tres años, pocos recuerdan ahora el contexto del nacimiento de la idea. La memoria frágil, bien combinada con infodemia la ha desdibujado: el presidente López Obrador había logrado un triunfo contundente, 53% de los votos eran para él, y estaba claro que ni siquiera juntándose los opositores hubiera sido posible vencerle.
Con ese resultado no había manera de no reconocerle el triunfo. Había logrado el knock out que él mismo había anticipado como necesario para no repetir la historia del 2006, y por tanto entre él y sus adversarios no había margen más que para cordialidad y diplomacia.
En ese contexto la cultura del “sospechosismo” ya rumoreaba un posible pacto de López Obrador con Enrique Peña Nieto; uno pondría el respeto al triunfo (y las condiciones para él mismo, según los más radicales), y el otro correspondería con impunidad y olvido.
De existir, cualquier acción judicial contra Peña Nieto y los suyos rompería el pacto.
Aún no entraba en funciones cuando el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador acudió a entrevista con Carmen Aristegui. La periodista, aguda como suele serlo, apuntaló las baterías contra la paradójica ambigüedad que rodeaba al principal tema de campaña: el combate a la corrupción. ¿Borrón y cuenta nueva, o justicia y castigo?
La salida de López Obrador fue la consulta. Quedó entonces como idea únicamente, pasarían muchos meses para que se esa idea tuviera forma y fuera impulsada por 2 millones 700 mil personas que con su firma cumplieran los requisitos establecidos en la ley para hacerla posible.
De entonces hasta ahora el camino no ha sido sencillo. A las dificultades logísticas hay que sumarle la antipatía que le tienen sus organizadores, la apatía de una sociedad acostumbrada a la cómoda democracia representativa, y sumar también la interpretación plana y simplista del ejercicio como el regodeo sobre lo jurídico.
En este país de índices de impunidad de 98% entre simples mortales, se asume que no hay mayor requisito para el ejercicio de la ley, que la ley misma, aún si se trata de ejercerla sobre quienes han sido los hombres de poder no sólo de sus sexenios, sino en algunos casos de varios más.
Es decir, pese a las dificultades que el sistema tiene para castigar a los delincuentes más evidentes cuando tienen poder, se asume como si fuera un asunto de mera voluntad, el enjuiciamiento de figuras como la de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, cuyo poder aún alcanza para librar a su hijo de la cárcel en Estados Unidos pese a los niveles de implicación que tuvo en la secta NXIVM.
O como si Vicente Fox Quezada no hubiera logrado la impunidad de sus hijastros pese a que las evidencias de su corrupción ruborizan hasta a los más cercanos, o como si Ernesto Zedillo no hubiera conseguido su colocación internacional como consejero de las empresas trasnacionales que benefició cuando fue presidente, como es el caso de la Union Pacific.
Es evidente que lo que está en juego es algo más que lo jurídico, por lo que la ley no basta. Y es verdad de Perogrullo que el presidente López Obrador está buscando el respaldo social que le permita rascar las entrañas de la corrupción en heridas frescas y recientes, donde aún hay sangre, hay pus, hay nombres de personas que no solamente están vivas, sino que incluso quizá están políticamente activas.
Quizá es por todo ello que el presidente López Obrador ha confesado que votará por el “no”, y contrastantemente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llama no sólo a participar, sino además a votar por el “sí”.
Peligrosa apuesta, sin duda. Por ello tal vez los entendidos dicen que miremos al futuro y sigamos el camino.
La duda está, pero sea cual sea la respuesta a ella la pregunta vale la pena, y el ejercicio lo vale más, incluso por sí mismo, porque es deseable que preguntar al pueblo, mandar obedeciendo, o crear comunidad (como gusten llamarle) se haga costumbre.
