Violencia y “normalidad” democrática: ¿seguridad ausente o cómplice? (segunda parte)

Violencia y “normalidad” democrática: ¿seguridad ausente o cómplice? (segunda parte)

El desempeño institucional de la nueva realidad de seguridad se expresó en la violencia política durante el proceso electoral: casi un millar de agresiones contra actores políticos, dos terceras parte de las víctimas en los estados eran opositores a los gobiernos locales (ver Sexto Informe de Violencia Política en México, Etellekt, 5 de junio 2021). Esto es producto de una compleja decisión centralizada a partir de una visión presidencial simplificadora que oscila entre la manifiesta (y confesa) incapacidad de garantizar la seguridad de todos los participantes en el proceso electoral –en especial los candidatos, pero se debe considerar tanto aspirantes y equipos de apoyo o de campaña– (Raymundo Riva Palacio, “Imposible evitar crímenes”, Estrictamente Personal, El Financiero, 18 de mayo) y la indolencia deliberada de las estructuras de seguridad que, a menos que haya un interés especial para actuar previniendo o conteniendo, adoptan una postura de dejar hacer y dejar pasar ante actos violentos y agresiones. Esto último fue evidente en aquellos casos donde eran visibles las pugnas internas de partidos (como Morena) ante la imposición de candidaturas. El avance del partido en el poder en gobiernos y congresos estatales quizá explique la satisfacción presidencial que debe analizarse a la luz de la interfase de la violencia y las actividades de los grupos criminales. El estudio casuístico que se impone debe considerar esta violencia junto con la que deriva de la delincuencia ordinaria y aquélla de rivalidades políticas (que pueden estar coludidas con el crimen organizado).

Seguridad escenográfica
En la víspera de la jornada electoral el gobierno anunciaba el despliegue operativo de 100 mil elementos de la Guardia Nacional en el país y que, con el resto de fuerzas de seguridad militar y civiles en los estados, se garantizaría el orden de los comicios. Los incidentes violentos de la jornada, si bien descritos en forma aislada y en términos cuantitativos se tienden a minimizar refiriendo como elemento de contraste la inusual participación electoral, están lejos de poder arrojar un saldo blanco. Un país estable y democrático pleno simplemente no tiene incidentes violentos.

No es el caso mexicano y debe llamarse la atención ante las omisiones o el desdén hacia esta realidad: se está considerando “normal” un contexto de violencia (cualquiera que sea su origen) como parte de nuestro entramado institucional en los comicios cuando, en realidad, la sintomatología apunta a una vulnerabilidad democrática propiamente dicha con efectos deslegitimadores en el mediano y largo plazos. Peor aún, de confirmarse la hipótesis de un arreglo implícito de gobernanza criminal (de la que ahora ya se habla en algunos círculos académicos), los hilos que soportan la estabilidad gubernamental son más que frágiles y pueden envolver al país en una conflictividad incontrolable azuzada por las diatribas e intolerancias presidenciales. El contexto violento del proceso electoral que está por concluir es, en realidad, un llamado de atención para reformular los términos de la gobernabilidad democrática del país con miras a las elecciones de 2024. No se sabe a ciencia cierta si “los que pertenecen a la delincuencia organizada” (que al parecer es la única que le importa al presidente) se seguirán “portando bien… en lo general”. Y la pregunta lógica es si el comportamiento es respecto de su gobierno y su persona.

Colofón
El teniente García, de la Guardia Nacional, bufó en contra del civil que estaba a su lado en la mesa por el cuestionamiento al funcionario (también civil) por incumplir el límite de un funcionario por institución participante en la coordinación para el seguimiento de incidentes de la jornada. Un subalterno lo acompañaba. Su “solución” fue el cambio de uniforme con las mismas insignias de la GN (el dúo iba con uniforme de campaña) y la palabra “proximidad”.

Los soldados de la GN no asumen la función policial de seguridad pública y les ofende identificarse con la figura de “policía”. El subalterno nunca se fue. Desprecian el orden civil y a los civiles. ■

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