Un partido es una institución que tiene trabajo todo el año. La temporada de campaña es la fase de comunicación publicitaria, pero ahí no es donde consiguen sus adhesiones más importantes. El trabajo que hace un partido durante todo el año es el que le permite levantar frutos en los procesos electorales. Un partido en época no electoral construye su representación: tiene trabajo con grupos ciudadanos, hace iniciativas de ley, impulsa ideas de políticas, forma a sus cuadros, gestiona y teje una estructura de adhesión de nuevos militantes. Todo eso necesita recursos, para pagar edificios, personal de operación, pago a especialistas y sostén de las estructuras de gestión. Si un partido pretende ganar votantes con el proceso publicitario de las campañas actúa de forma ingenua y está perdido. Así las cosas, el subsidio que recibe un partido no es para el proceso electoral, sino para construir su representación social durante todo el año. La pregunta es, ¿es lícito que se subsidie a los partidos políticos?
Un partido que no tiene recursos elementales para buscar grupos sociales, tener un stock de profesionales de la operación y gestión política y para formar a sus militantes, será un partido sin la representación social que le da sentido. En la medida que un partido tenga representación auténtica impulsará políticas públicas que beneficien a sus representados, iniciativas de ley para detonar éstas, y la gestión de las demandas de dichos sectores. Si todos los partidos hicieran tal cosa, tendríamos parlamentos dinámicos y gobiernos de calidad a partir de la presión y propuestas sociales que reciben. Sin embargo, hay partidos que reciben enormes cantidades de dinero público y mantienen partidos que son agencias de tiempos electorales y tienen representación social casi nula. ¿Por qué se da ese fenómeno que podríamos denominar de ‘anomia representativa de los partidos’? Porque son gobernados por burocracias autorreferentes.
Como podemos observar, el tema del financiamiento debemos ligarlo a la capacidad de representación social que logre adquirir el partido político en cuestión, no sólo las necesidades a sus gastos de publicidad en época electoral. Así las cosas, su financiamiento se justifica si tiene procesos de formación política de sus militancias, si genera propuestas de solución de problemas públicos o si resuelve necesidades de sectores sociales a través de la gestión o iniciativas legislativas. Si sólo hace spots o videos bailado o prometiendo mundos irreales en las campañas, no tiene justificación del uso de recursos púbicos. Lo primero tiene valor público, lo segundo no. En una frase lapidaria: tiene justificación de financiamiento si hay valor público, si no, pues no.
En suma, debemos repesar el sistema de partidos en México, todo el sistema: los formatos de campaña, la regulación de la vida interna de los partidos, la eliminación del poder de las burocracias sempiternas, los criterios de financiamiento y los indicadores de valor público de los partidos. Y sin duda, las formas de integración de los consejos del árbitro electoral. Todo.
