Se enfoca a incrementar las sanciones cuando se encubra este ilícito deliberadamente eliminando las huellas del mismo mediante cualquier medio
Con el fin de aumentar las penas para quienes encubran el delito de feminicidio, el diputado local por el PT, José Dolores Hernández Escareño, propuso en días pasados al pleno de la 63 Legislatura una reforma al Código Penal que está orientada a castigar más severamente a familiares de imputados, servidores públicos o personas que difundan material gráfico o documentos relacionados con este delito.
La propuesta se enfoca a incrementar las sanciones cuando alguna de las personas referidas encubra el delito deliberadamente eliminando las huellas del mismo mediante cualquier medio, y también cuando haga escarnio público, de palabra, por escrito o por otras vías. En cuanto a los servidores públicos que incurran en estas conductas, la propuesta busca que la pena se duplique y se plantea además su inhabilitación durante el tiempo de la sanción.
Ante el asesinato de una mujer, expuso el diputado, la reacción inmediata es tender a calificarlo como feminicidio; dado que con una frecuencia “inadmisible” ocurre que las inercias burocráticas se nieguen a admitirlo como tal, esta situación provoca que grupos sociales se den a la tarea de poner el caso en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Sin embargo, como doble consecuencia, expuso el promotor de la reforma, las circunstancias que rodearon al hecho delictivo se vuelven públicas, y al volverse públicas se generan dos efectos contrapuestos: por un lado, se reaviva el caso y ello puede servir de presión a las autoridades para que lo atiendan como es debido; pero, por otro lado, la exposición pública de las condiciones del hecho delictivo involucran detalles de la vida de la víctima que se difunden de tal manera que aquello que debía mantenerse en privado, incluso íntimo, se hace del conocimiento de mucha gente.
Pero también, el legislador consideró que existe una “profunda falta de ética ciudadana”, como cuando las personas guardan silencio, ante toda esa violencia realizada a las mujeres, especialmente, cuando les hace partícipes de manera colateral de hechos delictuosos como el feminicidio o incluso en delitos menores, terminan siendo cómplices, encubridores.
En otros muchos casos de feminicidios, continuó Dolores Escareño, las personas cercanas al delincuente, en el afán de protegerle, suelen intentar por todos los medios destruir toda la evidencia: quieren desaparecer el cuerpo del delito, ahondando y agravando más la situación, dejando una escena del crimen mucho más macabra y, desde luego, dejando a los familiares de las víctimas en las más profunda y “oscura zozobra”.
“Es por ello que nuestra iniciativa propone una reforma en nuestro Código Penal para los antes mencionados, también para cuando los encubridores del feminicida provocan escarnio públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento o publican imágenes de la víctima o alusivas a ella, con una burla tenaz, grosera e insultante expresión de desprecio, o mofa, burla o vilipendio con el propósito de afrentar o ridiculizar los hechos, el honor o sentimientos de los familiares o seres queridos de la víctima”.
Pero tampoco deben pasar desapercibidos, dijo, todos los funcionarios que “predican lo que no practican”, por los lo que las penas en caso de encubrimiento se duplicarán si la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así como a los ex servidores públicos encargados de tales funciones que cometan dicha conducta en los dos años posteriores a su terminación. Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta y la inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.
