Cuando las elecciones eran organizadas por el propio gobierno, en este caso la Secretaría de Gobernación, eran fraudulentas porque el gobierno aseguraba el triunfo de su partido. Estábamos en un régimen de partido de Estado. Así, desde finales de los 70’s hasta el inicio de los 90’s, se gestionó un órgano que pudiera organizar las elecciones de forma imparcial y objetiva. De tal manera que las elecciones fueran competitivas y los ciudadanos pudiéramos premiar o castigar a los partidos según fueran sus gestiones, desde el ejercicio de la Presidencia de la República hasta el regidor del municipio más pequeño. A finales de los 90’s se notó un avance en los procedimientos democráticos para acceder al poder del Estado. Una muestra fue la alternancia que se multiplicó en todo el país, empezando por los gobiernos locales. Entramos en un periodo de democratización que, junto a un órgano ciudadanizado organizador de las elecciones, tuvimos el ascenso de la sociedad civil y la detonación del federalismo.
Sin embargo, los partidos que controlan el poder legislativo pudieron incidir en la manera en que se conforma el consejo del IFE. Y en lugar de tener la prudencia de permitir que el órgano siguiera siendo ciudadanizado, empezaron un proceso de negociación para repartir los consejeros por cuota electoral: los partidos proponían consejeros que, al entrar, tenían plena conciencia de a quién le debían el puesto. Con esto, la autonomía se transformó en interdependencia al interior de la clase política. Con ello, el interés de los consejeros no fue el llamado ‘interés general’ de los ciudadanos, sino el interés de la clase política.
Con este último proceso, los grupos de poder que participan en diversos partidos políticos tienen una fuerte incidencia en los órganos electorales, tanto en el Consejo de Gobierno del INE, como en los diferentes tribunales electorales. En otras palabras, hay grupos políticos que se convirtieron en verdaderos poderes fácticos respecto a los árbitros electorales. Pero no hay homogeneidad en esta estructura: en algunos contextos hay hegemonía de los equipos gobernantes y en otros contextos la hegemonía es la contraria. El espacio de la imparcialidad se convirtió en arena de puja y disputa de los grupos originarios de poder, independientemente de los partidos en los que tienen presencia. En suma, la imparcialidad no existe en los árbitros electorales.
Eso no significa que los resultados de las votaciones no sean confiables. Los mecanismos de conteo y cómputo siguen siendo efectivos. Pero poco faltará para que eso también haga crisis. Se debe hacer un alto y volver a discutir el modelo de elección de consejeros y formas de integración de los tribunales de justicia electoral. No caer en la tentación de ‘desaparecer el INE’, sino mejor promover la consigna de ‘renovar al INE’. La primera consigna puede derivar en soluciones donde la medicina es peor que la enfermedad, y la segunda puede generar esperanza de mejorar los órganos de arbitraje electoral hacia una efectiva ciudadanización objetiva y razonablemente imparcial.
