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viernes, 29 marzo, 2024
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Ante falta de resultados, pide diputado a la ASE fiscalizar recursos de prevención del delito

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Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

■ Según cifras oficiales, los índices de criminalidad en el estado están aumentando año con año y los delitos de mayor impacto parecen incontenibles: Javier Calzada

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Mediante un punto de acuerdo, el diputado local, Javier Calzada Vázquez, propuso solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la revisión y fiscalización de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020, correspondientes a la prevención de la violencia y la delincuencia, ya que, según cifras en materia de seguridad, los índices de criminalidad en el estado están aumentando año con año y los delitos de mayor impacto parecen incontenibles.

El Semáforo Delictivo Nacional, expuso Calzada Vázquez, cuya estadística se genera con la información que los estados le proveen al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que para el mes de septiembre 2020, Zacatecas es el lugar número tres en semáforo rojo, por tener más de cinco delitos en este color, entre los que destacan extorsión, secuestro y homicidio, ocupando primero, segundo y quinto lugar, respectivamente a nivel nacional. Mientras que en los delitos de violencia familiar y lesiones, se ocupa los sitios número trece y catorce a nivel país.

Por tal motivo, Zacatecas se encuentra, hasta el corte del 20 de octubre de 2020, según la misma herramienta de rendición de cuentas, entre los estados en “doble rojo”, es decir, de los peores evaluados en materia de seguridad, al lado de entidades como Colima, Baja California, Quintana Roo y Guanajuato.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, recordó el legislador desde tribuna, Gobierno del Estado planteó como objetivo específico en materia de Seguridad Pública, “disminuir la incidencia delictiva en el estado de Zacatecas para contribuir a una cultura de paz en todos los niveles”, además de otras acciones como el fortalecimiento de la infraestructura, la profesionalización de los cuerpos policíacos, el incremento de los sistemas de vigilancia y el impulso de la prevención de la violencia y delincuencia en el estado, por mencionar algunas.

Dentro del impulso a la prevención, continuó Calzada Vázquez, se planteó el desarrollo y la operación del Programa Estatal para la Prevención del Delito; generar información geográfica del comportamiento de los delitos en la entidad para su prevención; promover el acercamiento de los elementos de seguridad pública a la sociedad, otorgando conferencias en escuelas; impulsar un programa interinstitucional de prevención de la drogadicción; promover cursos de capacitación de prevención del delito e integración de grupos de apoyo en las colonias; promover programas de atención a víctimas de la delincuencia e impulsar castigos más ejemplares.

En el Cuarto Informe de Gobierno rendido por el mandatario Alejandro Tello Cristerna, ante la Legislatura, señaló el diputado, se dio a conocer que a través de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito se da seguimiento al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Zacatecas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC), para la evaluación y promoción de las acciones que integran la Estrategia Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 2017-2021.

Para ello, expuso, se invirtieron 4 millones 850 mil pesos en el proyecto que proporciona asistencia técnica para coordinar, dar seguimiento, evaluar y promover las acciones que integran la estrategia estatal de prevención social del delito del Gobierno del Estado de Zacatecas. Además, en los recursos presupuestales para los ejercicios fiscales 2019 y 2020, asignados por la Legislatura a la Secretaría General de Gobierno, se le destinó a la estrategia de la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, 11 millones, 794 mil 073 pesos y 6 millones 737 mil 998 pesos, respectivamente.

Por otro lado, señaló que los programas anuales de auditoría 2019 y 2020, a cargo de la Auditoría Superior del Estado, no contempla la revisión y fiscalización de los recursos públicos asignados a la estrategia de la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.

“Entendemos que la comisión de los delitos tiene varios factores para producirse, y que la prevención social del delito es una estrategia que se utiliza por las administraciones para tratar de contener o aminorarlos; sin embargo, es necesario medir y evaluar para poder tomar decisiones sobre las mismas o buscar otras formas de reducirlos. Recordemos que es medido y evaluado, también puede ser mejorado”.

Así pues, ante el “alarmante” crecimiento de los índices delincuenciales en la entidad y por “la nula contención que están presentando los delitos de alto impacto”, el legislador consideró que es necesario que la Legislatura sea informada del resultado de la evaluación de los recursos públicos que han sido han sido destinados a la prevención social del delito durante al menos los dos ejercicios fiscales 2019 y 2020.

También para que informe, si la creación de una Subsecretaría en la Secretaría General de Gobierno ha sido una estrategia eficiente y si se ha dado cumplimiento al programa estatal de prevención del delito y a todos y cada una de las obligaciones del Estado en dicha materia. “Es decir, es necesaria la práctica urgente de una fiscalización del desempeño y evaluación del gasto, que permita identificar no sólo si hay cumplimiento al dispositivo legal, sino si se están aplicando de manera eficiente los recursos y en el objetivo para el que fueron otorgados”, concluyó Calzada.

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