■ Aseveran que mediante estos lineamientos es posible la viabilidad financiera
■ Señalan que “el monto máximo de los gastos de administración de un fondo de pensiones no debe exceder el 2% de los ingresos totales del mismo”
■ Sobre el área empresarial, exponen que deberá someterse a un análisis sobre la conveniencia de concesionarla, rentarla o venderla
■ Afirman que lo que ha llevado a la ruina al instituto no es el pago a jubilados y pensionados, sino los excesos que prevalecen en la administración por salarios altos y demasiado personal
Integrantes del Movimiento de Bases en Defensa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) dieron a conocer una propuesta de ley para este organismo, elaborada por los propios cotizantes, mediante el cual afirmaron que es posible la viabilidad financiera a corto, mediano y largo plazo.
Jorge Eduardo Dávila Rangel, integrante de ese movimiento, expuso que su propuesta se basa en un principio rector de 2 por ciento, el cual establecen los actuarios para el manejo de un fondo de pensiones.
“El monto máximo de los gastos de administración de un fondo de pensiones no debe exceder el 2 por ciento de los ingresos totales del mismo. Se propone invertir un 2 por ciento de los ingresos totales (producto de cuotas de los trabajadores, aportaciones patronales y otros ingresos provenientes de intereses de préstamos personales y del área empresarial) para el gasto administrativo del fondo”, explicó.
Es decir, si en este momento se tiene un ingreso de mil 200 millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones, significa que se deberá operar con un máximo de 24 millones de pesos anuales, lo que implica la necesidad de reestructurar la administración del Issstezac y modificar su organigrama de forma que sólo haya cuatro departamentos.
Estos departamentos serían Crédito y Cobranza, Contabilidad e Informática, Jurídico y Pensiones y Jubilaciones, los cuales deberán funcionar con un máximo de cinco personas especialistas, cinco administrativos y personal de intendencia que no exceda de tres personas.
Dávila Rangel señaló que también se deberá implementar el tabulador salarial que opera en el Gobierno de Estado, de forma que el director del instituto no perciba un salario mayor a los 50 mil pesos mensuales, incluyendo bonos y compensaciones.
Sobre el área empresarial, expuso que deberá someterse a un análisis sobre la conveniencia de concesionarla, rentarla o venderla, y si se recurre a la venta, el recurso deberá destinarse a la inversión en préstamos personales e hipotecarios en beneficio de los derechohabientes.
Ante la excesiva cantidad de trabajadores en el área administrativa del instituto, dijo que estos deberán someterse a un proceso de reubicación laboral, sin que se pierda su espacio laboral a menos que así lo decida el patrón y el trabajador a través de un proceso de retiro voluntario.
Respecto al pago de jubilaciones y pensiones, expuso, no deberá exceder 15 salarios mínimos vigentes y el pago mínimo de una pensión no deberá ser menor de 3 salarios mínimos.
Dávila Rangel agregó que, con el fin de cubrir el adeudo histórico que tiene el Gobierno del Estado con el magisterio, en el tema de vivienda, de la aportación patronal se destinará el 5 por ciento para la creación del fideicomiso.
Refirió que, en este momento, el adeudo de los entes públicos estatales y municipales por concepto de cuotas y aportaciones no enteradas al instituto es de 640 millones de pesos. Además, dijo que el salario base de cotización debe establecerse con claridad.
También mencionó el tema de la integración de la Junta Directiva y, de acuerdo a su planteamiento, se conformará por cuatro representantes de los entes públicos y cinco representantes de los derechohabientes, además de un representante del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac.
Para la designación del director del instituto, la propuesta indica que esta corresponde a la Legislatura local, pero con base en una terna propuesta por los representantes de los derechohabientes a través de una votación.
Por último, Dávila Rangel expuso que, con el fin de volver a capitalizar al instituto, se tendrá que hacer una aportación de recursos extraordinarios de parte del gobierno del estado, hasta que haya la regularización financiera.
Por su parte, Magdalena Herrera Carrillo, integrante de esta organización, afirmó que lo que ha llevado a la ruina al Issstezac no es el pago que se hace a jubilados y pensionados, sino a los excesos que prevalecen en la administración por salarios altos y demasiado personal.
“Es mayor el ingreso que recibe el instituto por cuotas y aportaciones que lo que gasta en jubilaciones y pensiones. Entonces, el problema del instituto es que ha habido una administración deficiente y la corrupción. Los gastos operativos suman 530 millones de pesos cada año y las aportaciones patronales no son recaudadas en tiempo y forma”, comentó.
