La 63 Legislatura turna a la ASE denuncia de la síndica de la capital

■ Ruth Calderón Babún denunció al alcalde, regidores y varios servidores públicos

- Publicidad -

En la sesión ordinaria de la 63 Legislatura acaecida este jueves, el pleno de la Legislatura determinó turnar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la denuncia que la síndica del municipio de Zacatecas, Ruth Calderón Babún, realizó contra varios servidores públicos del ayuntamiento, debido a que la Comisión Legislativa de Vigilancia no es competente para analizar dicho documento.

En sesión legislativa, el diputado Pedro Martínez Flores, presidente de la Comisión de Vigilancia, expuso que el pasado 16 de junio se recibió el oficio con la denuncia de la síndica capitalina contra el presidente municipal, Ulises Mejía Haro; los regidores Gregorio Sandoval Flores, Hiram Azael Galván Ortega, Nancy Harletl Flores Sánchez, María de Lourdes Zorrilla Dávila, Mayra Alejandra Espino García, Manuel Castillo Romero y Margarita López Salazar. También contra la tesorera municipal, Marivel Rodríguez Banítez; el secretario de Administración, Fernando Becerra Chiw, el director Jurídico, Gerardo Espinoza Solís, y la encargada de la Dirección de Recursos Humanos, Flavia Manuela Ortiz Sánchez.

Denuncia que fue turnada a la comisión correspondiente el 24 de junio para su estudio, misma que determinó, en el contexto de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción que dota de facultades para el cumplimiento de las funciones a la ASE, que no le correspondía a la Legislatura ni conocer, ni resolver los hechos expuestos en la denuncia interpuesta por Calderón Babún.

En dichas reformas constitucionales, precisó Martínez Flores, publicadas el 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se determinó “que las Legislaturas estatales dejaran de conocer de los procedimientos de responsabilidad administrativa, con la finalidad de garantizar la imparcialidad y objetividad en la investigación y resolución de los asuntos”.

“Como se ha precisado, las reformas constitucionales y los ordenamientos legales mencionados han establecido un nuevo marco legal en materia de responsabilidades administrativas, en cuya aplicación no se da intervención a esta Representación Popular”, expuso el legislador panista desde tribuna, por lo que reiteró, la comisión que preside, tanto como la propia legislatura, carecen de facultades para resolver estos hechos.

Por lo contrario, las autoridades facultadas para aplicar la ley son las secretarías, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades; los Tribunales y cuando se trate de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los poderes judiciales, serán competentes de investigar e imponer sanciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

“En tales términos, se estima procedente remitir el escrito de denuncia referido y sus anexos a la Auditoría Superior del Estado, con la finalidad de que, en ejercicio de sus atribuciones, le dé el trámite que corresponda” dijo el diputado, por lo que el punto de acuerdo se aprobó como de urgente y obvia resolución dada su naturaleza e importancia.