Dos de cal…
Algunas de esas iniciativas, o facetas de ellas, son positivas. Ahí están, por ejemplo, la que se enfoca en el fortalecimiento de los poderes judiciales locales; la parte de la reforma de Zaldívar que tiene que ver con fortalecer la carrera judicial —aunque pudiera mejorarse— y con la apertura de más espacios para las mujeres, la erradicación del acoso sexual y la consolidación de la defensoría pública; las reformas que buscan mejorar los procesos de selección de los consejeros de la Judicatura y de los ministros de la Suprema Corte, al establecer ciertos requisitos y prohibiciones. También es apreciable la propuesta de comparecencias públicas en la selección de magistrados locales, pues representaría un avance en términos de transparencia y participación ciudadana. Asimismo, van en el sentido correcto las diversas iniciativas dirigidas, tanto al ámbito local como federal, para el establecimiento de la paridad de género como principio de selección de funcionarios del Poder Judicial en todos los niveles. Finalmente, las iniciativas en materia de justicia digital son de gran relevancia, aunque es muy importante analizarlas a detalle para que tomen en cuenta los diversos grados de avance que tienen los poderes judiciales en la materia y se fomente la implementación de soluciones tecnológicas que garanticen el debido proceso y la transparencia en todo momento.
Por otra parte, consideramos que otras iniciativas ponen en riesgo la independencia judicial. Es el caso de la que propone crear una tercera sala en la Suprema Corte, que permitiría el nombramiento de cinco ministros adicionales en un solo sexenio, lo cual abriría la puerta a la selección de perfiles cercanos al Gobierno, expondría a la Corte a intereses políticos particulares o simplemente facilitaría la alteración de su equilibrio ideológico. La que propone suprimir los Consejos de la Judicatura estatales es, quizá, la más frontal en sus propósitos, pero no se quedan atrás las que proponen modificar los procesos de nombramiento de consejeros de la judicatura y ministros mediante el voto popular o procesos que solamente involucren al Legislativo. Y es por el costado de la pérdida de equilibrios que también algunos aspectos de la reforma de Zaldívar son cuestionables; como lo han comentado Hugo Concha o Julio Ríos, la reforma plantea una excesiva concentración de poder en la cúpula del Poder Judicial de la Federación, tanto en la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura. De acuerdo con estos investigadores, esta concentración amenaza la independencia del órgano a su interior, pero también lo hace vulnerable a injerencias externas. Finalmente, esta gran concentración implica, asimismo, un riesgo al ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia
El contexto importa
Es importante señalar que, si el anuncio de Ricardo Monreal se cumple, estas reformas se van a discutir en un contexto muy especial. Primero, el de un proceso electoral donde el Poder Judicial de la Federación, a través de su Tribunal Electoral, interviene. Dada la concentración de poder en una mayoría legislativa formada por el partido que llevó al presidente al poder, no es descabellado pensar que los legisladores podrían tener la tentación de aprovechar las reformas para capturar o amenazar al Poder Judicial. Por otra parte, en el contexto de la contingencia por covid-19 —que ha detenido la prestación de la mayoría de los servicios de los poderes judiciales, lo que redunda en un rezago importante en muchos poderes locales—, la justicia digital, tema que no estaba inicialmente contemplado en la discusión, se ha vuelto urgente.
Para discutir reformas tan importantes, se necesita una visión integral, una reflexión profunda y una reforma sin prisas. También se necesita un Parlamento abierto, donde jueces, magistrados estatales y federales, expertos académicos y de la sociedad civil puedan intervenir, compartir sus conocimientos y recomendaciones.
En este sentido, desde México Evalúa impulsamos un Foro el año pasado para dar voz a los poderes judiciales —que entonces no la habían tenido—, así como a integrantes de sociedad civil y academia, para discutir la reforma judicial que merecemos.
Ahora, durante la inauguración de los trabajos sobre la reforma judicial, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Julio Menchaca, refirió que de hecho ya había iniciado el Parlamento abierto, y añadió que “las universidades, los colegios, las barras de abogados, los litigantes y la sociedad en general” podrán ser parte de la discusión. Pero al 15 de septiembre no se había dado a conocer alguna convocatoria que abriera el registro para los interesados. Cabe remarcar: solamente se puede considerar Parlamento abierto un proceso basado en la transparencia y que incluya a una pluralidad de voces de expertos de la sociedad civil y de la academia, así como de los poderes judiciales de todos los niveles.
La decisión de abrir o no este espacio dejará en claro si la verdadera intención de los legisladores consiste efectivamente en mejorar y ampliar el acceso a la justicia o, por el contrario, lo único que pretenden es fortalecer el control político sobre los poderes judiciales. En particular, se podrá saber si la 4T iba en serio cuando dijo que quería hacer las cosas de maneras distintas o si quiere dejar una huella más en la tradición del uso político de la justicia.
Esto está en juego, nada más ni nada menos.
*Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa y Adriana Aguilar (@adi_aguiarias) es investigadora del mismo. Las autoras agradecen las revisiones de Pablo García.
