La política criminal mexicana es un desastre, por eso México es uno de los países más violentos del mundo. Este 2020 cabe esperar una cifra superior a los 34 mil homicidios, lo cual coloca al país en la lista de las 10 naciones más peligrosas para sobrevivir.
Durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, el país sufrió crisis económicas recurrentes que arrasaron con el patrimonio de millones de personas. No fue hasta que resolvimos una política económica atinada que las cosas comenzaron a cambiar. Pero casi de inmediato sucedió otra crisis, la de la violencia y la inseguridad. Desde entonces de poco ha servido la política criminal destinada a combatirla.
Los distintos gobiernos han producido mucho ruido y pocas nueces: discursos grandilocuentes, reformas sobrevaloradas, golpes mediáticos, notables delincuentes juzgados por el tribunal de la opinión pública, cárceles sobrepobladas, policías corruptas y políticos asociados con las peores mafias.
En revancha, la fatiga y también la indiferencia asaltan el ánimo de la inmensa mayoría. Se cuentan por miles las comunidades que ya se resignaron a convivir con la violencia y los violentos porque dieron por descartado que el Estado tenga capacidad para cambiar las cosas.
Mengua día con día la esperanza que sí despertó la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, cuando se comprometió a desterrar la corrupción.
Se hizo pronto evidente que no alcanza la honestidad del mandatario para domar al monstruo. Sin menospreciar lo que vale, es obvio que se requiere de mucho más para lograr que la violencia escampe.
Así como no bastaría contar con un secretario de Hacienda decente para podar la hidra de la hiperinflación, tampoco alcanza un secretario de seguridad o un fiscal decentes para que la curva de homicidios se aplane. La violencia tiene como causa principal una política criminal largamente desconectada de la realidad.
La evidencia disponible dice que la inmensa mayoría de los delitos cometidos en México están exentos de castigo o, lo que es lo mismo, están protegidos por la impunidad institucional. Los malos resultados de la política criminal pueden valorarse a partir de sus cuatro componentes: contexto social para la comisión de delitos, investigación criminal, judicialización y ejecución de sentencias.
En el México del siglo XXI, el contexto de las conductas delictivas está determinado por el control territorial de las organizaciones criminales y por una desigualdad que lastima, sobre todo, las oportunidades de las poblaciones más jóvenes.
El segundo eslabón del fenómeno se halla en manos de la policía dedicada a la investigación y en los agentes del Ministerio Público responsables de integrar las carpetas que luego serán valoradas por los jueces.
El tercer tramo depende de los poderes judiciales –local y federal– responsables de impartir justicia y, finalmente, el último eslabón es el encargado de ejecutar las sentencias y de reinsertar en la sociedad a las personas liberadas.
Ciertamente, los cuatro eslabones de esta cadena están quebrados: la circunstancia social es propicia para la delincuencia, la investigación sufre de incapacidad aguda, el juzgador está rebasado y el sistema penitenciario es una máquina que induce a continuar delinquiendo.
Si bien la administración lopezobradorista emprendió un esfuerzo de proporciones nunca vistas para reducir la desigualdad a través de transferencias directas para las poblaciones más jóvenes, el control territorial que sostienen las organizaciones criminales no ha encontrado todavía límites.
Atendiendo los estándares del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México cuenta con menos de un policía certificado por cada mil habitantes. Esta cifra tendría que multiplicarse por 20 para que la tarea investigativa ofreciera otros resultados.
Falla también la proporción de Ministerios Públicos; de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) de la Universidad de las Américas Puebla, el país tiene un promedio de 3.6 agencias por cada 10 mil habitantes. La misma fuente advierte que por cada mil delitos cometidos hay sólo cinco agentes del Ministerio Público disponibles.
La edición más reciente del IGI exhibe también una insuficiencia alarmante en el número de jueces. Mientras en México contamos con 2.17 por cada 100 mil habitantes, en el resto del mundo el promedio es de 17.8. No sorprende, en esta circunstancia, el inmenso rezago que presentan los juzgados.
Respecto al último eslabón, el IGI calcula que durante el último lustro el personal penitenciario se ha reducido en alrededor de 15%. El dato es grave porque mientras el promedio mundial es de un custodio por cada 10 reclusos, en México se cuenta con cuatro custodios por cada 60 personas internadas en prisión. De nuevo, la falta de personal es explicación relevante para comprender las fallas.
Si un día México se tomara tan en serio la política criminal, como en otra época nos tomamos en serio la política económica, ganaríamos pronto la lucha a favor de la paz.
La principal deuda del Estado mexicano contemporáneo es la ausencia de una política criminal de Estado que cuente con objetivos claros y medibles y atienda con suficiencia de recursos financieros, materiales y humanos los desafíos de la violencia y la injusticia.
