Trabajo digno para construir un Estado de Bienestar en México

Trabajo digno para construir un Estado de Bienestar en México

Hace alrededor de seis meses, el Nobel de economía Joseph Stiglitz escribió: “en la mayoría de los países avanzados la economía de mercado no funciona para amplios sectores de la sociedad. En ningún lugar es más evidente que en Estados Unidos; hoy tiene más desigualdad y menos movilidad social ascendente que la mayoría de los otros países desarrollados. Tras un siglo de aumento, la expectativa media de vida en Estados Unidos está en caída. Y para los que pertenecen al 90% inferior de la distribución de ingresos el salario real (ajustado por inflación) está estancado: el ingreso de un trabajador varón típico hoy es más o menos igual que hace 40 años”. Como es bien sabido, la situación en México es peor.

Sin embargo, no obstante, lo crudo de este diagnóstico agravado sin duda por los estragos causados por la pandemia de la Covid-19, todavía son muy pocas voces las que concluyen que en urgente trazar un nuevo rumbo futuro mediante la adopción de un capitalismo progresista (término acuñado por el propio Stiglitz), que sin dejar de reconocer las virtudes del mercado también reconozca sus limitaciones y se asegure de que la economía esté al servicio de todos.

El nuevo modelo implica redactar un nuevo contrato social entre los trabajadores y las corporaciones, entre los ricos y los pobres para que un estándar de vida de clase media se generalice, para lo cual los mercados tienen que estar al servicio de la sociedad y no al revés. Necesitamos un nuevo contrato social que garantice a todos los ciudadanos acceso a atención médica, educación, seguridad al momento del retiro, vivienda asequible y trabajo decente con remuneración digna. Esto es: la clave fundamental para un nuevo contrato social es ofrecer alternativas públicas en servicios esenciales para el bienestar.

Un paso indispensable para abrir la puerta al nuevo pacto en México, es que el gobiero del presidente Andrés Manuel López Obrador acelere la puesta en marcha de la reforma laboral, poniendo énfasis en los cambios en materia de democracia sindical porque persisten los contratos de protección, la intimidación y el acoso a trabajadores. También es importante que los sindicalistas mexicanos conviertan en una fortaleza para el avance el hecho de que el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establece un mecanismo de respuesta rápida, que en un plazo de seis meses permitiría sancionar directamente a una empresa con aranceles, multas o embargo, en caso de reincidir, por no cumplir con el derecho de libertad sindical y negociación colectiva.

Me parece relevante que los sindicalistas mexicanos tengan presente que hace un mes un grupo importante de congresistas (demócratas en su mayoría) de Estados Unidos envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, expresando su preocupación porque, según ellos “…a pesar de que México ha aprobado la reforma en la legislación laboral, persisten los viejos problemas, los empleadores continúan firmando nuevos contratos de protección con los sindicatos dominados por los empleadores, que los trabajadores no han votado ni visto, y quienes levantan la voz e intentan mejorar las condiciones laborales siguen enfrentando intimidación y acoso. Aún más problemático, en varios casos recientemente documentados, han sufrido violencia física, desapariciones y muertes como resultado de su activismo”.

De acuerdo con el senador Napoleón Gómez Urrutia, existe coincidencia con los legisladores norteamericanos en que establecer la democracia básica en el lugar de trabajo en México requerirá varios esfuerzos críticos coordinados, incluida la construcción de la capacidad administrativa y técnica del gobierno para implementar la reciente reforma laboral que garantiza a los trabajadores el derecho a votos rápidos, seguros y democráticos sobre la representación sindical, la ratificación de los convenios colectivos y elección de dirigentes sindicales, ninguno de los cuales todavía se ha puesto en marcha. Lo cual incluye facilitar y monitorear proactivamente el proceso de legitimación de los contratos colectivos, ya que los expertos estiman que al menos 76 por ciento de éstos en México son, de hecho, contratos de protección.

Parece evidente que existe materia para hacer sinergia y construir con los sindicalistas norteamericanos los acuerdos necesarios y suficientes que sean la base para orientar sus luchas por recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios perdida por los trabajadores en ambos países en el lapso de la hegemonía neoliberal. Se puede y se debe demostrar que es posible dar luchas concertadas para que sus conquistas no sean benéficas para unos trabajadores a costa de perjudicar a los del país vecino.

Confiemos en que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, ejerza una conducción firme y comprometida con el programa de la Cuarta Transformación.

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