Desde el año pasado en diversas partes del mundo, incluido México, las mujeres han protagonizado manifestaciones contundentes que expresan su profundo malestar por los niveles que ha alcanzado la violencia en su contra. Las más recientes manifestaciones provocadas por varios feminicidios deberían provocar la inclusión de este tema en la agenda prioritaria del Gobierno Federal y de la propia Cuarta Transformación. Debemos tener siempre presente que de acuerdo con la ONU la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación a sus derechos humanos con consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las víctimas. Además de afectar el bienestar de las mujeres que la padecen, la violencia ejercida en contra de ellas también impacta negativamente a sus familias, comunidades y países.
Si bien existe en nuestro país un amplio marco normativo para proteger los derechos humanos de las mujeres, la falta de armonización de las leyes estatales de violencia contra las mujeres y de los códigos y procedimientos penales con la normatividad federal ha dado lugar a tratamientos diferenciados que constituyen un obstáculo para garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de las políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar a las víctimas el acceso a servicios integrales y multidisciplinarios para su atención, y el acceso a la justicia.
Según los datos publicados en noviembre de 2019 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de ese año se registraron en México 833 presuntas víctimas de feminicidio, 11 por ciento más que en el mismo periodo de 2018. De ese total, además, 83 mujeres tenían menos de 18 años. Por otro lado, de enero a octubre de 2019, se registraron 2 mil 309 mujeres víctimas de homicidio doloso. La suma de víctimas de feminicidio y homicidio doloso da como resultado final 3mil 142 mujeres víctimas de homicidio entre enero y octubre de 2019, lo que equivale a 10 mujeres asesinadas al día en México.
Si bien los índices de violencia varían según el contexto social, la violencia generalizada, la cultura de la denuncia y la eficacia en el registro de datos de cada lugar, no debemos perder de vista que la raíz de la violencia contra las mujeres y las niñas es de carácter estructural y es favorecida por una cultura machista.
Es cierto que diversas agencias de la ONU reconocen los esfuerzos que se han hecho para fortalecer el marco normativo e instalar capacidades en los servidores y servidoras públicas para mejorar las formas en las que se aborda este problema desde las instituciones, sin embargo, para poner un alto a los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género y prevenir sus múltiples manifestaciones (física, psicológica, sexual y económica), así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios, se requieren transformaciones culturales profundas y cambios en las normas sociales que nos permitan desmantelar los estereotipos de género que limitan el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas. Es urgente transitar hacia formas no violentas de relacionarnos, que favorezcan el pleno reconocimiento de la dignidad humana y que garanticen el libre ejercicio del derecho de mujeres y niñas a gozar de una vida libre de violencia.
Es necesario que el gobierno asuma de inmediato la tarea de elaborar políticas de prevención de la violencia de género, medidas para aumentar la conciencia de los derechos humanos de las mujeres a través de campañas de alcance nacional y la creación de capacidades institucionales para el diseño, control y evaluación de las políticas sobre seguridad. Se deben elaborar programas y políticas publicas que alienten a las mujeres a denunciar los casos de violencia de género, incluida la violencia doméstica, y asegurar que las víctimas de esta violencia tengan acceso a atención institucional oportuna y efectiva.
Los legisladores deben promover ya la derogación de las disposiciones de la legislación que discriminan a las mujeres y las niñas, la regulación de los medios de comunicación para que no se revictimice a las mujeres y que se armonicen las definiciones legales y las sanciones para la discriminación y la violencia contra las mujeres. El Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General deben garantizar que el personal de juzgados, fiscalías, defensorías públicas, agencias de policía federal, estatal y local, adquieran la capacitación suficiente para garantizar la aplicación del Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) promovido por ONU mujeres. ■
