La tercera parte del territorio estatal está concesionada a proyectos mineros o acuíferos

La tercera parte del territorio estatal está concesionada a proyectos mineros o acuíferos
Principales países con conflictos socioambientales en 2019 ■ FOTOS: CORTESÍAV

■ Zacatecas, primer lugar a nivel nacional en conflictos socioambientales

■ Actualmente hay 12 casos; se prevé que esta cifra aumente en los próximos años: Federico Guzmán López, académico

■ México se ubicó en el sexto lugar mundial en lo que respecta a conflictos socioambientales

■ Son datos de la Red Mundial Enviroment Justice Organizations, Liabilities and Trade

 

Zacatecas ocupa el primer lugar a nivel nacional en conflictos socioambientales, con 12 casos, y se prevé que esa cifra aumente en los próximos años, pues prácticamente la tercera parte del territorio estatal está concesionado para proyectos de exploración minera o acuífera, reveló la Red Mundial Enviroment Justice Organizations, Liabilities and Trade, mismo que es coordinado por el Atlas Mundial de Justicia Ambiental (EJAtlas).

Federico Guzmán López, integrante del EJAtlas y posdoctorante del Conacyt en el Doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad Autónoma Chapingo, informó además que, en el cierre del 2019, México se ubicó en el sexto lugar mundial en lo que respecta a conflictos socioambientales, mientras que a nivel mundial se registraron un total de 3 mil 11 casos.

En estos conflictos destaca, especialmente en Zacatecas, que su causa principal es que prevalece una política de saqueo de los bienes comunes naturales para beneficio del capital privado.

Durante el 2019, refirió que en Zacatecas se pretendía registrar un acumulado de 10 casos y al final se alcanzó un total de 12; para México la meta estimada era 105 casos y hubo 108; y a nivel mundial se preveía una cifra poco menor a los 3 mil casos, pero al final se registraron 3 mil 11.

“Esta información es muy reveladora y da cuenta que nos estamos acabando nuestra riqueza natural y estamos destruyendo la biodiversidad de nuestro planeta a pasos agigantados, consumiendo nuestros bosques, agua y fauna; y con ello afectamos las condiciones de vida de las actuales y siguientes generaciones, porque ponemos en riesgo cuestiones elementales como el derecho humano al agua y a la alimentación”, expuso el especialista.

Sobre el caso concreto de Zacatecas, Guzmán López detalló que el registro de casos de conflictos socioambientales en el Atlas Mundial de Justicia Ambiental corresponde a un trabajo colectivo en el que académicos e integrantes de organizaciones ambientalistas y defensoras del territorio, principalmente de universidades nacionales como la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma Metropolitana y locales como la propia Universidad Autónoma de Zacatecas, así como del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas que, en conjunto, contribuyeron a documentar los casos relacionados con el despojo de agua, saqueo de la riqueza mineral y generación de residuos.

El trabajo realizado para registrar los conflictos socioambientales en el EJAtlas, expuso, consistió en revisar diversos documentos disponibles en informes de organizaciones ambientalistas, periódicos, información de instituciones públicas, resultados de investigaciones académicas y datos disponibles en páginas web.

“La información que hemos revisado y analizado, vista desde el pensamiento crítico de la ecología política y la economía ecológica, nos da cuenta que tanto en México y Zacatecas los gobiernos Federal y estatal han construido sus proyectos de desarrollo a partir del despojo territorial. Porque se trató de gobiernos neoliberales en México, que tomaban sus decisiones ante la creencia de que crecimiento económico es igual a desarrollo nacional, a partir de esa creencia que en realidad es un mito, privilegiaron las inversiones de capital privado transnacional para crear empleos, sacrificando el territorio, el medio ambiente y los derechos humanos. Hoy la realidad y los datos nos indican de manera contundente que, en México, uno de los principales territorios sacrificados ha sido el estado Zacatecas, desde los cinco siglos que llevamos de saqueo de la conquista y Colonia y que se intensificó durante el periodo 1982-2019, es decir en los 37 años que llevamos del modelo neoliberal”.

A manera de antecedente, un primer aspecto a resaltar es que en el mes de enero del año 2019 el estado de Zacatecas ocupaba el cuarto lugar nacional en conflictos socioambientales y se tenía el registro únicamente de seis casos en el Atlas Mundial de Justicia Ambiental (cuatro por proyectos mineros: Salaverna y Peñasquito en Mazapil, La Colorada, Chalchihuites, y La Zacatecana, Guadalupe; uno por gestión residuos tóxicos en Nuevo Mercurio, Mazapil y uno por administración de agua en el proyecto de la Presa Milpillas).

Para el 31 de diciembre de 2019 se alcanzó el primer lugar nacional con un total de 12 casos de conflictos socioambientales distribuidos en el territorio zacatecano. Los seis nuevos casos que se agregaron durante el año 2019 en el Atlas Mundial de Justicia Ambiental fueron relacionados sobre proyectos mineros: Minera Real de Ángeles en Noria de Ángeles, Minera San Martín de Grupo México en Sombrerete, Minera San Acacio en Vetagrande, Minera Madero de Peñoles en Morelos, Minera Macocozac de Aranzazu en Concepción del Oro y Minera Noche Buena en Melchor Ocampo.

De acuerdo con Guzmán López, “no es suficiente sentirnos orgullosos de que los datos del Instituto de la Plata o del Consejo Mundial del Oro nos indiquen que México sea el líder mundial en producción de plata o el décimo lugar en producción de oro, si paradójicamente el Atlas Mundial de Justicia Ambiental nos ubica en el sexto lugar en cuanto a conflictos socioambientales en el planeta o que el estado de Zacatecas figure a nivel nacional en el primer lugar de conflictos socioambientales”.

De la misma forma, señaló que tampoco debe haber orgullo porque en Zacatecas se reproduzca el mismo fenómeno de predominio de conflictos socioambientales por proyectos mineros como ocurre a nivel nacional, aunque en el caso local se presenta con mayor gravedad debido a que, mientras en el país únicamente tres de cada diez conflictos socioambientales son relacionados con la megaminería, en Zacatecas son ocho de cada diez casos los que se vinculan a la industria minera de capital privado transnacional.

Asimismo, consideró que en Zacatecas y en México se está presentando lo que los teóricos llaman como el incremento de las fronteras del extractivismo, donde el capital privado transnacional se está insertando en nuevos nichos de valorización del capital, a través de megaproyectos mineros, alimentarios, hídricos y energéticos, principalmente para exportarlos hacia el norte global.

En el estado “vemos cómo los megaproyectos ya están migrando del campo a la ciudad, porque ya no solamente tenemos proyectos extractivos en Mazapil, Concepción del Oro, Melchor Ocampo, Sombrerete, Chalchihuites, Noria de Ángeles, Ojocaliente, por citar algunos municipios; sino que ya también tenemos algunos megaproyectos extractivos tanto mineros (ya sea en fase de explotación o exploración) o cerveceros en los municipios de Fresnillo, Calera, Zacatecas y Guadalupe. Y qué bueno que solamente fueran megaproyectos generadores de empleo como nos dicen desde el discurso del gobierno, sino que ahí donde hoy se instala un megaproyecto extractivo, mañana surgirá un conflicto socioambiental”.

La perspectiva para el mediano y largo plazo en materia de conflictos socioambientales para Zacatecas, afirmó Guzmán López, no es muy alentadora, porque se prevé que el número de conflictos se incremente durante los próximos años, sobre todo si se revisan las cifras que arroja el documento Panorama Minero de Zacatecas 2018, del Servicio Geológico Mexicano que indica que en el estado están concesionados 2 millones 381 mil 859 hectáreas, equivalente al 31.64 por ciento del territorio zacatecano. Algo muy parecido con lo que sucedió en México que durante el periodo neoliberal se concesionó el 58.5 por ciento del territorio mexicano.

Por otra parte, comentó que, si se toma como referencia la numeralia de conflictos socioambientales de fuentes de información distintas al EJAtlas, que registran otras plataformas y bases de datos para el caso mexicano, algunas cuentan con registros cercanos a los 900 y mil 500 casos.

Por ejemplo, María Fernanda Paz en el año 2012 obtuvo un registro de 95 casos durante el periodo 2009-2011. Otra información de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México dada a conocer por Víctor Toledo en el año 2015 indicó que durante el periodo 2009-2013, se documentaron 298 casos y para el periodo 2012-2017 se incrementó a 560 conflictos.

Otros datos más recientes los ofreció el periodista Jesús Lemus en el año 2018 que recabó la existencia de mil 488 conflictos socioambientales en México, mientras que un colectivo de investigadoras de la Flacso México y De Montfort University dieron a conocer en el año 2019 un registro de 879 conflictos socioambientales en el territorio mexicano.

Para el caso de Zacatecas, el investigador Sergio Elías Uribe, colaborador del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, durante el mes de noviembre de 2019 presentó un listado con 16 conflictos socioambientales mineros, mismos que clasificó en laborales y ecoterritoriales, localizados en 11 municipios del territorio zacatecano, siendo los siguientes:

El investigador Uribe también señaló que podrían incorporarse la Laguna el Pedernalillo, ubicada en el municipio de Guadalupe y los megaproyectos mineros Cozamin de Capstone Gold y El Compás de Endeavour Silver, localizados en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.

Guzmán López indicó que, de acuerdo a lo anterior, el número de conflictos que aparece en el EJAtlas sobre México y Zacatecas aún se encuentra subrepresentado, lo que significa un desafío para los ecologistas políticos, los protectores del ambiente, investigadores y aquellos que se dedican a la divulgación científica que dispongan de información para documentar más casos de conflictos de mediana, baja intensidad y latentes que aún no han sido visibilizados.

Para el estado de Zacatecas, consideró que podrían incorporarse posteriormente los casos relacionados con las ladrilleras en los municipios de Fresnillo y la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, el relleno sanitario intermunicipal administrado por Jioresa, así como más casos de conflictos relacionados con la industria minera o con la escasez de agua en las zonas rurales y urbanas de la entidad zacatecana.

Ante esa situación, dijo que iniciativas como el Diplomado en “Derechos Humanos, Sostenibilidad Ambiental y Cultura Indígena”, que organizó desde finales del año 2019 el Álvaro García Hernández, coordinador de la Maestría en Docencia e Investigación Jurídica de la UAZ, resultan de gran pertinencia para analizar los problemas públicos que reflejan la realidad actual de la entidad, ya que permiten divulgar este tipo de información para que servidores públicos, estudiantes e integrantes de organizaciones de la sociedad civil puedan impulsar acciones colectivas en torno a la visibilidad de estos temas que deberían ser de interés prioritario en la agenda pública del desarrollo de Zacatecas.

Por último, informó que la Red Mundial Enviroment Justice Organizations, Liabilities and Trade, que coordina el Atlas Mundial de Justicia Ambiental (EJAtlas), es dirigido por Joan Martínez Alier desde el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y es este organismo el que actualmente recaba los conflictos socioambientales de 152 países del mundo, mediante un aporte colaborativo transdisciplinario que reúne a especialistas de cinco continentes.

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