■ Hay un probable daño al erario por 12 mdp que se proponen como sanción resarcitoria
■ Se contrató a la compañía Krystal S.A. de C.V. para negociar con los ejidatarios, a fin de adquirir la certeza jurídica de las tierras donde se desarrollarían las obras
■ Probables responsables son el ex titular de SAMA, Víctor Armas; la representante de la empresa, Cristal Hernández y el ex coordinador jurídico de SAMA, Salvador Constantino
■ La compañía Materiales y Construcciones Camino Real S.A. de C.V. recibió señalamientos por presuntas irregularidades por parte de la SFP federal
El Sistema Milpillas fue anunciado desde el inicio de la presente administración como el proyecto del quinquenio y una prioridad para resolver el problema de la falta de agua en la zona centro del estado, particularmente en el área conurbada de la capital y Guadalupe.
Sin embargo, en días pasados el gobernador Alejandro Tello Cristerna anunció que se desiste de llevarlo a cabo, pese a la existencia de recursos federales, debido al fracaso que ha habido en las negociaciones con los ejidatarios.
Los trabajos para lograr la posesión legal de las tierras en las que se pretendía construir la primera parte del proyecto, la presa de Milpillas, en el municipio de Jiménez del Teul, comenzaron con irregularidades al haber contratado por una suma millonaria a una empresa que se encargaría de esta labor, pero que nunca fue concretada.
No obstante, los señalamientos y situaciones irregulares han estado presentes desde antes del inicio de los trabajos en campo, desde la elaboración del proyecto ejecutivo del sistema.
Primero, en el gobierno anterior encabezado por Miguel Alonso Reyes y cuando era secretaria de Agua y Medio Ambiente, Fabiola Rivera Salinas, se contrató a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas para que realizara este proyecto, para lo que se pagaron casi 8 millones de pesos.
Al llegar el nuevo gobierno, ya con Alejandro Tello Cristerna y como secretario de Agua y Medio Ambiente, Víctor Armas Zagoya, se firmaron dos nuevos contratos, en esta ocasión con una empresa privada llamada Edificaciones Celta S.A. de C.V., para que realizara lo mismo, es decir, el proyecto ejecutivo del Sistema Milpillas.
En este caso el monto de los servicios ascendió a casi 40 millones de pesos divididos en 3.1 millones en un primer contrato y 35.4 millones de pesos en el segundo.
El siguiente paso en el que también hubo observaciones, incluso por instancias fiscalizadoras como la Auditoría Superior del Estado, fue el de la contratación de la compañía Krystal S.A. de C.V. para que se encargara de las negociaciones con los ejidatarios, a fin de adquirir la certeza jurídica de las tierras donde se desarrollarían las obras.
Concretamente, el trabajo para el que se le pagó a esta empresa fue el de realizar un “diagnóstico integral de los regímenes de propiedad privada, así como ejidal y/o comunal en zona de inundación del vaso donde se construirá la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teul y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo”.
Los resultados de la auditoría practicada al ejercicio del recurso público de 2016 concluyeron que en este tema existe un probable daño al erario por irregularidades que superan los 12 millones de pesos, que se proponen como sanción resarcitoria.
Esto, debido a que al momento de la revisión no había “evidencia documental de los resultados correspondientes con los cuales haya dado cumplimiento con las obligaciones contraídas en el contrato”, cuya fecha de firma es del 9 de diciembre de 2016 y el cual se otorgó por adjudicación directa y no mediante licitación.
Los probables responsables de este perjuicio de la hacienda pública, de acuerdo con lo que se señala en la propia auditoría, son el ex secretario Víctor Armas Zagoya, la representante de la empresa, Cristal Hernández Román, y quien se desempeñaba como coordinador jurídico de SAMA, Salvador Constantino Ruiz.
Empresa con antecedentes
de irregularidades
Sin tener la certeza jurídica de los terrenos, Gobierno del Estado avanzó en el proyecto y contrató a una empresa para que comenzara los primeros trabajos de intervención en el área donde se construiría la presa Milpillas.
La compañía fue Materiales y Construcciones Camino Real S.A. de C.V. que, en la licitación en la que participaron 19 empresas, se ubicó entre las cinco que hicieron propuestas económicas por debajo del presupuesto que el Gobierno estatal tenía contemplado para esta etapa.
Aunque no fue la que hizo el planteamiento más barato, se le asignó el contrato por un monto de 140.8 millones de pesos.
El contrato se firmó el 28 de junio con Héctor González Orozco, quien señaló ser el único administrador de la compañía asentada legalmente en el municipio de Villa de Cos.
En el documento se acordó pagar en julio de 2018 un anticipo de 30 millones de pesos que, más las tasas impositivas, ascendió a 50 millones, además de que se estableció un periodo de ejecución que abarcaba del 31 de julio de ese año al 5 de enero de 2019.
Fue tras la firma de este contrato cuando se elaboró el convenio de colaboración entre el Gobierno estatal, a través de SAMA, y el Gobierno Federal encabezado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Entre las responsabilidades del Gobierno estatal dentro de este documento estaban las de liberar los terrenos y el pago de las indemnizaciones de estas tierras y de bienes distintos para poder iniciar los trabajos de construcción.
No obstante, esto no se cumplió por parte del gobierno de Zacatecas y por ello tuvieron que detenerse las intervenciones que estaba realizando en el lugar la empresa Materiales y Construcciones Camino Real S.A. de C.V. Debido a esta suspensión de la obra se tuvieron que devolver a la Federación 120 millones de pesos.
Asimismo, la operación de la compañía también recibió señalamientos por presuntas irregularidades, los cuales fueron hechos por la Secretaría de la Función Pública federal tras una revisión.
Entre las observaciones está el haber comenzado los trabajos sin tener todos los permisos de liberación de los terrenos, la falta de términos precisos para aplicar correctamente en anticipo y una serie de deficiencias en la propuesta económica ya que no se contemplaron algunos gastos que sí debían preverse.
También se señaló que, derivado de esta situación, hay un recurso no recuperable de 40 millones de pesos que tiene que ver con gastos en trabajos y mano de obra de los que no se presentaron evidencias para sustentar su existencia y por materiales que supuestamente se compraron pero no fueron localizados.
Éstas no fueron las primeras observaciones que esta empresa, además, recibió por parte de algún ente fiscalizador ya que anteriormente había sido señalado por irregularidades desde la Auditoría Superior del Estado.
Fue la encargada de las obras de ampliación del edificio de la presidencia municipal de Zacatecas y en estos trabajos se detectaron sobreprecios y también deficiencias en la construcción y los acabados que conllevaron desperfectos en las instalaciones.
También fue la empresa responsable del Ecoparque Centenario que ha sido blanco de críticas por las malas condiciones en las que se encuentra parte de su mobiliario urbano y la infraestructura en general.
