La Constitución mexicana establece que el salario mínimo debe satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia y resultar suficiente para proveer educación a los hijos, pero durante las décadas recientes este precepto fue sistemáticamente violado por una connivencia perversa entre la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, los sucesivos gobiernos federales, la iniciativa privada y los líderes sindicales charros. Con el pretexto de que elevar las percepciones de los trabajadores por encima del incremento en la productividad conduce de manera inevitable a espirales inflacionarias que anulan el aumento nominal de los salarios, éstos fueron sometidos a una brutal pérdida de poder adquisitivo que se tradujo en el empobrecimiento de las mayorías y en un crecimiento raquítico del mercado interno.
En diciembre pasado se vivió un viraje histórico en esta política de contención salarial, al producirse un acuerdo entre el gobierno entrante y el sector patronal para emprender una política de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores mediante aumentos del salario en términos reales y no sólo nominales (es decir, que el aumento se ubique claramente por encima de la inflación efectiva). Ya fuera porque la cúpula empresarial se sensibilizó con las graves carencias de las masas trabajadoras, o porque decidió impulsar el mercado interno como refugio ante la incertidumbre en los mercados de exportación que causó la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo cierto es que el empresariado dejó atrás el discurso alarmista sobre los efectos inflacionarios del salario y respaldó su mayor incremento en términos reales en 23 años.
A casi 12 meses de que entraran en vigor los nuevos salarios mínimos, no sólo se han despejado por completo los temores de un impacto en la inflación, sino que además se experimenta un círculo virtuoso sobre las percepciones de los trabajadores en general. Así lo muestra, por ejemplo, que todas las revisiones de salarios contractuales que tuvieron lugar en los pasados 13 meses se hayan saldado a favor de los ingresos de los trabajadores, con un beneficio concentrado entre quienes se emplean en el sector empresarial. Esta noticia resulta positiva por lo que supone para los trabajadores y sus familias, pero también porque en el mediano plazo la mejora de los ingresos contractuales podría impulsar la formalidad y, por esta vía, el deprimido mercado interno.
Sin duda alguna el incremento a los minisalarios aprobado hace un año, que se encuentra en fases avanzadas de negociación en este momento, y el consiguiente empujón a los salarios contractuales, resultan insuficientes para revertir décadas de embates contra el poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que no pueden ser vistos como la solución a las graves inequidades en materia de remuneraciones, sino apenas como un punto de partida. Con todo, cabe saludar la rectificación del rumbo y el reconocimiento de la justicia social como un deber de las autoridades que redunda en beneficio de todos los sectores.
