El Senado de la República cedió a las presiones de los banqueros y de los grandes productores agrícolas, así como a las que ejercieron las empresas automotrices transnacionales. Los banqueros argumentaban que “la propuesta fiscal de limitar la deducción de intereses a las empresas tendría impacto negativo en las inversiones futuras”, por lo que el Senado optó por eliminar dicha propuesta y además legisló para que las compañías tengan 10 años para deducir y no tres como estaba escrito.
Al respecto cabe decir que a pesar de que los empresarios han podido deducir los intereses de sus deudas, no ha habido crecimiento de la inversión. La inversión fija bruta en los últimos 10 años solo ha crecido al 0.8% promedio anual. Lo que ha frenado el crecimiento de la inversión no son los impuestos, sino la falta de crecimiento de demanda derivada de la política de austeridad fiscal que ha venido predominando y que el actual gobierno mantiene.
Los banqueros también se opusieron a la disposición que eleva la retención por parte del fisco de los intereses generados por las cuentas de ahorro en el sistema bancario mexicano, señando que ello atenta sobre el ahorro. Hay que aclarar que si el ahorro no ha crecido es porque el ingreso nacional y la actividad económica no han crecido. El ahorro depende del ingreso, y si éste no crece, no crece el ahorro y la economía no ha crecido debido a las políticas de austeridad fiscal, como al contexto de libre comercio que ha llevado a que las importaciones desplacen a la producción nacional, lo que atenta sobre el ingreso de empresas y la generación de empleo, como sobre salarios. Por lo tanto no son los impuestos los que disminuyen el ahorro, sino la política económica predominante.
Los grandes empresarios se opusieron a lo que la Cámara de Diputados aprobó de que cuando una empresa enfrenta un proceso de liquidación, los administradores, socios o accionistas sean responsables solidarios. El Senado eliminó dicha medida, por lo que las autoridades empresariales quedan exentas de responsabilidad solidaria, y el fisco no podrá cobrar los adeudos fiscales de la empresa del patrimonio de los administradores, socios y accionistas, por lo que las empresas podrán continuar utilizando las liquidaciones como estrategia de evasión fiscal. Vemos así, cómo el gran poder económico del país se sigue imponiendo, sea el gobierno o el Congreso del color que sea, lo que pasa a cuestionar la llamada Cuarta Transformación, tan anunciada por el partido mayoritario.
Asimismo, el Senado elimió el cobro de derechos de agua para los productores del campo que había decidido la Cámara de Diputados. Ello evidencia el claro conflicto de intereses que pulula en el Senado de la República. El mismo Senador Ricardo Monreal dijo que él es productor y que ello afectaría a su familia. Los otros senadores impulsores de la erogación de dicho cobro, también son productores y/o asociados a los grandes productores agrícolas de Sonora y otros estados. Dicha iniciativa no afectaría a los pequeños y medianos productores ni mucho menos a la mayoría de los productores agrícolas, que son de temporal, que no tienen acceso al agua de riego, solo a la de la lluvia. Tal Iniciativa estaba dirigida a evitar el desperdicio del agua que es común en los grandes productores agrícolas. Así como se establecen impuestos a los cigarrillos y al alcohol, para evitar el consumo desmedido por ser perjudicial para la salud, el cobro al derecho de agua al exceso de su uso, estaba encaminado a salvaguardar dicho recurso escaso, vital para la sobrevivencia de nuestro planeta y al Senado de la República no le importó.
El Senado también se rindió frente a los intereses de la industria automotriz internacional, al eliminar el acuerdo de la Cámara de Diputados de regular los denominados autos chocolate, bajo el argumento de que ello ponía en riesgo a la industria mexicana. La Iniciativa de los Diputados estaba encaminada a apoyar a los pequeños agricultores del norte del país que no tienen recursos para adquirir camionetas de agencia para realizar su proceso productivo, por lo que recurren a los llamados autos irregulares (chocolates). Pefectamente el Senado podría haber instrumentado una regularizacion solo de autos para uso de trabajo agrícola con modelos de hasta el año 2005 y ello no afectaría a la industria automotríz establecida en el país, pero optaron por ponerse de tape ante dicha industria.
A diferencia del planteamiento de funcionarios de Banxico de que la política fiscal aprobada por el Senado es “prudente y garantiza la estabilidad macroeconómica del país”, resulta que ni es prudente ni garantizará la estabilidad macroeconómica del país, sino que al continuar con el superávit fiscal aprobado, llevará a la economía a la recesión. Cabe señalar que lo prudente no está en función de seguir recortando el gasto público para alcanzar un ahorro para el pago de la deuda y la reducción de la misma, sino que la política fiscal hay que evaluarla en torno a su impacto sobre la actividad económica y al sacar el gobierno de la economía, más de lo que gasta en ella, la lleva a la recesión.
Temen trabajar con gasto público deficitario por considerarlo que aumentaría la deuda y generaría presiones inflacionarias. Si el gasto deficitario se canaliza a incrementar la producción y el empleo nacional, aumenta el ingreso nacional, lo que se traduciría en mayor recaudación tributaria (sin necesidad de aumentar impuestos), por lo que se estaría autofinanciando asimismo el mayor gasto público. El gobierno no requiere emitir deuda ni aumentar impuestos para gastar. Simplemente debe gastar en aquello que es producido internamente para evitar presiones sobre precios y sobre importaciones.
