El pasado 20 de julio, la Ciudad de Zacatecas se vistió de los colores de la diversidad. Al paso de la XVII Marcha de la Diversidad Sexual, invadió la emoción del acompañamiento de familias, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y otros grupos, todas aliadas y aliados que abríamos camino por la ciudad de cantera y plata abanderando la lucha por la Igualdad.
Al unísono de ¡Todas las personas, todos los derechos! ¡Matrimonio igualitario, Ya! y ¡Menos odio, más amor!, la ciudadanía expresó las más sentidas deudas sociales y el reclamo de los derechos humanos fundamentales con el fin único del reconocimiento de la igualdad y defensa de la dignidad.
Después de la Marcha la lucha sigue, queda el gran compromiso de articular fuerzas y estrategia de trabajo con los poderes públicos, particularmente el Congreso del Estado y con ello la armonización legal para garantizar el matrimonio igualitario y la protección de todas las familias.
No olvidemos que el matrimonio, incluido el matrimonio civil igualitario, es un acto jurídico para la protección de las familias, de sus hijas e hijos, cuando las parejas decidan tenerles o adoptarles.
Sobre el matrimonio civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que es inconstitucional la ley que prevea que el matrimonio es aquel que se celebra únicamente entre un hombre y una mujer o que condicione la procreación como su objetivo.
La ciudad de Zacatecas mostró apertura al orgullo de ser quienes somos, sin embargo, para lograr el respeto de la dignidad humana todos los derechos deben ser protegidos, respetados y garantizados en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, independientemente de nuestra atracción erótico-afectiva u orientación sexual.
Estas marchas de diversidad al interior de todo el país recuerdan a la sociedad que las expresiones, actos y leyes que tengan como objeto el negar, restringir u obstaculizar el ejercicio de los derechos de una persona por su orientación sexual, son un acto de discriminación.
El Estado tiene obligaciones en materia de Derechos Humanos y bajo esa perspectiva se deben garantizar los derechos de todas las personas, incluido el de formar una familia y que ésta sea protegida a través del matrimonio igualitario, si así lo desean.
Por ese motivo, al legislar el matrimonio igualitario, el Estado no “impone” la “normalidad” de la orientación sexual de las personas, sino que garantiza que todas las personas tengan los mismos derechos.
Siempre será necesario recordarnos que existe en México el Principio de la separación Estado-Iglesia (Art. 130 Constitucional), lo que implica que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas y las Iglesias no pueden intervenir ni oponerse a las leyes.
A los poderes públicos les toca cumplir con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, garantizar todos los derechos para todas las personas sin discriminación alguna.
Estar en ello es colocarnos del lado correcto de la historia: la igualdad. ■
*Defensora de DDHH
