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jueves, 28 marzo, 2024
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Diputados sancionan con amonestación pública a 37 servidores públicos

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Por: RAQUEL OLLAQUINDIA •

No presentaron su declaración de situación patrimonial del ejercicio fiscal 2014

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Este jueves 37 servidores públicos fueron sancionados con una amonestación pública por parte del Congreso del Estado por no haber presentado su declaración de situación patrimonial relativa al ejercicio fiscal 2014.
Se trata de 6 trabajadores de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y 31 ex funcionarios municipales que fungieron como regidores o alcaldes en las administraciones municipales 2013-2016.
Entre las personas amonestadas públicamente se encuentran los ex presidentes municipales de Concepción del Oro, Ramón Montejano Cepeda; de General Francisco R. Murguía, Manuel Benigno Gallardo Sandoval; de Ojocaliente, Iván Husain Vitar Soto; Susticacán, José Gustavo Vázquez Carrillo; y de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal.
También está en el listado de sancionados la ex síndica de Susticacán, Juana Rojas Trujillo; y 25 ex regidores de Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Genaro Codina, General Francisco R. Murguía, Loreto, Luis Moya, Nochistlán, Ojocaliente, Río Grande, Susticacán, Villa de Cos, Villa García y Zacatecas.
Aparte de estas aprobaciones, los diputados este jueves eligieron a los alcaldes interinos de los municipios de El Plateado de Joaquín Amaro y de Fresnillo.
Tras la aprobación de los dictámenes en los que se avaló la elegibilidad de los integrantes de una terna en cada ayuntamiento, se determinó que María Leticia Dávila Sandoval quedará como presidenta municipal de Joaquín Amaro y que Javier Torres Rodríguez estará al frente de El Mineral.
Asimismo, en la sesión ordinaria de este jueves se aprobó la donación de un predio precisamente por parte del ayuntamiento de Fresnillo a favor de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que en él se pueda construir el Centro de Justicia para Mujeres.
En asuntos generales, la diputada Lorena Oropeza Muñoz habló acerca de la situación en la que se encuentran actualmente los Centros Regionales de Reinserción Social (Cerereso) y en concreto el varonil de Cieneguillas.
Tras referir el proyecto de remodelación anunciado en estos días por el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, y sostener que, en palabras del funcionario, se van a tener instalaciones “de lujo” para los internos, consideró que la preocupación debería estar en el control de las relaciones entre los grupos delincuenciales que tienen presencia en este espacio.
“Me parece que en vez de estar presumiendo que los reos van a tener instalaciones de lujo con canchas de ejercicio, gimnasios, etcétera, debería estar preocupado justamente por la lucha que se da por el control al interior de los centros penitenciarios. (…)”, señaló.
Aun así, recalcó que es necesario que se cumplan las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que las personas privadas de la libertad tengan condiciones de vida dignas y posibilidades de lograr la reinserción social.
No obstante, sostuvo que, ante las riñas entre internos y el continuo decomiso de objetos prohibidos, se requiere poner atención y atacar lo que denominó como una “red de corrupción” en los centros penitenciarios.
En este sentido, la legisladora cuestionó: “Cómo es posible que no se pueda controlar una población de 987 reos, cómo es posible que nadie se dé cuenta como ingresan objetos prohibidos, que al interior del Cerereso se encuentre todo tipo de drogas, que al interior de unos metros cuadrados exista un control de grupos delincuenciales”.
Tras hacer estos señalamientos, Oropeza Muñoz concluyó, por tanto, preguntando: “¿Qué podemos esperar, entonces, los que estamos afuera, donde el estado no tiene fronteras ni estamos bajo vigilancia de ningún cuerpo policial y donde también los grupos hacen lo que quieren?”.

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