Los niños, niñas y adolescentes de México debieran constituir un sector privilegiado al que se garantice el cabal cumplimiento de sus derechos humanos fundamentales, sin embargo, en el escenario actual, nadie tiene asegurada la vida, la libertad, la salud, el desarrollo ni la educación. Lamentablemente, los gobiernos en sus tres niveles, no cuentan con estrategias o políticas públicas orientadas a promover el progreso sostenible del país en el marco de un estado de Derecho que sea el nirvana en el que nuestros menores puedan desarrollarse armónicamente, más bien, la realidad es muestra palpable de la ausencia de gobernabilidad, de inteligencia o de ganas de crear otro tipo de condiciones para que la vida sea posible. En este sentido, la organización Infancia Cuenta Nacional, afirmó que de 1990 a 2015, 30 mil niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio y que solamente en el 2015, mil 57 niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, fueron asesinados en nuestro país. De tal manera, todos los retos que deben sortear los niños y adolescentes, se complican cuando tienen la cualidad de ser indígena, ya que no hay una parte de la población en México que no tenga tantas ausencias en materia de derechos humanos que nuestros indígenas, los cuales tienen que verse en la necesidad de trabajar en las calles y ser objeto de diversas formas de discriminación y cómo no, si el mismo sistema jurídico los discrimina, tal es el caso de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada el 4 de Diciembre de 2014 en la que solamente una vez se encuentra la palabra indígena en el artículo 64 donde establece que en poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades tienen la obligación de difundir la información institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena local. De ahí en más, no existe una sola disposición que asegure una calidad de vida óptima para los niños indígenas, demostrándose que institucional y jurídicamente existe mucha simulación en detrimento de sus intereses. En este contexto, la UNICEF asegura que las niñas, niños y adolescentes indígenas en México constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales y, tomando en cuenta la información del Consejo Nacional de Población, se tiene que hay alrededor de 13.7 millones de personas indígenas en el país, de los cuales 6.7 son hombres y 6.9 son mujeres, pertenecientes a 62 diferentes grupos étnicos, lo lamentable es que 76.1% de la población de habla indígena vive en pobreza. Por su parte, los estados con mayor número de indígenas son los del sur y sureste del país, es decir, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, con un total de 7.3 millones y, de estos, se tiene que la mayoría de las casi 25,000 comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños indígenas. La UNICEF señala que el 33.2% de los niños indígenas menores de 5 años sufría de baja talla en 2006, en comparación con el 12.7% de todos los niños de esa edad. Otro dato importante se relaciona con la tasa de mortalidad infantil de la población indígena que es 60 por ciento mayor que la de la población no indígena. En este contexto, la UNICEF sentencia que el incumplimiento de los derechos básicos de los niños indígenas también se refleja en su bajo nivel de logros educativos ya que se estima que la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas es cuatro veces más alta (más de 26% de la población de 15 años y más) que el promedio nacional (7.4%). Una de cada tres escuelas primarias generales es multigrado, mientras que dos de cada tres escuelas indígenas son multigrado, es decir, sus docentes atienden más de un grado. Otro dato importante que vierte la UNICEF México es que el 2005, apenas el 13% de los estudiantes del sexto grado de primaria en las escuelas indígenas, se encuentra en el grupo más alto en términos de comprensión lectora, comparado con el 33% de promedio nacional. El 51% se encuentra en el nivel más bajo (el promedio nacional es de 25%). El INEGI señala que muchos niños y niñas indígenas dejan de ir a la escuela porque tienen que comenzar a trabajar a una edad muy joven, de tal suerte, el 36% de los niños indígenas entre 6 y 14 años de edad trabajan, el doble que el promedio nacional calculado en 15.7%. Todo lo anterior, demuestra que las brechas educativas y la violación de derechos humanos fundamentales, condenará a nuestros niños y adolescentes indígenas a ensanchar los altos índices de analfabetismo, discriminación y pobreza que históricamente los ha vulnerado. ■
*Integrante del Consejo Mundial para la
Defensa de los Derechos Humanos
