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viernes, 29 marzo, 2024
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Comisión de atención a víctimas opera con menos personal del que marca la ley

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Por: RAQUEL OLLAQUINDIA •

■ Requiere de la generación de nuevas plazas, en concreto para asesores jurídicos

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■ En otras áreas, como psicología y trabajo social, también es necesaria la contratación de más personas: Everardo Ramírez Aguayo

La Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del estado de Zacatecas (CEAIVZ) opera con menos personal del que marca la ley y requiere de la generación de nuevas plazas, en concreto, para asesores jurídicos; más, inclusive, cuando los datos muestran que las atenciones que brinda se han triplicado en tan sólo un año.

El titular de la CEAIVZ en la entidad, Everardo Ramírez Aguayo, explicó que ya se han hecho gestiones para que les autoricen más puestos de asesores jurídicos al interior del organismo, ya que es cada vez mayor el número de víctimas que llegan con solicitudes de atención por parte de estos profesionales.

Además, la ley marca que deben tener al menos un abogado por cada uno de los 18 distritos judiciales que hay en el estado pero, actualmente, su plantilla de asesores jurídicos es de 7. “La ley es muy clara”, puntualizó.

El funcionario expuso que en otras áreas, como psicología y trabajo social, también es necesaria la contratación de más personas pero expuso que, en estos casos, han tenido el apoyo de la Secretaría de las Mujeres y del Sistema DIF Estatal, así como de los institutos de las mujeres de los ayuntamientos y de los DIF municipales.

“Cuando requerimos de alguna atención y seguimiento de víctimas, estas instancias nos están apoyando sobre todo a dar una valoración y posteriormente un seguimiento, en caso de que la víctima lo pida o el psicólogo vea la necesidad. (…) Le ponemos puntos específicos de lo que requerimos y hemos tenido bastantes resultados”, explicó.

No obstante, el tener más asesores jurídicos se hace necesario no sólo para cumplir con la ley en la materia sino para cubrir con la demanda que se ha incrementado de manera exponencial.

En 2016, dijo Ramírez Aguayo, atendieron a alrededor de 250 víctimas y en lo que va de 2017 la cifra ya ha aumentado hasta alcanzar casi las 730.

El hecho de que se haya triplicado el número de atenciones se debe, expuso el titular de la comisión, a que tanto los jueces como los agentes del Ministerio Público “tienen la obligación, y lo hacen, de leer los derechos de las víctimas y les explican que hay un área especial con asesores jurídicos que son considerados como de oficio, aunque son a petición de parte”.

Esto hace que el 90 por ciento de los casos que reciben sean de víctimas enviadas por un juez o un Ministerio público, mientras que el 10 por ciento restante corresponde a personas que conocen por otras vías la existencia de la comisión y llegan para ser atendidos.

En un primer momento, señaló Ramírez Aguayo, la mayoría de quienes llegan a solicitar apoyo piden asesoría jurídica y después acceden a otro tipo de servicios, una vez que tienen conocimiento de todos los tipos de atención a los que tienen derecho.

En este sentido, apuntó que en el tema económico sobre todo se centran en apoyos inmediatos que tienen que ver con el pago de servicios funerarios, de medicamentos o de estudios médicos especializados.

Por otro lado, refirió que también existen las ayudas conocidas como compensación y que tienen que ver con la reparación del daño fijada en una sentencia judicial.

Explicó, pues, que este rubro se activa cuando “un sentenciado tiene ya que pagar una preparación del daño y realmente no tiene la solvencia económica al momento para poder cumplirle a la víctima. Entonces, la víctima no tiene la necesidad de estar esperando a que el sentenciado tenga para pagarle y el fondo entraría de manera subsidiaria, dejándonos a nosotros como comisión el derecho de repetición para solicitarle en un momento al interno o sentenciado para que reintegre el dinero que le dimos a victima al fondo”.

De apoyos inmediatos, señaló, se han otorgado 400 mil pesos desde el mes de junio en el que empezó a hacerse uso del fondo de 6 millones de pesos que se tiene presupuestado para este año, mientras que de compensaciones únicamente hay un caso que en estos momentos está a punto de ser dictaminado.

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