■ Es responsabilidad política de Alejandro Tello Cristerna lo que ella haga, manifiestan
■ La funcionaria habría dirigido el operativo de desalojo en la comunidad de Mazapil
“Todos sabemos que esa orden la dio el gobernador, pero él no ha dado la cara y por lo que vemos no la va a dar”, por ello la exigencia de los afectados por el operativo dirigido por la Secretaría General de Gobierno el pasado 23 de diciembre en Salaverna, es la destitución inmediata de su titular, Gilda Fabiola Torres Rodríguez, dijo Efraín Arteaga Domínguez.
El representante en el estado de la UNTA, organización que defiende legalmente a los habitantes de esta comunidad de Mazapil, Zacatecas, cuyo subsuelo explota actualmente la empresa minera Tayahua SA de CV, de Carlos Slim Helú, agregó, “porque al final de cuentas es una responsabilidad política de Alejandro Tello Cristerna lo que ella haga, a menos de que la funcionaria ofrezca su renuncia, pero ya nos demostró que no tiene el perfil ético, político ni profesional para ocupar ese cargo”.
“Y sí vamos a ejercer todas las acciones legales en todas las instancias que sean posibles para no dejar ningún resquicio, ningún rincón, donde ellos puedan esconderse para escapar a su responsabilidad”, aseveró.
Dijo entonces que los afectados le tomarán la palabra a la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, e interpondrán ante esa dependencia la denuncia y ratificación que dijo se requiere para que investigue el proceder de los funcionarios involucrados en el operativo de desalojo, que han expuesto de ilegal y violatorio de derechos humanos y constitutivo de delitos como el abuso de autoridad, el ejercicio indebido de la función pública, allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad y daño en las cosas, así como los derivados de la destrucción de edificios públicos.
“Hemos estado descubriendo que hay una coincidencia que hace muy parecidos a los gobernantes y a los narcotraficantes, unos y otros le apuestan a que no habrá castigo. Le apuestan a la impunidad. Unos siguen haciendo matazones y los otros siguen violando los derechos humanos de la gente porque saben que no se les va a castigar”.
No obstante que la denuncia formal que interpusieron los salavernenses por los citados delitos el mismo 23 de diciembre no ha tenido ningún seguimiento por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJE), interpondrán la querella que ha dicho el titular es indispensable para investigar la presunta falsificación de documentos que dentro del informe de autoridad que presentó la subsecretaria de atención ciudadana de la Secretaria de Gobierno, Raquel Ortiz, para la integración del expediente del caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
“La Procuraduría General de Justicia del Estado no ha hecho absolutamente nada en relación a esas denuncias, no ha citado a comparecer a nadie, entonces está incurriendo en una omisión el procurador –Juan Francisco Murillo Ruiseco”.
Reiteró que interpondrán la denuncia correspondiente en la SFP, “no sabemos si realmente vayan a investigar y vayan a imponer sanciones como debería, pero por lo menos si tendríamos que agotar la instancia”.
La intervención en este asunto fue anunciada por la propia secretaria de Gobierno durante su comparecencia ante los diputados a la 62 Legislatura, no obstante, al momento de entrevistarse a Paula Rey Ortiz Medina al respecto hace ya una semana, informó que no había recibido instrucción alguna al respecto y que los afectados podrían denunciar para que la dependencia iniciara una investigación.
Efraín Arteaga agregó que aún les falta realizar otras acciones legales, entre ellas, iniciar una denuncia ante la Secretaría de Economía federal, ya que es la dependencia que le otorgó la concesión a la empresa de Carlos Slim.
El fundamento son los artículos 43, 44 y 45 de la Ley Minera que establecen que cuando los trabajos de un proyecto minero pongan en peligro la seguridad, la integridad física o la vida de los trabajadores o pobladores, la SE tiene facultades para suspenderlos, y que violación a lo ordenado por la dependencia por alguna empresa minera, puede ordenar la suspensión de las obras o trabajos de manera definitiva.
Refirió que han interpuesto asimismo ya un recurso de revisión ante la Dirección de Protección Civil, que tuvo contestación el que esta entidad no tuvo como objetivo de sus notificaciones aquel 23 de diciembre a las personas que la promovieron.
“Cosa que nos parece ridícula porque en realidad lo que pretendían era demoler todas las viviendas”.
