- La decisión tiene altas expectativas de resultar a favor, afirma Jehu Edui Salas Dávila
Dentro de un mes, según estima el coordinador general Jurídico de Gobierno del Estado, Jehu Edui Salas Dávila, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría emitir su sentencia respecto de la constitucionalidad o no del Impuesto Ecológico que la administración estatal propuso como parte de su Ley de Ingresos este 2017.
La decisión del tribunal, dijo el funcionario, tiene altas expectativas de resultar a favor, pues “los argumentos técnico- jurídicos constitucionales que dimos para la defensa, han sido bien soportados, bien recibidos” por la Secretaría de Hacienda, pero también han sido “vistos con buenos ojos por los funcionarios judiciales”.
Ante el escenario observó respecto de la insistencia de las empresas mineras en señalar que pueden retirar sus inversiones del estado e irse, “que difícilmente se generaría”.
Expuso que el nivel de compromisos que capitales de ese tamaño representan no sólo en Zacatecas sino en el país y en todo el mundo, no hacen creíble que se verifiquen estas advertencias; “que por un impuesto de esta magnitud, de este tamaño, que para ellos realmente les significa muy poco de las utilidades netas que perciben anualmente, pudieran retirarse”.
Propuso entonces la postura de los empresarios mineros “como una estrategia natural de parte de ellos, de defenderse tanto en medios de comunicación como socialmente. Sin embargo, creo que el estudio que nosotros tenemos, que se hizo por parte de la Secretaría de Finanzas en apoyo con órganos nacionales, nos da la seguridad de que por lo menos financieramente no sería una decisión acertada para ellos”.
La semana anterior José Meade Kuribreña, secretario de Hacienda federal, estuvo en Zacatecas y celebró los esfuerzos de la actual administración por allegarse recursos propios.
En concreto, sobre el llamado Impuesto Ecológico que se propuso este año, Salas Dávila mencionó que “sí, definitivamente la propia Ley de Ingresos para este ejercicio fiscal fue desarrollada y planteada bajo el esquema y la perspectiva de los recursos que iban a generar estos impuestos y también con la reserva de que pudiera suspenderse o pudieran no llegar”.
“Sabíamos desde un inicio que el planteamiento de este nuevo impuesto sin duda iba a llegar a la Corte y que esa controversia constitucional nos iba a llevar un tiempo, por lo menos este año resolverla, estábamos conscientes desde antes de que se ingresara la iniciativa al Congreso del estado, y definitivamente, cuenta con los fondos necesarios el estado para salir del ejercicio”, aseveró.
Sobre el momento actual del proceso dijo que se encuentra “listo ya el tema en instrucción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, luego que tanto el Gobierno del estado de Zacatecas, la Legislatura local como la Presidencia de la República, quien interpuso una controversia constitucional a la propuesta de la administración de Alejandro Tello, han ofrecido sus pruebas ante el máximo tribunal del país.
“Acudimos en tiempo y forma a la audiencia de pruebas y alegatos, y hoy han quedado desahogadas todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas” por ambas partes.
Se está entonces “en espera únicamente de que la ministra instructora cite el asunto para sentencia; en este momento se encuentra en estudio y en instrucción (…) espero que a más tardar en un mes ya pueda estar resolviéndose en sentencia definitiva”.
Jehu Salas Dávila comentó sobre sus expectativas de un fallo a favor del Gobierno del estado de Zacatecas por parte de la SCJN, “la realidad, muy altas, definitivamente los argumentos técnico-jurídicos constitucionales que dimos para la defensa han sido bien soportados, bien recibidos; se ha platicado ampliamente no solo con las autoridades estatales, en la Secretaría de Finanzas, sino con la propia Secretaria de Hacienda y las han visto con buenos ojos los propios funcionarios judiciales, han tenido una opinión positiva y expectativa del mismo tipo en este tema. Entonces esperamos que en próximos fechas ya la Corte esté determinando la constitucionalidad de todo, o de parte de este impuesto”.
Mediante esta medida fiscal local el Gobierno del Estado de Zacatecas se propuso en la Ley de Ingresos del 2017, obtener recursos por hasta mil 200 millones de pesos que sirvieran para la preservación y remediación ambiental de la entidad.
La reacción de las empresas, entre ellas 25 mineras y dos cerveceras, fue interponer amparos y en algunos casos, litigar en medios amagando con el cierre de desarrollos en Zacatecas o el retiro de inversiones en la entidad.
Salas Dávila ha dicho que el alegato de Gobierno del Estado ante la SCJN se sustenta en una serie de analogías recuperadas de leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión “en donde de forma implícita se establece la facultad conferida a las entidades federativas para establecer medidas de control económico que permitan hacerle frente al impacto ambiental que generan los particulares en terrenos estatales”.
