Necesaria, una ley de medios que norme distribución de recursos para comunicación social: Cárdenas

Necesaria, una ley de medios que norme distribución  de recursos para comunicación social: Cárdenas
Raymundo Cárdenas Hernández, presidente del Consejo de Administración de Información para la Democracia, SA de CV, empresa editora de La Jornada Zacatecas ■ foto: MIGUEL áNGEL NúÑEZ

■ “La calidad de la información habla de la calidad de la democracia deliberativa en una sociedad”

“La calidad de la información nos habla de la calidad de la democracia deliberativa que existe en una sociedad, y si los medios son manipulados a través de la asignación de los contratos, la sociedad pierde, porque la calidad de la información a la que accede es menor”, expuso Raymundo Cárdenas Hernández, como una razón fundamental para que la sociedad exija la discusión sobre leyes que regulen la administración de los recursos públicos destinados a la comunicación social.

El presidente del Consejo de Administración de Información para la Democracia, SA de CV, empresa editora de La Jornada Zacatecas, recordó en entrevista realizada en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que al momento de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el presidente manifestó un decálogo de prioridades para el entonces naciente gobierno, entre las que figuraba justo una Ley de Medios de Comunicación. No obstante, a cuatro años de distancia esto ha como una promesa incumplida.

El objetivo de leyes de este tipo, abundó, es evitar que las autoridades caigan en la tentación de utilizar los recursos destinados a la comunicación social de manera discrecional o subjetiva, “para decir, le doy un contrato de servicio más robusto a este medio de mi amigo o correligionario, y menos a este otro que es mi adversario”.

Estos usos y costumbres de la clase política, además de la manipulación de la información, entre otras formas, mediante “la modulación” de la línea editorial de los medios de comunicación, se registra la represión a los derechos constitucionales a la información y la libertad de expresión, estos, que propone Raymundo Cárdenas Hernández como bases fundamentales para sustentar la normatividad administrativa de los recursos para la comunicación social.

“Siempre existirá algo de eso, pero si tenemos una ley y están claros sus criterios, cualquiera puede defenderse e ir a los tribunales a buscar un amparo”.

Esta leyes, de las que ya se han presentado iniciativas ante el Senado de la República, una por Javier Corral, otra por el Partido de la Revolución Democrática, y que observó, por tanto la existencia de materia para el análisis del tema, deben definir quiénes son los sujetos obligados a acatarlas, mismos que especificó, son “todos los servidores públicos” que administren recursos para la comunicación social.

“Estaríamos hablando de los gobiernos federales, estatales y municipales”, y organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas o la propia Universidad Autónoma de Zacatecas. Y consideró que ante las faltas u omisiones a ley, ésta también deberá contemplar sanciones.

En opinión de Raymundo Cárdenas Hernández, debe garantizarse mediante este tipo de normativas, en principio, la diversidad del espectro ideológico, de manera que las audiencias o lectores de medios de comunicación accedan a la información desde distintos enfoques, todos que debe involucrar siempre los criterios de veracidad y buena redacción o correcta estructuración para su mejor entendimiento y transmisión.

El Estado, agregó, debe proteger las líneas de comunicación “porque son parte del patrimonio inmaterial de los pueblos”.

Refirió distintas experiencias al respecto en Europa, donde se ha determinado que un cierto programa de radio local o un medio “que es muy apreciado por la comunidad” sea apoyado por el Estado.

En Italia ejemplificó, algunos periódicos son considerados patrimonio cultural de las poblaciones, por lo que es obligación estatal garantizar que no desaparezcan, cosa que podría ocurrir “si se les deja al libre juego de las fuerzas del mercado”, y que por tanto implicaría el empobrecimiento del debate público.

En este análisis, dijo, deben convocarse profesionales en sociología y/o antropología, quienes en el caso concreto, deben estudiar cómo se integra la sociedad zacatecana y cuáles son los medios de comunicación que ésta considera “indispensables”, entre los que incluyó periódicos que se editan en distintos municipios de Zacatecas.

Propuso que deben construirse indicadores desde los cuales el Estado concrete criterios para la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación, entre los que contó su penetración en las audiencias o lectores.

“Hay que ver qué tanto cumplen con su función de llevar la información pública a la población, ése es un tema importante. Toda sociedad que se precie de ser desarrollada debe tener medios que lleguen a toda la sociedad: jóvenes, adultos mayores, mujeres, habitantes de colonias populares  los del medio rural”, expuso.

Advirtió, que si un sistema de medios no está completo mantendrá a parte de su población sin ejercer sus derechos a estar bien informada, cosa criticable pero subsanable, dijo.

Además de cuántas personas escuchan, ven o leen un medio de comunicación, es necesario investigar en cuáles confían. Estos datos pueden obtenerse a través de métodos demoscópicos, y apoyarse en los recursos técnicos que ahora proporcionan las redes sociales, por ejemplo, la medición del número de “likes”, las veces que se comparte una información o de vistas.

Con base en estos indicadores un matemático puede encontrar una fórmula que le permita al administrador de los recursos para la comunicación social, tener indicadores objetivos y por tanto más justos para repartir la bolsa de recursos.

Aun cuando no se emita una ley general de medios de comunicación de estas características como la que dejó pendiente Enrique Peña Nieto, puede localmente proponerse una que administre los recursos que tanto el Gobierno del estado de Zacatecas como los municipios y organismos autónomos dedican al tema.

“Yo creo que una sociedad no puede vivir, sobre todo ahora, sin tener estándares altos de calidad informativa porque es a partir de esto como se diseñan las políticas públicas”.

 

En tanto que la clase política no se interesa por este asunto, que Raymundo Cárdenas introdujo recientemente en el Plan de gobierno alternativo y sustentable generado por un grupo de diputados e investigadores de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, reiteró, debe ser la ciudadanía y los propios medios de comunicación quienes lo impulsen.

No obstante dentro de los propios dueños de medios, hay discrepancias que exhiben posturas donde se piensa que la administración de recursos debe de ser “pareja”, cosa con la que por lo expuesto, no concuerda Cárdenas Hernández.

“Toda la sociedad debería de exigir que esta ley se discuta ya. Que Peña –Nieto- cumpla la promesa, pero sobre todo que los partidos políticos y la clase política entiendan, que aunque por lo pronto pierdan algunos espacios para la manipulación, a largo plazo la calidad de la democracia será mejor y entonces la competencia entre la clase política misma será de mejor calidad”.

 

 

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