Denuncian anomalías en proceso y violación a derechos humanos de ex policía estatal preso

Denuncian anomalías en proceso y violación a derechos humanos de ex policía estatal preso

■ Familiares de 2 ex agentes se entrevistaron con subsecretario de Gobierno y la procuradora

■ Les sugieren un procedimiento abreviado en que se consiga una reducción de la sentencia

Un grupo de familiares de dos ex policías estatales que fueron acusados de homicidio calificado tras la muerte de un joven en San Ramón hace poco más de dos años, se manifestaron en Plaza de Armas este lunes para pedir que se solicite el sobreseimiento del caso, de forma que se libere al ex agente que continúa detenido y se deje sin efecto la orden de aprehensión girada en contra del otro.

Verónica Hernández, madre del policía Juan Alejandro Esquivel Hernández, que no ha sido detenido aún por las autoridades, narró que los hechos se registraron el 3 de diciembre de 2013 en un camino de terracería en San Ramón, en el municipio de Guadalupe.

En un patrullaje en el que participaban 15 elementos de la Policía Estatal, a bordo de tres camionetas de la corporación, comentó, se le hizo el alto a un vehículo en el que viajaba una pareja. Éste, continuó, no se detuvo, dio media vuelta y se dirigió hacia los vehículos oficiales.

En ese momento fue cuando se produjeron los disparos que acabaron con la vida del joven que iba al interior del auto en cuestión y que también hirieron a la chica que lo acompañaba.

Por estos hechos, sostuvo Verónica Hernández, fueron acusados tres de los 15 policías que participaron en el operativo; sus dos familiares y un tercer agente identificado como el comandante Francisco Javier Orozco.

Los delitos por los que fueron acusados, precisó, son homicidio calificado, lesiones calificadas y abuso de autoridad. Finalmente, a través de un procedimiento abreviado, Orozco reconoció su culpabilidad y fue sentenciado por haber sido la persona que disparó contra el fallecido y la persona que quedó lesionada, tras llegar a un acuerdo de reparación del daño.

Aunque se le condenó a 4 años y 6 meses de prisión, señalaron los manifestantes, este ex policía estatal ya no se encuentra en el Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas, sino que fue liberado.

Mientras tanto, el agente Ángel Ricardo de Luna Escobedo continúa preso bajo los mismos cargos y, según denunciaron sus familiares, hasta ahora no ha tenido oportunidad de defenderse de estas acusaciones. Su madre, María de la Luz Escobedo Pinedo, consideró que “para los policías estatales y para cualquier policía no hay derechos, no hay garantías”.

Asimismo, se mantiene vigente la orden de aprehensión en contra de Juan Alejandro Esquivel Hernández, quien se encuentra prófugo debido a que “no se puede presentar porque le harían lo mismo”, es decir, no le respetarían el derecho a defenderse.

La madre de este ex policía hizo un señalamiento directo en contra del secretario de Seguridad Pública, Jesús Pinto Ortiz, pues advirtió que “nos engañó desde un principio porque ellos sabían quién era el que le quitó la vida al muchacho y nos metieron a los otros dos para hacer sombra y nos dijo ‘cállense y no digan nada, nosotros los vamos a ayudar’. Y hasta la fecha nos dejó solos”.

Poco después de iniciar su manifestación frente a Palacio de Gobierno, acudió al lugar el subsecretario de Gobierno, Miguel Rivera Villa, por lo que los familiares junto con el funcionario pasaron a reunirse en la sala de juntas de este recinto.

En el encuentro, la abogada de los afectados, Alicia Peñalver Palmas, explicó que debido a que la persona que fue sentenciada, e incluso liberada, recibió la acusación de “exceso en cumplimiento del deber”, en ese delito no cabe la coautoría, que es la forma en la que se les está involucrando a los otros dos ex policías.

Además, defendió ante el subsecretario que las pruebas evidencian la inocencia de ambos ex agentes, tanto quien se encuentra preso como el que “está lejos de casa”, pues no hubo premeditación ni dolo, y ni siquiera las heridas coinciden con la posición de la camioneta en la que se encontraban estos ex elementos policiacos.

La solicitud de sobreseimiento del caso para dejar sin efectos la vinculación a proceso y la orden de aprehensión debe realizarla la procuradora general de Justicia del estado, Leticia Catalina Soto Acosta, explicó la abogada.

Por ello, tras pedir un encuentro con la funcionaria, el subsecretario de Gobierno les informó que iban a ser recibidos por Soto Acosta a las 14 horas de ayer en la PGJEZ.

No obstante, al llegar a las oficinas de la Procuraduría fueron recibidos por el subprocurador Osvaldo Cerrillo, con quien habían expresado que no querían reunirse, puesto que ya desde el año pasado la única solución que les planteó el funcionario fue la de optar por un procedimiento abreviado y declararse culpables.

Osvaldo Cerrillo, tras escuchar las demandas, sostuvo que “tomamos nota” y que procederían a hacerle el planteamiento a la procuradora para poder revisar el expediente.

Finalmente, la titular de la PGJEZ tuvo un encuentro con los familiares en el que les informó que no era posible solicitar un sobreseimiento del caso y que la opción más factible que tienen es decantarse por un procedimiento abreviado en el que se consiga una reducción de la sentencia. Aun así, se aseguró que la Procuraduría revisará más a fondo el expediente.

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