■ El año pasado la CNDH publicó un diagnóstico que elaboró en el 2014
■ Aspectos que garantizan una estancia digna de los presos, entre los principales retrocesos
Tras la riña en el penal de Topo Chico, en el estado de Nuevo León, que tuvo como saldo 49 muertos y 12 heridos, se pone nuevamente sobre la mesa las condiciones que prevalecen en las cárceles del país, tanto en la cuestión del hacinamiento como de la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos de los internos.
En este sentido, cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elabora anualmente un diagnóstico de estos centros y en el último existente, relativo a 2014 y que fue publicado el año pasado, la situación de los penales de Zacatecas empeoró.
En concreto, el documento mencionaba que las condiciones de estancia y seguridad al interior de los Ceresos en la entidad habían sido las áreas afectadas por la reducción en las calificaciones que otorga la CNDH.
El empeoramiento en los resultados no sólo se dio en los dos principales centros de reclusión de la entidad que son el varonil y el femenil de Cieneguillas, sino que también se registró en el de Fresnillo y en la Cárcel Distrital de Ojocaliente.
Los descensos de resultados en todos ellos hicieron que la calificación media estatal bajara, entre 2013 y 2014, de 6.47 a 6.04 puntos.
Un año antes, por el contrario, se habían mejorado los resultados al pasar de suspenso a aprobado en esta materia, siendo de 5.70 puntos en 2012 y de 6.47 en el año siguiente. No obstante, en 2014 volvió a disminuir, al igual que la tendencia nacional.
Los principales retrocesos se detectaron en los “aspectos que garantizan una estancia digna” de los presos, las “condiciones de gobernabilidad” y los “grupos de internos con requerimientos específicos”.
Precisamente en relación a la gobernabilidad, el informe de la CNDH para Zacatecas concluye que de los cuatro centros revisados, tres suspenden en este punto.
Sobre todo en el penal varonil de Cieneguillas y en el de Fresnillo es donde se registró la situación más alarmante. En ambos, la CNDH apuntó en el diagnóstico que existían prácticas de corrupción al señalar que en las supervisiones se detectó la “presencia de cobros” por parte de los custodios e internos, además de “deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del centro”.
Por tanto, estos dos centros se incluyen en el diagnóstico en el listado de penales en los que hay “una importante problemática (…), donde los internos realizan o participan en actividades propias de la autoridad”.
