■ Sería duplicar las obligaciones que ya vienen conferidas en la ley nacional, dice
Debido a que la Ley General de Víctimas ya da obligatoriedades a los municipios y estados, no es necesario crear una ley estatal, puesto que la federal de por sí exige a Zacatecas dar atención sicológica y legal a las víctimas, hacerse cargo de los gastos funerarios que causa un fallecimiento, que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cree un despacho de negociación en caso de secuestro, dar alimentación y becas a hijos de víctimas, entre otros, comentó la presidenta de la Comisión legislativa de Seguridad Pública y Justicia, Claudia Anaya Mota.
A propósito de que el gobernador Miguel Alonso Reyes dio instrucciones a la PGJE para instalar foros de consulta para la creación de una Ley Estatal de Víctimas, la legisladora priísta comentó: “si quieren la podemos hacer, pero no sería más que duplicar las obligaciones que ya vienen conferidas en la ley nacional”.
Se debe hacer un trabajo de articulación de todas las dependencias del estado involucradas en proteger los derechos humanos para actuar a favor de la víctima, acciones que ya se hacen, pero con la ley se hará de manera coordinada.
La legisladora detalló que por el momento, la Comisión de Seguridad trabaja en homologar la Ley Orgánica del Ministerio Público y la del Poder Judicial con el Código Nacional de Procedimientos Penales, referentes al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, lo cual es fundamental y los tiempos apremian ya que el límite es 2016.
Dijo que el gobernador presentó una modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero fue anterior a que saliera el Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que los diputados deberán realizar un trabajo de dictaminación que incluya mayores elementos de vinculación respecto de la nueva normatividad.
La Comisión de Seguridad Pública y Justicia, adelantó, pedirá una prórroga porque tienen 45 días para sacar el dictamen, aunque el plazo se suspendió cuando hubo periodos extraordinarios de sesiones y se retomó en el periodo ordinario; ahora tienen 20 días para dictaminar dicha Ley Orgánica, pero insistió en que solicitarán un tiempo más para realizar trabajos con la PGJE y el Poder Judicial.
La intención es que para 2016 ya se tengan homologadas las leyes Orgánica del Ministerio Pública y la del Poder Judicial con el Código Nacional de Procedimiento Penales, acotó.
