La inmensa mayoría de los mexicanos no hemos leído ni conocemos mucho de la letra pequeña que como en todo contrato abusivo se oculta lo más posible del firmante, del contrato que a nombre de todos los mexicanos, las Cámaras de diputados federales, senadores, y ahora los Congresos locales en los estados, pseudo representantes populares están firmando, especialmente en lo correspondiente a las reformas laboral, hacendaria y energética, lastimando el espíritu de la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dinamitando el proyecto de nación que en un principio se concibió.
En primer lugar, la reforma laboral, que implicó de facto la abolición total del artículo 123 y todo el delicado y necesario entramado de convivencia de los elementos de la producción, trabajadores y los empresarios, esto significa que los trabajadores han sido vendidos, atados de pies y manos, a voraces explotadores, muchos de ellos extranjeros, aunque resulte incomodo el arcaico termino setentero que evoca la lucha de clases marxista, y a éstos se les ha entregado de manera institucional y legal el control pleno del régimen de relaciones laborales, baste revisar los términos de los nuevos derechos en la materia que ahora con esta reforma han quedado avalados incluso en la constitución, y a un año de que este régimen entrante prometiera más y mejores empleos sólo vemos sobreexplotación, más horas de trabajo en empleos formales y una mayor marginación salarial, estamos peor, y ahora respaldado por la ley laboral.
La reforma hacendaria en su mayor parte sólo es una simple miscelánea fiscal, sin embargo, su parte medular implica que los mexicanos en su conjunto, (lo que significa contribuyentes cautivos en su mayor parte), deberemos de aportar lo que se dejara de percibir por los ingresos petroleros, que serán transferidos a manos de quienes se beneficiaran con la renta petrolera, es decir, para “Peña y asociados” esa es la solución, un simple aumento de impuestos. La propuesta del Banco de México para homologar el IVA en todos los mercados fue de 17 por ciento. Al menos de manera oficial.
Y dicen que no es IVA, que es “impuesto al consumo”. Y agregan que son recursos para “combatir la pobreza”. ¿En serio? ¿Combatirán la pobreza aumentando el precio de los productos indispensables para vivir? Y sin embargo se mueve, la reforma va. Algunos diputados advierten que el aumento del IVA se elevaría hasta 23 por ciento; incluidos alimentos y medicinas. Además, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que actualmente se cobra en una tasa de 10 por ciento proporcional a los ingresos, ya está sobre el escritorio legislativo que se eleve hasta 30 por ciento.
Y la perla de la corona, la raíz de todo este afán reformista, la mal llamada Reforma Energética, como lo hacen los delincuentes, senadores del PRI, PAN y PVEM aprobaron las reformas constitucionales para la privatización del petróleo y la energía eléctrica, consumando así la meta más ambiciosa del gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto.
Y aprovechando las sombras de la noche, como ladrones, a espaldas de la sociedad mexicana, los priístas Enrique Burgos, de la Comisión de Gobernación; David Penchyna, de Energía, así como el panista Raúl Gracia, modificaron el predictamen que se discutió en comisiones para ampliar la inversión privada en Pemex y la CFE, permitir que las empresas mineras puedan entrar al negocio del gas, autorizar a corporativos petroleros dar servicio de energía eléctrica y sacar al sindicato petrolero del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, reconociendo el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y el priísta José Ascensión Orihuela que los cambios se concretaron en la madrugada de ese día, todo un albazo a favor de los grandes corporativos que se aprestan a tomar ya control de los recursos de la paraestatal.
Esto es un verdadero desastre para el país, significa la total anulación del régimen de propiedad de la nación sobre sus bienes primordiales, como el territorio, el subsuelo y los fondos marinos. Ya no hay una nación, un México poseedor de un patrimonio propio.
Esto es un cascaron legal que avala la propiedad de algunas siglas sin ningún contenido real: Pemex, CFE. Sus antiguas riquezas que se buscaba preservar para todos los mexicanos son ahora pasto de la avaricia y botín de grandes empresarios, en especial trasnacionales. Con cada voto de legisladores a favor de este despojo, se derrumbó voto a voto el México soberano que todos conocemos, y todo ello plasmado en la constitución.
No es lo peor, la Carta Magna, la constitución de 1917 ha sido anulada con estas reformas, el pacto social y político que encarnaba no existe ya. Pues todo ese armazón de instituciones fundadoras y protectoras que sostenía se está desmantelando y aboliendo por el conjunto de reformas anticonstitucionales que el gobierno de Peña Nieto ha hecho aprobar en el Congreso, todas dirigidas a destruir el antiguo pacto de la nación mexicana.
Sus instituciones fundamentales ya no serán las mismas. Y destaca el hecho esencial de que todos los principios de la convivencia social a los que daba lugar el pacto están siendo subvertidos para anular los derechos y las prerrogativas de los más amplios sectores de la población mexicana.
Este es el efecto de la llagada al poder de una oligarquía convertida en sistema dominante. El gobierno de los ricos más ricos y el dominio absoluto del dinero con sus secuelas de corrupción, dilapidación y desperdicio propio de los regímenes plutocráticos. Enrique Peña Nieto es el sepulturero de la Constitución que de aquí en adelante se convierte en un factor de desestabilización social y de desequilibrios que nadie sabe hasta dónde puede llegar. ■
