Con el voto mayoritario de las bancadas del PRI, el PAN y el Partido Verde, los congresos de Yucatán, Tamaulipas, Puebla, Chiapas, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Durango, entre otros, aprobaron por mayoría la minuta de Reforma Energética enviada por el Congreso de la Unión, con lo que suman ya la cantidad necesaria, por lo que dicha reforma ha sido consumada en un tiempo récord y con una opacidad escalofriante.
La celeridad que se observó durante las votaciones de estos 16 congresos, más los que se sumen, hace suponer que el periplo de la referida modificación legal en los congresos estatales está caracterizado por la ausencia de discusión y de debate reales, con votaciones fast track, y por avales legislativos producto de la consigna.
Lo anterior se suma al desaseo con que la reforma mencionada obtuvo luz verde en el Senado de la República: cabe recordar la introducción de cambios de última hora al dictamen aprobado por el pleno –que distó mucho del que fue discutido y votado en comisiones–, mediante un acuerdo de dudoso apego a la normatividad interna de esa instancia legislativa.
Por su parte, los integrantes de la Cámara de Diputados se saltaron la discusión en comisiones y votaron la Reforma Energética a pocas horas de haber sido recibida.
El desarreglo y manoseo de estos procesos legislativos es tan evidente que hasta fue criticado ayer por el ex aspirante presidencial Diego Fernández de Cevallos, personaje sobre quien no cabría sospechar la más mínima animadversión a la privatización energética.
Semejante conducta por parte de legisladores federales y locales es sumamente preocupante, no sólo porque refleja una mala conciencia de su parte ante los previsibles efectos negativos de la mencionada reforma –circunstancia que da sentido a la frase de que en política la forma es fondo–, sino también porque hace suponer que, más que a agendas programáticas y partidistas, la prisa por consumar su aprobación y entrada en vigor obedece a presiones de poderes fácticos del ámbito nacional e internacional –desde gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, hasta trasnacionales del ramo energético–, deseosos de que se concreten las oportunidades de negocio que abre la referida modificación constitucional.
Ante tal comportamiento de los poderes institucionales, debemos sumar las tropelías de la 60 Legislatura, donde de forma irregular se asignaron bonos millonarios y que ahora, gracias a la presión social, la Auditoría Superior del Estado ha dado a conocer este hecho. Falta ver si se dictan sanciones o cuando menos se regresa el recurso.
Si los representantes populares han actuado en forma desaseada y opaca durante la discusión y aprobación de una reforma tan trascendental como la comentada, es previsible que su eventual reglamentación y puesta en marcha estarán caracterizadas por una claudicación de las autoridades del país ante las ambiciones corporativas de control de los recursos energéticos. La Legislatura de Zacatecas, puede dar muestra de, cuando menos, mesura, apertura y sensibilidad política al abrir el debate y escuchar a la sociedad.
