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jueves, 25 abril, 2024
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Por la regeneración del PRD, de las izquierdas y del régimen político

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ •

A.- Procesos que definen la coyuntura

A un año del bicentenario del inicio de la Independencia y del centenario de la Revolución, el país vive momentos muy peligrosos, pues las condiciones de la convivencia nacional establecidas en la Constitución durante la primera mitad del siglo XX están agotadas, y la élite que ha gobernado los últimos veinticinco años las ha venido sustituyendo, por la vía de los hechos consumados, sin dialogo entre los sectores sociales y sin acuerdos que garanticen una nueva gobernabilidad. No han aceptado la revisión integral de la Constitución vigente, pero están imponiendo su concepción de Estado mínimo, su visión de país y sus intereses, aplicando leyes y políticas que violan gravemente la Carta Magna.

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Durante las últimas tres décadas, la acción de múltiples factores internos y externos generó grandes procesos que han transformado profundamente la vida de los mexicanos y que han llegado a una fase de su desarrollo que está produciendo cambios irreversibles e inaceptables para la mayoría, lo que nos obliga a examinar la situación con detalle, con el fin de evitar que la irresponsabilidad se imponga y nos conduzca a rupturas irreparables en el tejido social.

Aplicación dogmática del decálogo del Consenso de Washington, estancamiento y desnacionalización de la planta productiva.

A raíz de las crisis económicas de 1976 y de 1982, los sucesivos gobiernos han aplicado meticulosamente las medidas de política económica recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), liberalizando y privatizando sectores enteros para dejarlos en manos del sector privado, extranjerizando cada vez más la planta productiva nacional, perdiendo cadenas productivas y llevando a la ruina al sector rural, generando un número insuficiente de empleos, exacerbando la desigualdad y aumentando la dependencia del capital extranjero para financiar el déficit estructural.

Los resultados han sido tan mediocres en términos de crecimiento y desarrollo, según los propios parámetros del FMI, que durante los últimos años ya examina la necesidad de “reformar a las reformas”. Sin embargo, los responsables de la política económica de México, más papistas que el papa, no admiten la ineficacia de las recetas del Consenso de Washington ni los éxitos de políticas distintas aplicadas en muy diversos países, y sólo piensan en profundizar el proceso aplicando las reformas pendientes. Ni siquiera toman en cuenta el nuevo rol que, a raíz de la crisis, el estado está asumiendo en los países que impusieron ese modelo.

Los neoliberales del PRI y del PAN que han gobernado el país desde hace cinco lustros no han generado condiciones endógenas para la valorización del capital y, como consecuencia, para el crecimiento económico; el país depende del ingreso masivo de capital extranjero y el modelo ha conducido a que el único ámbito de la economía atractivo para ellos sea el energético, en particular el de la industria petrolera en su conjunto. Debilitaron el mercado interno reduciendo los ingresos reales de amplias capas de la población, orientaron el crecimiento de la economía hacia las exportaciones, particularmente hacia E. U. y hoy, en medio de la crisis económica global, nuestra economía tiene casi apagados sus motores externo e interno.

Pero si con la nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, se aprobaran las iniciativas privatizadoras del petróleo e ingresa el capital extranjero que esperan, el dólar se devaluará frente al peso, o dicho de otra manera, el peso se apreciará aun más de lo que está, complicando con ello la vida de las empresas exportadoras nacionales pues serán menos competitivas, y también de las que producen para el mercado nacional ya que tendrán que competir con las importaciones más baratas. Ello profundizaría, una vez más, los problemas del sector externo, con el agravante de que después de privatizar la industria petrolera, ya no tendríamos nada que vender y correríamos el riesgo de profundizar la actual crisis, que ya es tan grave como la de 1995.

La situación es extremadamente complicada, pues a Calderón y a su gobierno no les importa conducir al país al borde del estallido social por la agudización de la polarización existente, y están dispuesto a llevar su política hasta sus últimas consecuencias; ese y no otro es el sentido de sus llamados al fortalecido PRI para llegar a acuerdos; las izquierdas, debilitadas electoralmente, no pueden aceptar pasivas la nueva situación que se les impone en los hechos, so pena de admitir la inviabilidad, por décadas, de sus proyectos. Por ello tienen que ampliar rápidamente su capacidad de movilización y su cohesión alrededor de un nuevo proyecto alternativo.

Desmantelamiento del Estado Social surgido de la Revolución Mexicana, reemplazándolo por otro a la medida de los intereses particulares que lo tienen capturado.

Al tiempo que se aplicaba el modelo económico neoliberal, la cúpula gobernante fue despojando al Estado Mexicano de todos sus instrumentos para procurar la justicia social, y de los que le permitían desempeñar su función rectora de la actividad económica, sin preocuparse de dejarle capacidad para promover el desarrollo de la planta productiva nacional y resolver las demandas más sentidas de muy diversos movimientos sociales, y sobre todo, actuando unilateralmente, sin buscar nunca un acuerdo nacional sobre el tema,. Esa es la principal causa de la inconformidad con la política que permea en amplios segmentos de la sociedad, expresada abiertamente durante el proceso electoral por quienes planteaban anular el voto, y en la aguda polarización política que caracteriza la coyuntura actual.

El modelo económico puesto en práctica produjo un resultado inesperado y poco estudiado: el de la transferencia de poder de la clase política neoliberal a un puñado de grandes empresarios, al grado de que el Banco Mundial ha llamado la atención sobre el fenómeno de la “captura” del Estado, incluyendo al SNTE y al sindicato petrolero entre lo que denomina “intereses particulares” que participan en la “captura”. Así, el Estado autoritario, corporativo y corrupto construido bajo el dominio del PRI, fue sustituido por uno igualmente corrupto, antidemocrático y orientado por los grupos que lo han capturado para proteger únicamente sus intereses, lo que está deteriorando dramáticamente la gobernabilidad democrática del país.

Crecimiento explosivo del crimen organizado, fracaso de la política militarista de Calderón y desesperación de la ciudadanía.

Al asumir de facto el cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal, Calderón declaró la guerra al narcotráfico y ordenó al Ejército Mexicano que realizara las labores policíacas necesarias. Año y medio después y sin autocrítica alguna, convocó a firmar el Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que en esencia reformula la misma estrategia de combatir al crimen organizado solo con medidas represivas. Está claro que el gobierno panista no combate en serio el lavado de dinero ni el contrabando, ni el enriquecimiento ilícito de muchas personas. Tampoco logró regenerar las corporaciones policiacas y no ha creado las condiciones para el regreso el ejército a los cuarteles.

Después de miles de mexicanos muertos, grandes territorios del país y espacios institucionales están en manos del crimen organizado, que secuestran y extorsionan impunemente a los mexicanos. La situación creada ha sido utilizada electoralmente por Calderón, para exigir la unidad nacional en torno de su estrategia y como justificación para avanzar en la construcción del estado neoliberal ideal: mínimo para lo social y lo económico, y desarrollado para sus funciones represivas.

Liberalización del régimen político autoritario, elecciones cada vez más competidas, alternancia y grave retroceso por la acción de las élites.

Las elecciones federales de 1976 fueron decisivas para que quienes detentaban el poder del Estado en México decidieran iniciar la liberalización del régimen político. En medio de una crisis económica y de contradicciones importantes entre el gobierno de Echeverría y los empresarios, el sistema electoral antidemocrático fue puesto en evidencia cuando el candidato del PRI, José López portillo, realizó una campaña sin oposición legal alguna, pues el PAN no registró candidato y los partidos paraestatales se sumaron a su candidatura. Al margen de la legalidad vigente, Valentín Campa recorrió el país apoyado por el PCM, enarbolando la bandera de la reforma política y la legalización de la acción política de las izquierdas. Un año después, el Secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, presentó la iniciativa de reforma a la Constitución y la nueva Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que abrirían la puerta a la transición democrática de México.

Las corrientes principales de la izquierda mexicana desarrollaron una estrategia de fusiones sucesivas y de acumulación de fuerzas participando en los procesos electorales, a la vez que impulsaban, con cierto éxito, reformas que mejoraron gradualmente las condiciones de la competencia. La estrategia produjo el crecimiento de su corriente electoral y su presencia en espacios del poder público. Mientras tanto, las crisis económicas y otros factores políticos posibilitaron la llegada de los neoliberales a la Presidencia de la República y la ruptura consecuente de la Corriente Democrática. En 1988, el candidato del Frente Democrático Nacional, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas S. (CCS) fue despojado de la Presidencia de la República, para imponer a Carlos Salinas de Gortari.

De esa coyuntura nació el PRD, la más grande organización política de las izquierdas en la historia del país, que decidió mantener en lo fundamental la estrategia de mejorar la organización y de acumulación de fuerzas, creyendo que en un sexenio se podrían remontar las causas y las consecuencias del fraude; durante los siguientes tres lustros logró reformas democratizadoras importantes y ganar algunas gubernaturas estatales, destacadamente la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, en julio de 2006, su candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue despojado de la Presidencia de la República mediante una vasta operación que incluyó la actuación ilegal del propio Presidente de la República, del Consejo Coordinador Empresarial, del sistema de medios de comunicación, las autoridades electorales etc., evidenciando con ello que los detentadores de los poderes político y económico siguen actuando bajo la premisa de no admitir, en ninguna circunstancia, la llegada de un representante de las izquierdas a la titularidad del Poder Ejecutivo.

Al mismo tiempo que las izquierdas se abrían camino con la estrategia de unir a sus diversas vertientes por medio de sucesivas transformaciones partidistas, la derecha panista avanzó recibiendo en sus filas al empresariado más agraviado por las políticas de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, aprovechando el debilitamiento del PRI producido por las escisiones de sectores progresistas del mismo que concurrieron en el PRD, y por las políticas anti-populares de sus últimos gobiernos, se convirtió en una fuerza altamente competitiva que, al fin, ganó la Presidencia de la República en el año 2000.

Vicente Fox integró, según sus propias palabras, un “gobierno de empresarios y para empresarios”, aplicó la misma política económica de los gobiernos neoliberales del PRI, designó al Secretario de Hacienda que le propuso el FMI, dilapidó los históricos excedentes petroleros, y con su conducta en el proceso electoral creó las condiciones para la usurpación del Poder Ejecutivo por Felipe Calderón, lo que generó un tremendo retroceso en la transición democrática y un grave deterioro de las relaciones políticas del país.

El deterioro se ha manifestado también en los procesos electorales locales, aumentando dramáticamente las denuncias de intervención de los gobiernos de los tres niveles, del uso indebido de grandes cantidades de dinero, y la judicialización de casi todas las elecciones. También se expresan en múltiples atropellos que sufren los gobernantes locales y municipales del PRD, por parte del gobierno federal, que nunca duda en violentar el federalismo contenido en la legislación vigente, en especial el presupuesto aprobado por el Congreso, con tal de imponer sus programas y políticas públicas sobre la pluralidad que el pueblo de México está construyendo en los distintos niveles y esferas de gobierno.

Pero donde se expresa con mayor nitidez el deterioro de la convivencia política, es en el comportamiento del sistema de medios de comunicación, que no solo no garantiza la libertad de expresión de los mexicanos, sino que actúa persistentemente como ariete para golpear políticamente a las izquierdas, especialmente a sus personalidades más importantes. Es evidente que en el ámbito de los medios de comunicación no se ha producido transición alguna, solo que antes eran “soldados del Presidente” y hoy lo son de los empresarios que han capturado al Estado.

Por todo lo anterior es evidente que las izquierdas están obligadas a revalorar su estrategia de los últimos treinta años y admitir que los fraudes de 1988 y 2006 no han sido accidentales, sino expresiones de que la derecha en el poder nunca ha estado dispuesta a que realmente se dispute el poder presidencial a través de procesos electorales equitativos, y menos a reconocer el triunfo de un candidato de las izquierdas. Debemos asumir entonces que no vivimos en la “normalidad democrática” o en una “democracia consolidada”, y que los mexicanos no tenemos un acuerdo sobre algo fundamental para la convivencia pacífica: las reglas de la competencia por el poder político y para su ejercicio. Las elecciones del pasado 5 de julio han sido un ejemplo más de ello.

Integración silenciosa y subordinada de México a los Estados Unidos.

Los últimos veinte años han sido el lapso de la reconfiguración del mundo bajo la conducción de Estados Unidos, después de la disolución de la Unión Soviética. Su poder ha sido utilizado para abrir mercados a las empresas norteamericanas y para imponer la ideología neoliberal en todo el mundo. En nuestro país no tuvieron grandes dificultades para imponer sus mandatos a través de Gobernantes educados en esa ideología, como Carlos Salinas de Gortari, que llegó al poder por medio del fraude electoral, y con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 aceleró la integración de nuestra economía a la de Estados Unidos, proceso mantenido y ampliado por Ernesto Zedillo.

La llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el poder creciente de las elites económicas, entre otros factores, condujeron a la creación de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como el mecanismo para conducir el proceso de integración de México a EU en otras áreas, asumiendo que la prosperidad llegará México con la profundización del libre comercio, y que la agenda de seguridad de E.U. y el concepto de Perímetro de Seguridad de América del Norte, deben orientar nuestra política en esa materia. Los temas que corresponden a los intereses del pueblo de México, como la migración o los fondos compensatorios para la cohesión social, nunca fueron parte de la agenda.

La llegada del presidente Barack Obama al poder en los E. U. y la crisis económica han creado un paréntesis en este proceso y una ventana de oportunidad para corregir el rumbo. Es urgente que los mexicanos, especialmente las izquierdas examinemos a fondo las relaciones de nuestro país con E. U. para encontrar los más amplios consensos que garanticen la continuidad del Estado nacional mexicano.

B.- LA CRISIS DEL PRD: OPORTUNIDAD PARA CONSTRUÍR UN NUEVO INSTRUMENTO DE LUCHA.

Los procesos descritos han llegado a una situación límite, pues su desarrollo e interdependencia obliga a urgentes decisiones que cambiarán, para bien o para mal, la situación económica, política y social del país en su conjunto. La inercia gubernamental y las ambiciones de las élites pueden conducirles a suponer que pueden seguir imponiendo su punto de vista, lo que desembocaría en una grave inestabilidad política. Mientras que la inercia de las izquierdas puede conducirlas a no valorar la gravedad de la situación y a no enfrentarla con la seriedad debida. Todos los actores relevantes del país debemos convencernos de que la coyuntura es decisiva y delicadísima y que lo peor es desestimarla.

Es evidente que la derecha espera que esta coyuntura histórica se resuelva con un triunfo definitivo de sus posiciones, y con la derrota estratégica de las izquierdas, sobre todo esperan que la crisis y la debilidad del PRD impidan contribuir con todas nuestras capacidades a desarrollar el movimiento de resistencia a su política. Sin negar que efectivamente ese riesgo está presente, también se puede esperar lo contrario: que aceptando la naturaleza de la crisis, entre los perredistas se consolide la convicción de aportar su experiencia para formular el programa para la regeneración nacional, al tiempo que contribuye al fortalecimiento del amplio movimiento de resistencia al proyecto neoliberal, expresando la voluntad de construir entre todos una “casa nueva”, que pueda contener la diversidad más amplia de corrientes de izquierda asegurando su consecuencia política y su eficacia; un nuevo instrumento para enfrentar al polo neoliberal con nuevas capacidades que solo pueden surgir de un gran movimiento unitario, que parecería una utopía si solo se observa el enfrentamiento en el PRD y las dificultades del FAP para ir unidos en los procesos electorales.

La grave descomposición del país es el reto más formidable para las izquierdas mexicanas; pone a prueba todas sus capacidades y recursos, en especial la madurez de sus élites y la consciencia que éstas tengan de la trascendencia del momento que se vive y de su posible desenlace, así como de sus consecuencias para el país; su capacidad para explicar las causas de la crisis económica y el fracaso de la política contra la inseguridad de Calderón, para acumular fuerzas alrededor de su proyecto de desarrollo nacional alternativo, causa que reúne todas las condiciones para convertirse en la piedra de toque que permita la unidad de los distintos movimientos sociales y partidos políticos de izquierda.
El tamaño del reto es mayor debido a que el PRD, el mayor partido de izquierda en México, está pasando por el peor conflicto de su vida y tanto el PT como Convergencia también viven complicaciones internas, lo cual explica su mediocre desempeño electoral en un contexto muy favorable para su avance, por lo que una gran proporción de mexicanos solo vieron abierta la puerta del regreso al pasado. Y por si eso fuera poco, la izquierda social vive momentos de reflujo que no abonan a la convergencia ni a la unidad de acción y sí a la cortedad de miras y a las pugnas irrelevantes.

Además de lo anterior, debemos partir del hecho de que la tendencia de las élites de las izquierdas a poner los intereses particulares por encima de los generales se ha puesto de manifiesto en muy distintas ocasiones, principalmente durante los procesos electorales locales y nacionales. Como ejemplo, podemos recordar que ni en 1988 ni en 2006, en los que existían grandes posibilidades de triunfo, fue posible que todos los liderazgos estuvieran a la altura de las necesidades de la mayoría del pueblo de México. Sus divisiones en 2009 solo constituyeron un episodio más.

Es necesario explicitar que cuando hablamos de las responsabilidades de los partidos y organizaciones de izquierda, en realidad estamos hablando de las de sus dirigentes, de la parte de la elite política mexicana formada en las últimas décadas por el movimiento político y social de orientación progresista, que hoy tiene en sus manos las decisiones relevantes tanto en los partidos como en las organizaciones sociales del campo de las izquierdas.

Las siguientes cuartillas tienen por objeto describir el proceso de formación de la elite política perredista, sus mecanismos de integración, las decisiones claves y las normas que han tenido mayor relevancia en la conformación de los equipos que coexisten en ese partido, y que hoy tienen la responsabilidad de tomar las decisiones que habrán de determinar el futuro de esa organización y, así sea parcialmente, del conjunto de las izquierdas mexicanas. Se trata de aportar elementos que contribuyan a esclarecer la disputa actual entre las coaliciones que encabezan Andrés Manuel López Obrador y Jesús Ortega y las condiciones necesarias para que la misma tenga un desenlace positivo tanto para el país como para el desarrollo de las izquierdas en su conjunto.

Antecedentes del PRD

Después de la masacre de tlatelólco en 1968 y de la represión del 10 de junio de 1971, el debate entre las izquierdas sobre la vía para la construcción del socialismo en México condujo a que el PCM y otras organizaciones optaran por demandar una reforma política que permitiera la legalización del partido y la construcción de un nuevo sistema electoral. Paralelamente, se aplicó una estrategia de acumulación de fuerzas a través de alianzas y fusiones sucesivas que condujeron a la creación del PSUM, PMS y finalmente del PRD, manteniendo como hilo conductor de esos procesos el registro electoral conquistado por el PCM en 1979.

Esas transformaciones sucesivas fueron extremadamente traumáticas para la mayoría de los equipos de dirección de las organizaciones participantes, pues en todos los casos, los nuevos órganos resultaron integrados con un número de espacios insuficientes para acoger a todos los concurrentes, por lo que en cada caso un número importante de dirigentes de larga trayectoria y de intelectuales orgánicos de la izquierda que, circunstancialmente, no estuvieron cerca de los dirigentes principales, o no tuvieron el suficiente arraigo territorial se quedaron al margen de los órganos dirigentes y muchos de ellos pronto abandonaron la militancia.
Por otro lado, recordemos que después del fraude de 1988, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas S. (CCS) convocó a la formación de un nuevo partido político, que fuera la expresión del movimiento que apoyó su candidatura y que preparara las condiciones para la de 1994. De los cuatro partidos del Frente Democrático Nacional, solo el PMS respondió afirmativamente, pues los dirigentes del PPS, del PFCRN, y del PARM decidieron ignorar la convocatoria suponiendo que la votación que recibieron con la candidatura de CCS se convertiría en su corriente electoral permanente; muy pronto se enfrentaron con la realidad y perdieron su registro, y con él, la oportunidad de continuar formando parte de la clase política del país. Así, se sumaron a una gran cantidad de dirigentes de la izquierda histórica, que quedaron excluidos del fascinante proceso de integración de una parte de las izquierdas en su primer partido competitivo en la historia de México.

Los objetivos eran claros y suficientes para mantener unido el movimiento: sacar al PRI de la Presidencia y llevar a CCS a los Pinos; los principios y el programa eran lo de menos, pues había cohesión alrededor de los de los partidos afluentes y del caudillo, por lo que se suponía que millones de mexicanos estaríamos dispuestos a atender el llamado y a trabajar los siguientes seis años para lograr nuestro propósito; parecía que solo era cuestión de tiempo. Por ello, el proceso de preparación de los documentos básicos fue atendido por muy pocos compañeros.

Los esfuerzos para cumplir los requisitos legales para obtener el registro del nuevo partido se toparon con la operación saboteadora del gobierno y con la inexperiencia y sectarismo de los operadores designados por CCS; fraudes descarados en sucesivas elecciones locales bajaban los ánimos y disminuían el impulso. Al final, se optó por utilizar el registro del PMS y el 5 de mayo de 1989 nació formalmente el PRD como un partido de militantes conscientes, de intelectuales comprometidos y de muchos seguidores del líder, convencidos de la inminencia de su triunfo.

Los primeros y decisivos momentos

El estatuto del nuevo partido no contenía las figuras de tendencias o corrientes ideológicas, mucho menos de facciones, pues respondía al hecho de que la inmensa mayoría de sus miembros eran ciudadanos independientes y solidarios, muy motivados en la lucha por el objetivo compartido y con un conjunto de dirigentes de mucho prestigio encabezados por CCS. Esa militancia no requería otro tipo de incentivos para la lucha; la conquista de espacios legislativos o en los gobiernos municipales o locales no eran objetivos en sí mismos sino plataformas para la siguiente gran batalla: las elecciones presidenciales de 1994.

En este ensayo utilizamos los conceptos que maneja Sartori para identificar a los grupos intra-partido: la facción es un grupo especifico de poder, un conjunto de miembros que actúan buscando el poder interno con medios diversos y como un fin en sí mismo; la tendencia o corriente de opinión no existe como grupo organizado, aparece cuando diversos miembros comparten un conjunto establecido de actitudes ante distintas problemáticas del partido y persiguen objetivos ideológicos o programáticos.

Muy pronto empezaron a surgir los problemas internos. Diversos dirigentes provenientes de la izquierda social integraron la primera facción (la trisecta) y en ella y sus amigos personales más cercanos se apoyó el Ing. Cárdenas para conducir al partido. Esa decisión marcó la evolución de la nueva organización, pues generó una dinámica que pronto condujo a la destitución, sin motivos explícitos, de Porfirio Muñoz Ledo y de Gilberto Rincón Gallardo de las secretarias de organización y electoral respectivamente. No pasó mucho tiempo para que en su torno se agruparan otros dirigentes, más en una actitud de autodefensa que con la intención de impulsar la discusión política o programática. Ese fue el inicio de las facciones existentes en el PRD.

Para explicar la integración y funcionamiento del tipo de agrupamiento que integró el Ing. Cárdenas, Róderic Ai Camp, en sus investigaciones sobre la formación de las élites en los días de gloria del PRI, utiliza el término de camarilla, que se integra por personas invitadas expresamente por el dirigente, que se reúne periódicamente para tomar decisiones en relación con la lucha por el poder interno y su ideología es la del dirigente. El liderazgo personalizado de CCS duró hasta el 2000, pero su camarilla sufrió una alta rotación en su integración; fueron muy pocos los miembros que permanecieron todo el periodo.

Sería muy importante para la historia del partido, que se esclarecieran los motivos por los que el Ing. Cárdenas decidió formar su camarilla y excluir y maltratar a dirigentes como Gilberto Rincón Gallardo, quién había sido el líder del PMS, el único partido que respondió a su llamado para la formación del PRD, que le entregó su registro, sus bienes y prerrogativas y que realmente se disolvió para facilitar la construcción del nuevo partido. Su decisión también condujo al Ing. Castillo a convocar a la formación de su corriente y otros compañeros hicieron lo propio, incluidos algunos que formaron parte, en algún momento, de la camarilla. Acto seguido, y para evitar ser excluidos, lograron introducir el principio de representación proporcional en la normatividad interna.

Al mismo tiempo, a golpe de fraudes y cooptación de dirigentes, Carlos Salinas frenó el impulso del movimiento surgido en 1988, y con diversas medidas políticas fortaleció sus alianzas con diversos factores de poder del país y del extranjero, con todo lo cual el PRD apenas logró un 8% en las elecciones intermedias de 1991. Las ofensivas políticas y los fraudes electorales locales no disminuyeron en la segunda mitad del sexenio y así llegamos a 1994, donde el primero de enero ocurrió el levantamiento Zapatista en Chiapas y en marzo el asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio. Así, se configuró el escenario del voto del miedo que condujo al triunfo de Zedillo.

La mutación del partido

Como consecuencia, se empezaron a difuminar los objetivos fundadores del partido y el proceso de diversificación de los mismos se intensificó al percibirse que, dada su hegemonía en el partido, el Ing. Cárdenas sería nuevamente candidato en el año 2000 con muy pocas posibilidades de triunfo. La escasa formación política y programática propició que franjas importantes del partido se desmovilizaran al percibir que el triunfo se alejaba, y un número significativo de militantes empezaron a requerir incentivos selectivos: beneficios directos a través de los programas sociales públicos, otorgados por gobiernos propios y ajenos, promociones a cargos públicos o del partido, o candidaturas para cargos de elección popular.

Con las brigadas del sol en 1997, bajo la conducción de Rosario Robles, llegó el pago para promover el voto y pronto resultó muy difícil encontrar voluntarios para el trabajo político, pues los militantes más conscientes y los intelectuales se retrajeron. En estas condiciones se inició el desarrollo de los agrupamientos clientelares y de mutuo apoyo y protección que integran las facciones que hoy compiten por el dominio del PRD, con el propósito de satisfacer a más clientelas o administrar más espacios para promover a los leales y fortalecer a la facción. Los objetivos principales del partido pasaron a segundo término.

La ilusión de que a través del voto directo, secreto y universal las amplias bases de 1988 permanecerían movilizadas y tendrían a su cargo la elección de los dirigentes y candidatos más capaces, y de que con ello el partido estaría a salvo de la burocratización y el arribismo, es la causa de que no exista instancia partidista alguna con atribuciones para evaluar el desempeño de los militantes y su idoneidad para ser promovido a algún cargo de responsabilidad, y que las elecciones universales se convirtieran en oportunidades para el fortalecimiento del clientelismo y de las facciones.

Así se crearon las condiciones para que los compañeros integrantes de las camarillas de dirigentes y gobernantes, los más hábiles para concertar acuerdos para el reparto de incentivos particulares ó los más capaces para conseguir dinero o apoyos políticos externos al partido, fueran ocupando espacios cada vez más importantes, excluyendo a miles de ciudadanos, especialmente intelectuales, todo lo cual dejó en el dominio de las facciones una de las funciones primordiales de los partidos políticos: la promoción de los cuadros de dirección y de gobierno.

Lamentablemente, hoy, los canales que conducen al poder en el PRD son las facciones, la militancia individual no tiene perspectivas. En los primeros tiempos, las camarillas que se formaron alrededor de CCS constituían el canal principal. El liderazgo personalizado de AMLO no integró camarilla alguna en el partido, dejando un vacio que llenaron las facciones.

Los criterios que las facciones utilizan para seleccionar a los dirigentes y candidatos son la lealtad a los líderes, y la capacidad del aspirante para aportar clientelas seguras a la facción. Poco importa la capacidad y la idoneidad para el cargo. Los intelectuales no tienen oportunidad alguna de ser promovidos. Las decisiones principales sobre las promociones las toman las pequeñas camarillas de dirigentes existentes alrededor del líder principal, y en caso de empate éste tiene la última palabra.

Hoy, quienquiera que legítimamente desee ser promovido en el PRD, no requiere demostrar que es capaz y leal al partido, pues ningún órgano de dirección tiene facultades para valorar sus aspiraciones; sólo requiere mostrar lealtad a alguna facción, especialmente a sus dirigentes y/o gobernantes, que se han vuelto expertos en administrar las ilusiones y expectativas legítimas de los militantes, aprovechando su conocimiento detallado de las relaciones internas, de las normas estatutarias, y su control de áreas estratégicas del partido.

El avance del dominio de las facciones se aceleró con la disolución del núcleo dirigente fundador, el que provocaba el entusiasmo de las masas y las disponía para luchar por el México que ellos ofrecían. Después de la campaña del 2000, el Ing. Cárdenas se distanció del partido, el Ing. Heberto Castillo falleció con anterioridad, Porfirio Muñoz Ledo y Gilberto Rincón Gallardo renunciaron, Arnoldo Martínez Verdugo enfermó, etc., con todo lo cual el PRD se quedó sin dirección política real. El vacio se llenó, por muy poco tiempo, con el liderazgo informal del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ejercido a través del Presidente nacional Leonel Cota, quien nunca armó un verdadero equipo de dirección y terminó sucumbiendo entre las redes de intereses que las facciones tejieron a su alrededor.

Al paso del tiempo, AMLO se ocupó solamente de las responsabilidades de su cargo en la Ciudad de México y de sortear los embates de la derecha como el desafuero y los video escándalos, y posteriormente como candidato a la Presidencia de la República, por lo que no formó camarilla alguna ni consolidó ningún equipo dirigente para el partido, sino por el contrario, durante el proceso electoral del 2006 intentó, sin éxito, crear una estructura paralela. Ello no ha evitado, sin embargo, que distintas facciones se identifiquen con su liderazgo y que incluso lo utilicen como justificación de su existencia.

En consecuencia de lo anterior, en lugar del gran equipo dirigente fundador del partido, hoy ocupan los espacios formales de dirección compañeras y compañeros que sólo garantizan lealtad a toda prueba a los liderazgos de su facción, puesto que los órganos de dirección política ya no dirigen nada ni proponen iniciativas políticas para toda la organización, sino que sólo administran los incentivos particulares a los que tienen acceso con el dominio de parcelas en los órganos dirigentes o en los órganos del poder público.

Eso explica la anulación, en la práctica, de las instancias estatutarias de dirección en todos los niveles, pues los líderes de las facciones han usurpado sus funciones y ya ni se molestan en asegurar su funcionamiento normal, pues procesan sus acuerdos en espacios opacos e informales, que posteriormente serán legitimados en los órganos estatutarios a través de votaciones de mero trámite.

Todo lo anterior ha conducido a que el PRD haya sufrido una profunda mutación: de un partido de militantes convencidos, activos en la lucha por las causas y objetivos de la organización expresados en su lema, a otro de miembros subordinados a las facciones en competencia por los incentivos particulares, los que se han convertido en un fin en sí mismo para cientos de arribistas que no luchan por causa alguna y que no dudan en llevar a cabo prácticas fraudulentas para conseguir sus objetivos particulares, lo cual tiene empantanado al PRD en la actual crisis.

Esa mutación también condujo a que algunos miembros de las facciones que llegaron a ocupar cargos gubernamentales, en ocasiones con presupuestos cuantiosos, reprodujeran los vicios del viejo régimen: clientelismo, patrimonialismo, nepotismo y corrupción, con lo que han convertido espacios importantes del partido en sus distintos niveles en simple correa de transmisión del gobernante convertido en jefe de facción, en gran dispensador de dádivas y en gran elector de dirigentes y candidatos.

Con ello, han contribuido a que la larga y tortuosa transición mexicana haya llegado a una situación muy parecida a la que existía en su punto de partida. Bien vistas las cosas, tanto el PAN como el PRD sufrieron la misma mutación, y están en vías de transformarse en clones del viejo PRI. Solo algunos buenos programas sociales aplicados por algunos gobiernos perredistas hacen la diferencia.

La vigencia de la Ley de Hierro Michels

Con el predominio de ese tipo de afiliado por el retraimiento de los que se movilizaban tras los grandes objetivos políticos y causas del partido, se ha generado un fenómeno muy preocupante, que es una de las causa de fondo de las diferencias que hoy se expresan públicamente entre distintos compañeros. Se trata de lo que Robert Michels denominó LEY DE HIERRO DE LAS OLIGARQUIAS, que consiste en la subordinación de la lucha por los objetivos del partido a la estabilidad de las burocracias de las facciones, cuyos líderes nunca niegan o dejan de mencionar los objetivos más nobles de la organización, pero el criterio para escoger las estrategias de lucha es que no pongan en riesgo la estabilidad y el desarrollo de la fuerza de la facción. Ello se traslada también a la inserción lograda en los órganos del Estado, particularmente en los Congresos y Ayuntamientos, pues cada espacio en su poder se vuelve otro objetivo en sí mismo, en la medida en que acrecienta el número de incentivos disponibles para el reparto y el consiguiente fortalecimiento de la facción.

Lo anterior explica el hecho de que si en algún momento, como el actual, la lucha por los grandes objetivos del partido exige poner en tensión todas nuestras fuerzas, los primeros y los que más se oponen a las acciones de resistencia enérgica, son los leales soldados de las facciones que no desean poner en riesgo “sus conquistas” y mucho menos sus logros personales.

La contradicción principal

Parece evidente que la contradicción principal en el PRD es la que existe entre las facciones articuladas en torno a Jesús Ortega y las que dicen ser leales a AMLO. Sin embargo todas ellas comparten las características que he apuntado. La única manera de resolver esa contradicción consiste en que las distintas facciones pacten un proceso en el que esos agrupamientos se conviertan en verdaderas corrientes de militantes convencidos y cohesionados alrededor de objetivos programáticos, y también deben pactar cambios estatutarios para que la importantísima función de promoción de cuadros vuelva a ser asumida por los órganos de dirección formales, y procesada de acuerdo a reglas y procedimientos escritos de cumplimiento obligatorio. La idoneidad y la lealtad al partido, a sus causas y objetivos deben volver a estar por encima de las lealtades a las facciones o a persona alguna.

Pero la contradicción política de fondo es la que existe entre quienes creen que ya contamos con una democracia consolidada y desean un partido para actuar en ese contexto, y quienes asumen que México es prácticamente un Estado fallido que debe ser superado por una nueva república que emergerá de sus ruinas. Esta simplificación un poco exagerada ayuda para entender el verdadero problema de las izquierdas. Tienen que decidir si ambas concepciones pueden coexistir en una misma organización partidaria, o si deben construir dos o más. Lo que hoy está claro es que el PRD actual es inviable, y que si se decide intentar de nuevo la coexistencia en un solo partido, deberá ser muy diferente al PRD actual.

Sin embargo, la fortaleza lograda por las facciones es tan grande y decisiva que es muy poco probable que de su interior surjan impulsos renovadores tendientes a crear nuevas relaciones y reglas de convivencia, que permitan que cualquier mexicano que desee ejercer sus derechos políticos en la izquierda partidaria pueda ingresar al PRD y militar sin sentirse obligado a integrarse a alguna facción para ejercer a plenitud sus derechos. Solo el impulso desde las bases del partido podrá convertir la actual situación en una oportunidad para la regeneración del partido, del sistema de partidos y del régimen político en su conjunto. El movimiento que encabeza AMLO puede ser una fuente muy importante de impulso renovador, siempre que Andrés acepte que su tesis de que la gran transformación que México requiere se producirá por la vía electoral, conduce a la necesidad de regenerar a los partidos del FAP y de construir un polo electoral maduro y confiable, a la altura de los millones de mexicanos que, a pesar de todo, todavía votaron por nosotros hace unos días.

Quienes crean que es poco probable la aparición de las masas en el escenario mexicano de hoy, deben recordar las movilizaciones contra el desafuero de Andrés Manuel, la campaña electoral del 2006, la lucha contra el fraude y la defensa de los hidrocarburos que se desarrolló el año pasado, y al casi 20% de ciudadanos que votaron por las izquierdas el 5 de julio.

En conclusión, las izquierdas que actúan en el PRD, y también en el FAP, estamos obligados a propiciar un nuevo y superior dialogo entre las partes que constituyen el movimiento en su conjunto, y a poner a la disposición del mismo nuestra voluntad de construir un nuevo instrumento político a partir de los principios del socialismo y del liberalismo, que pueda derrotar la acción de quienes detentan el poder del Estado capturado por los intereses particulares, y crear las condiciones para la regeneración de la república, construyendo los acuerdos suficientes para encontrar una vía para el desarrollo equitativo y sustentable, y para conquistar un nuevo y digno espacio en el mundo globalizado.

Zacatecas Zac. 11 de julio de 2009

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