El Instituto de la Defensoría Pública de Zacatecas ofrece una amplia gama de servicios jurídicos gratuitos, priorizando a quienes enfrentan dificultades económicas o sociales. Entre los servicios más destacados están la defensa penal, la asesoría legal en derecho civil, familiar y mercantil, así como el apoyo laboral tanto para trabajadores del sector privado como público, informa su directora Amparo Jáuregui Durán.
Recordando que el acceso pleno e igualitario a la justicia es un derecho garantizado constitucionalmente, se hace un llamado a la población para que conozca y aproveche los servicios de la Defensoría Pública.
“Nuestra finalidad es resolver el conflicto jurídico, no prolongarlo”, afirma la funcionaria, subrayando que, a diferencia de los abogados particulares, el Instituto busca una solución rápida y efectiva para los problemas legales de las personas.
Jáuregui Durán indica que el organismo juega un papel crucial en la defensa penal, manejando el 90 por ciento de los casos del estado en esta materia. También brindan apoyo en el sistema de adolescentes, ejecución de sanciones y amparos, garantizando la representación legal en todo el proceso. Este servicio, completamente gratuito, busca proteger los derechos de los ciudadanos en un sistema que ahora prioriza la oralidad, para una mayor eficiencia en los procesos judiciales.
En el ámbito civil y familiar, la Defensoría Pública asesora en conflictos como sucesiones intestamentarias, divorcios, pensiones alimenticias y correcciones de actas.
Con las recientes reformas hacia la justicia digital, se han dado pasos importantes para modernizar los procesos y facilitar el acceso de la ciudadanía. Sin embargo, el enfoque sigue siendo garantizar que las personas más vulnerables sean atendidas con prioridad, subraya la entrevistada.
El área laboral también ha sido fortalecida, derivando de la antigua Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores. Actualmente, el Instituto brinda representación tanto a empleados del sector privado como a burócratas estatales y municipales.
A raíz de las reformas laborales, primero se busca la conciliación en los centros de arbitraje en Zacatecas y Fresnillo, y, de no lograrse un acuerdo, se asigna un abogado para llevar el caso ante un tribunal.
Entre los retos que enfrenta el Instituto, Jáuregui menciona el creciente número de usuarios, lo que genera una mayor demanda de recursos. A pesar de esto, el Instituto echa mano de herramientas tecnológicas, como la recepción de documentos vía WhatsApp y correo electrónico, aunque los trámites iniciales y la firma de documentos, requieren atención presencial.
Las audiencias públicas del gobernador son un canal por el que los municipios canalizan casos al Instituto de la Defensoría Pública, refirió la maestra en Derecho Constitucional.
Actualmente, el Instituto de la Defensoría Pública trabaja de manera conjunta con el Poder Judicial y la Fiscalía para reducir el rezago en casos de violencia familiar y de género. Este proyecto de tres meses, que concluirá en diciembre, busca resolver el mayor número de carpetas posible y será presentado en un informe final.
La coordinación interinstitucional es esencial para garantizar justicia pronta y efectiva a las víctimas, puntualiza Jáuregui Durán.
El Instituto de la Defensoría Pública tiene como misión garantizar el acceso igualitario a la justicia en el estado, actuando como aliado de las y los zacatecanos en situación de vulnerabilidad. Las personas que requieran sus servicios pueden comunicarse al teléfono 90 449 7300, extensión 26100.
