Los llamados “anexos” o “granjas de rehabilitación” son conocidos en México por su oscuro historial de abusos y violaciones a los derechos humanos. Estos centros, en teoría destinados a rehabilitar a personas con adicciones, operan en muchas ocasiones al margen de la ley, empleando prácticas ilegales que atentan contra la dignidad de los internos. A pesar de la gran cantidad de familias que recurren a estos lugares en busca de ayuda para sus seres queridos, los anexos siguen siendo centros de explotación, violencia y privación de libertad, convirtiéndose en una suerte de “cárceles” de castigo en lugar de en espacios de rehabilitación.
Es importante aclarar que un anexo no es lo mismo que un centro de rehabilitación profesional. Mientras que un centro de rehabilitación debe contar con personal capacitado y seguir un protocolo para el tratamiento de las adicciones, un anexo es, por lo general, un lugar donde se lleva a la persona adicta en contra de su voluntad, muchas veces mediante el uso de la fuerza.
Un centro de rehabilitación debe contar con personal capacitado y seguir un protocolo para el tratamiento de las adicciones, un anexo es, por lo general, un lugar donde se lleva a la persona adicta en contra de su voluntad.
En estos lugares, las condiciones de vida son deplorables: hacinamiento, maltrato físico y psicológico, y una alimentación deficiente son solo algunos de los aspectos que caracterizan estos espacios. Los internos son maltratados, a menudo sufren golpes, humillaciones y torturas como parte del proceso de “rehabilitación”.
Incluso la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. ha expresado en múltiples ocasiones su rechazo a estos lugares, distanciándose completamente de sus prácticas.
Desde los años 80, los anexos se han multiplicado en México, funcionando fuera del marco legal y sin supervisión alguna. Muchos de estos centros están operados por personas que carecen de la capacitación necesaria para tratar a los pacientes, y se limitan a explotar la vulnerabilidad de las familias, cobrando cuotas semanales para el “tratamiento”.
Aunque estos lugares operan de manera ilegal, las autoridades están realizando esfuerzos para enfrentar esta problemática, según la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones hasta julio del presente año, el país ha consolidado una red de servicios de atención a la salud mental y las adicciones a través de 341 centros comunitarios de salud y adicciones, 115 hospitales generales, 34 hospitales psiquiátricos y 241 camas de hospitalización. Estos servicios brindan atención gratuita, respetando según informan plenamente los derechos humanos, con un enfoque inclusivo que no discrimina a ninguna persona.
Aunque estos lugares operan de manera ilegal, las autoridades están realizando esfuerzos para enfrentar esta problemática, según la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones hasta julio del presente año.
Asimismo, se ha establecido el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, el cual reportó que, en 2023, el 49.1% de las personas que solicitaron atención por consumo de drogas, lo hicieron por el uso de metanfetaminas, el 21.8% por alcohol y el 13.3% por cannabis.
Además, se ha capacitado a más de 140 mil profesionales médicos en el ámbito de salud mental y adicciones, en diversos centros de salud del país. Asimismo, la comisión informa sobre la Línea de la Vida (800 911 2000) que ha brindado apoyo a más de un millón de personas, abordando temas como adicciones, conducta suicida, violencia y tabaquismo.
Incluso en cuanto a la prevención del suicidio, existe el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio el atendió a 39 mil 864 personas durante 2023. Además, 670 unidades médicas están implementando el protocolo «Código 100» para la atención de personas en riesgo de suicidio.
No obstante, casi la mitad de los centros de rehabilitación reconocidos han recibido observaciones por parte de las autoridades hasta la actualización del cuarto trimestre de 2022. Estas observaciones incluyen prácticas inadecuadas como el uso de candados en los dormitorios, la falta de higiene en las áreas comunes e incluso el uso de medidas disciplinarias extremas, como obligar a los pacientes a permanecer sentados durante días.
Uno de los casos más notorios es el del centro Grupo Fortaleza de Vida A.C. (III), ubicado en Guadalajara, Jalisco, que se especializa en la rehabilitación de mujeres. Este centro, que atiende tanto a menores como a adultas, fue señalado por obligar a las pacientes a permanecer sentadas durante largos períodos, incluso hasta tres días consecutivos, lo cual fue catalogado como una forma de aislamiento.
Otro centro privado que destacó por irregularidades fue Gama y Zafiro, ubicado en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. En este centro se encontró que los pacientes eran encerrados en sus habitaciones con candados, además de que el espacio destinado para las terapias era la oficina del subdirector.
Se ha intentado reformar propuestas; en 2011 se reformó el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud buscando regular los centros de rehabilitación y anexos para personas con adicciones, estableciendo normas claras para su funcionamiento y supervisión. El objetivo es evitar abusos y garantizar que estos establecimientos operen bajo estándares profesionales y adecuados, conforme a la NOM-028-SSA2-2009, protegiendo la salud de los pacientes y sancionando a aquellos que incumplan con las regulaciones, en respuesta a la proliferación de centros no certificados y con malas prácticas que afectan a las personas en tratamiento.
Se ha intentado reformar propuestas; en 2011 se reformó el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud buscando regular los centros de rehabilitación y anexos para personas con adicciones, estableciendo normas claras para su funcionamiento y supervisión.
Una de las principales críticas que se hacen a los anexos es la privación de libertad a la que son sometidos los internos. De acuerdo con los Lineamientos Nacionales para el Ingreso Involuntario a Establecimientos Residenciales de Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones, una persona solo puede ser internada en un centro de rehabilitación sin su consentimiento si se encuentra incapaz de solicitar el tratamiento por sí misma, ya sea por incapacidad transitoria o permanente.
Es decir, debe existir una indicación médica previa que justifique su internamiento involuntario. Esto contraviene la premisa de que todo tratamiento de salud debe estar basado en el consentimiento libre e informado del paciente, tal y como se establece en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con Respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina (1997), que ratifica que “una intervención solo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento”.
Por lo tanto, el ingreso de personas con plena capacidad y en uso de sus facultades mentales a estos centros debe ser considerado como una violación a sus derechos fundamentales, específicamente el de la libertad personal. Esta situación genera un entorno de vulnerabilidad en el que las víctimas no solo enfrentan el abuso físico y psicológico, sino también la violación a su derecho de decidir sobre su propio cuerpo y salud.
El actual vacío legal y la inacción de las autoridades no solo perpetúan los abusos dentro de los anexos, sino que también dejan a millones de personas que buscan ayuda en una situación de total vulnerabilidad. Es necesario que el sistema de atención a las adicciones evolucione hacia un modelo más humano y profesional, donde la rehabilitación sea una opción real para los afectados y no un espacio de explotación y violencia.
