La senadora Amalia García Medina expresó indignación y tristeza por las decisiones judiciales que, lejos de garantizar justicia para las víctimas, con enfoque del interés superior de la niñez, establecido en la Convención Internacional de las Niñas, Niños y Adolescente, firmada y ratificada por México y que es Ley Suprema, se terminó privilegiando al agresor, Rubén Ibarra Reyes, sentenciado por abuso sexual agravado y liberado por los beneficios del juicio abreviado.
Expresó que en este caso, el juzgador aplicó la literalidad de la ley y omitió el principio de progresividad y el principio Pro-persona al que estaba obligado por el artículo 1 constitucional que hubiera llevado a darle la máxima protección a la víctima. Argumentó que se envió un mensaje social de impunidad para quienes cometan este tipo de crímenes, en lugar de señalar que estos delitos no serán tolerados.
“Me duele, me genera una enorme tristeza y me indigna conocer decisiones como las que se han presentado aquí en Zacatecas”, declaró la legisladora zacatecana. “Las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos, y cuando se trata de delitos que los agravian, no puede ni debe haber impunidad con intervenciones “a modo” para favorecer al agresor”, dijo.
La senadora recordó que México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual tiene rango constitucional al ser parte del bloque de legalidad suprema. Dicha convención obliga al Estado mexicano a garantizar la protección, seguridad e integridad de las infancias, sin excepciones.
“La interpretación de la ley debe hacerse siempre en sentido progresivo, conforme al principio pro-persona que establece el artículo 1° constitucional”, enfatizó. “Resulta inaceptable que los juzgadores apliquen lecturas restrictivas que terminan beneficiando a los agresores. Eso indigna, y es jurídicamente injustificable. Aunado a que, en nuestro país –dijo– “el interés superior de la niñez es un principio jurídico, ético y político que establece que en todas las decisiones que se tomen relacionadas con niñas, niños y adolescentes, debe prevalecer su bienestar integral por encima de cualquier otro interés”, señaló
“Las infancias no deben quedar expuestas a la desprotección legal ni a decisiones que invisibilizan su dolor. La justicia debe estar de su lado, y esa es una responsabilidad ética, política y jurídica que no puede eludirse”, manifestó.
García Medina subrayó que “el auténtico Estado de derecho y la justicia deben garantizar certezas, impidiendo que las leyes se manipulen para beneficiar a quienes, como en este caso, agravian a la sociedad o vulneran a quienes más protección necesitan y merecen, como nuestras niñas y niños”.
