Como lo he compartido en estas mismas páginas, en 2018 el Wall Street Journal calificó la crisis de violencia que azota a México desde la segunda mitad de la primera década del siglo como “una crisis de civilización”. Desde que conocí tal término en las páginas del libro de Guadalupe Correa-Cabrera y Tony Payán “La guerra improvisada. Los años de Calderón y sus consecuencias”, me pareció más que acertado, dado que, creo, engloba en sí los aberrantes acontecimientos que escapan de la explicación a conflictos entre el Estado y bandas del crimen organizado y/o entre éstas mismas por el control del territorio en nuestro país. Noticias en las que hay más que homicidios, en los que la tortura, actos de barbarie, como descuartizamientos, rituales sangrientos y otras expresiones que escapan a toda idea ya no solo de convivencia, sino de, eso, civilización, solo se explican por un problema que supera los límites de lo narrable. A menudo la agenda se colma de una noticia que expone una expresión más de dicha crisis de civilización. La más reciente la relacionada con los hallazgos en La Estanzuela municipio de Teuchitlán, Jalisco, por parte de un grupo de familiares buscadores de personas desaparecidas. No me detendré en el recuento de lo que se ha venido escribiendo al respecto, salvo para llamar a la solidaridad plena, el respeto absoluto y la responsabilidad en relación a las personas que hoy son las víctimas.
Cabe, sí, que, con el ciclo noticioso, volvamos al punto que no hemos logrado acotar: nuestra crisis de civilización, requerirá, como nunca, del uso de todas las conquistas de, justamente, la civilización, desde los valores (justicia, empatía, solidaridad, respeto, paz, etc.) hasta las instituciones del Estado. El Estado, que implica todos los niveles de gobierno, todos los poderes y llega hasta los partidos políticos, esos entes que parecen ajenos a todo reclamo y responsabilidad, y que hoy son parte del problema de irresponsabilidad, pero no de la solución a la que debemos encaminarnos.
Partamos por reconocer que nos encontramos ante una crisis, que los grupos del crimen organizado han logrado que el Estado colapse, sea por incapacidad de sus instituciones, complicidad de sus operadores o limitaciones en el desafío que representa un fenómeno del tamaño al que nos referimos. A partir de ello, lo primero que debemos recuperar es la dimensión de ese ente de entes. Considero para ello importante que se convoque a un Gran Acuerdo por la Paz de México, desde luego, encabezado por la Jefa del Estado mexicano, la persona más votada y con mayor respaldo popular de nuestra historia: Claudia Sheinbaum. No utilizo la referencia en afán de elogio, sino descriptivo: su liderazgo es el más amplio que hay en el país, con niveles de confianza y respaldo nunca vistos, superiores incluso a los de su popular antecesor. Sí para algo ha de ser utilizado el bono democrático más amplio en nuestra historia reciente, qué mejor causa que la de llamar a un acuerdo de este tamaño. Entiendo que no pocos supondrán que el instrumento que propongo pertenece a las formas y estrategias del régimen de la transición, hoy, a todas luces, agotado. Por el contrario, creo que, si bien es válido estar divididos y hasta polarizados en muchos temas, en éste, lo primero que se requiere es un consenso amplio, que funcione como base fundamental del actuar de instituciones y sociedad. El acuerdo que propongo aquí, por ejemplo, debiera ser diseñado en clave gobernanza democrática y con vocación social: es decir, no solo convocar a partidos políticos, gobernadoras, gobernadores, alcaldesas, alcaldes, legisladoras, legisladores, de todas las expresiones políticas, también a la sociedad, a través de sus asociaciones por gremios, y, a los sectores sociales que más han sido afectados por el pernicioso fenómeno de la violencia y la inseguridad, que son, sin lugar a dudas, los más vulnerables, comenzando por las víctimas. La triste manifestación de irresponsabilidad que han asumido, desde todos los frentes partidistas, en cada acontecimiento debe parar, fijándose el compromiso de dejar fuera de la pugna política este tema, más allá de los canales institucionales. El Gran Acuerdo (uno histórico, como histórico es nuestro contexto), debiera tener como base la Política Pública de Estado que atenderá la problemática, determinar las estrategias que se implementarán, desde cada uno de los actores partes, para corresponsabilizarse, en la lógica de la colaboración y el compromiso, con un frente común: la paz que todos anhelamos, y sin la cual, todo proyecto, iniciativa, política o plan, sean públicas o privadas, fracasarán.
Valga este primer apunte como un acto de solidaridad, empatía y corresponsabilidad con las víctimas de todos los días.
Posdata necesaria: cabe reconocer que la Presidenta Sheinbaum ha tomado ya la iniciativa, y el mismo martes 18 de marzo, publicó, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se fortalecen los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
@CarlosETorres_
