El Comité de Huelga del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) concluyó que la administración central de la institución aún incurre en violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que son causales de huelga, entre ellas el no pago de la seguridad social y la implementación de procedimientos unilaterales para la contratación de personal; aunado a ello, algunos funcionarios perciben más ingresos que la presidenta de la República.
Durante la reunión también se abordó el pago del aguinaldo que este miércoles confirmó el rector Rubén Ibarra Reyes, tema en el que se precisó que el gobierno federal no ha ptprgado recursos extraordinarios a la universidad y se tuvo que solicitar un préstamo al gobierno del estado.
Jenny González Arenas, secretaria general del Spauaz, coincidió con la intervención de algunos agremiados en el sentido de que la Rectoría fue irrespetuosa al no tener comunicación formal con el gremio para notificar sobre la situación respecto al pago del aguinaldo y prestaciones de fin de año y, como consecuencia de ello, no ha sido transparente.
Sin embargo, detalló que hasta el momento se sabe que el gobierno federal no ha otorgado recursos extraordinarios y se tuvo que recurrir el gobierno del estado para solicitar un préstamo, o de lo contrario podría estallar la huelga.
Durante la reunión, cuestionó el manejo de los recursos en la Rectoría de la universidad, sobre todo las excesivas prestaciones que se pagan los funcionarios de la administración central.
Al respecto, informó que hizo una presentación a diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto para darles a conocer la situación financiera de la BUAZ, en donde les expuso que el convenio de apoyo financiero firmado entre el gobierno federal, estatal y la universidad contempla un presupuesto de 97 millones de pesos para pagar la nómina de funcionarios, pero en la actualidad destinan para ese rubro 234 millones de pesos cada año.
González Arenas detalló que en el convenio de apoyo financiero están autorizadas 245 plazas de funcionarios, mientras que la institución ejerce un total de 573 plazas, lo que significa que la nómina está rebasada por 136 millones de pesos que serían de mucha ayuda para actividades sustantivas.
Sobre el emplazamiento a huelga, refirió que hay incumplimientos y violaciones de parte de la Rectoría, entre ellos un adeudo de 77 millones de pesos con jubilados por concepto de Sistema de Ahorro para el Retiro, Fovissste y Retiro, Cesantía y Vejez, y una más de 20 millones de pesos con deudos de finados
Señaló que, con el ahorro de un año de prestaciones para funcionaros, se pagaría el atraso de todos los conceptos que se les adeuda a los jubilados y a los deudos de docentes que han fallecido.
Según expuso, ese exceso llega al grado de que solo 16 plazas de funcionarios gastan 22 millones de pesos al año, mientras que a los 30 diputados de la Legislatura del estado se les paga un monto de 30 millones de pesos.
Entonces, “en nuestra universidad el problema económico no son las prestaciones que tenemos los docentes, sino de un grupo que está en la administración y que durante años simplemente cambia de oficina y son esas personas las que se cotizan sus prestaciones con su salario de funcionario y ganan incluso más que la presidenta de la República”.
Por otra parte, u tema que generó discusión fue el de la contratación de personal de manera unilateral por parte de la administración central, la cual se presenta en gran medida en programas de nueva creación presentados como “autosustentables”.
Laura Hernández, delegada de jubilados, afirmó que en la universidad se está generando una división entre los docentes como consecuencia de los chismes y descalificaciones y se ha perdido la memoria sobre todas las irregularidades entre el sindicato y la Rectoría durante mucho tiempo.
Sobre la situación financiera, dijo que se debe hacer un diagnóstico claro y exigir recursos no al rector, quien solamente es un representante del patrón, sino al gobierno federal y estatal que son los que asignan los recursos.
En respuesta, Elva Jiménez cuestionó la intervención de la delegada de jubilados, ya que “usted es una de las personas que es vocera de la Rectoría y se ha dedicado a descalificar y denostar”.
“Entiendo que usted se dedica a descalificar, desinformar y cuestionar el trabajo de algunos de los integrantes del Comité Ejecutivo y entiendo que usted está en deuda con la Rectoría con el dueño de alguna unidad académica por el beneficio que recibió su hija al ser basificada en tiempo completo, pero tantita prudencia, maestra”, respondió.
Por su parte, Rolando Alvarado opinó que la información que se ha presentado sobre el costo del aguinaldo y prestaciones de los funcionarios de la administración central no tienen fundamento ni sustento, ya que no existe documentación formal al respecto.
“Aquí nos vienen, nos cuentean y nunca nos dan ni siquiera un papelito de Excel. No tienen ningún tipo de argumentación. No hay que ser tan mentirosos ni tan sesgados, ustedes puro cuento”, expresó.
