No hay que olvidar: culpan de lo que son. La realidad nos refriega, una y otra vez, que cada que conservadores panistas, priístas, similares y conexos acusan de algo, lo más seguro es que están metidos en eso. Pueden señalarse: Xóchitl Gálvez y Taboada del cartel inmobiliario; Salinas Pliego y Claudio X González, evasores fiscales; Ciro Gómez Leyva, López Dóriga, Brozo, Loret de Mola y otros, “chayoteros”; Alejandro Moreno y Ricardo Anaya, políticos corruptos; Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, Roberto Madrazo, Mario Villanueva, Javier Duarte, Tomás Yarrinton, César Duarte, Mario Marín, y más exgobernadores, entre los traficantes, peculado y desvío de fondos públicos y un largo etcétera. ¿Así o más claro?
La sentencia al narcotraficante García Luna corrobora que la derecha mexicana (dirigida, asistida y financiada por extranjeros, a cuyos intereses responde) venía instaurando un Narco-Estado. No es casualidad, está en su lógica. El neoliberalismo incuba y anida relaciones sociales que dan forma a lo que he denominado El Genoma Criminal, concepto que permite entender la naturaleza del crimen transnacional estructurado a partir de las actividades económicas ilícitas que, junto con la corrupción (a la que no escapa el Poder Judicial) y la violencia, son herramientas y métodos para la acumulación y concentración del capital.
Indudablemente, el exsecretario de seguridad pública del gobierno panísta no delinquió solitariamente en México y en Estados Unidos. Pero, hasta ahora, al gobierno norteamericano sólo le ha interesado su cabeza. ¿Quiénes participaron con él? ¿Qué papel jugó Calderón? ¿Quiénes le daban protección judicial? ¿Tuvo que ver con la caída del avión en el que murió el secretario de gobernación Camilo Mouriño y el fiscal antidrogas José Luis Vasconcelos, testigos de la denuncia que le presentó a Felipe Calderón el general Tomás Ángeles? ¿Por qué Calderón protegió a García Luna de las acusaciones que le hicieron el General Tomás Ángeles Dauahare y Javier Herrera Valles, Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, quienes informaron de las relaciones tejidas con los çárteles de las drogas? ¿Quiénes, desde el Poder Judicial, se confabularon con Calderón para encarcelar al general acusándolo falsamente de narcotraficante? ¿Quién le ordenó a García Luna proteger a Jorge Antonio “N” uno de los dos tiradores en el asesinato de Luis Donaldo Colosio?
Aún más: ¿Por qué Calderón niega saber de las andanzas de su secretario de seguridad pública cuando su exsecretario de la función pública y exdirigente nacional del PAN, Germán Martínez, asegura que le pusieron al tanto? ¿Por qué Calderón Hinojosa sostiene que no sabía mientras la exembajadora de EEUU, Roberta S. Jacobson, asegura que el gobierno norteamericano conocía que FECAL estaba enterado? ¿Qué fuerte favor le debe Ciro Gómez Leyva a García Luna como para torcer la información y decir que fue condenado “sin una prueba”, cuando hay mensajes de voz, cientos de fotografías, informes financieros, además de muchos testigos? ¿Hay alguna relación entre García Luna y el reciente intento de asesinato a Ciro Gómez y por qué se refugió en la casa de Beltrones? ¿Qué relación de complicidad existe entre Gómez Leyva y Manlio Fabio Beltrones de quien, de este último, también se sabe que participó del caso Colosio? De todo esto, y mucho más. ¿Qué ha investigado la Fiscalía General de la República y que papel ha jugado, principalmente con sus amparos, el Poder Judicial?
No pasa inadvertido que los juzgadores de Estados Unidos no van por toda la estructura criminal de la que participan, solo les interesa la cabeza de García Luna ¿Por qué? No quieren saber, ni perseguir, a quienes colaboraron y protegieron en México y en USA al exfuncionario de los gobiernos de los panistas Fox y Calderón. Como si el exsecretario de seguridad pública de Calderón Hinojosa hubiera delinquido de manera solitaria.
La hipótesis: tras el triunfo de la 4T con AMLO a la cabeza, la DEA y la CIA, pretendieron doblegar al nuevo gobierno encarcelando a García Luna en el 2019 y después al general Cienfuegos (15 de octubre del 2020), de quien se demostró que sus acusaciones no tenían el sustento suficiente y tuvieron que liberarlo. No podían detener funcionarios del gobierno lopezobradoristas, porque no hay evidencias conocidas en contra de ellos. Pero calcularon mal. AMLO nunca carga, ni participa, con los delitos de los demás. El caso de René Bejarano y Gustavo Ponce son dos ejemplos.
Lo que sí está muy claro es que el gobierno de EEUU ayudó, más que perjudicar, al gobierno de López Obrador; porque evidenció la podredumbre de sus propios aliados, los gobiernos PRIANístas. En México, seguro que García Luna quedaría impune, dado el nivel de corrupción con la que trabaja el sistema judicial mexicano el cual le otorgó amparo a su esposa y le descongeló las cuentas del dinero mal habido.
